Erase una vez una Andalucía secularmente sometida al caciquismo, presa del analfabetismo y la ignorancia, que se despierta después de 40 años de dictadura con un pueblo ávido de conquistar su futuro y dejar de ser la región más atrasada de España... Este es el inicio de esta historia.
Hace 40 años está tierra estaba en el vagón de cola de España, como hace 80 años. Luego el tren español tirado por la locomotora europea ha avanzado y nos ha arrastrado del subdesarrollo al primer mundo; pero, seguimos en el vagón de cola. ¿Era esto lo que esperábamos cuando exigimos la autonomía?
No tiene sentido quejarse de no ser tan ricos como los del norte, y tampoco eso me contentaría; pero sí deberíamos mostrarnos disconformes de tener gobernándonos unos políticos peores y de continuar siendo un pueblo en el que persisten los mismos tópicos del ayer, como el de ser una sociedad de caciques y gente servil paniaguada; o de que los acomodados en lugar de ser emprendedores prefieren vivir de la renta; o de gobernantes irresponsables y paisanos carentes de compromiso ciudadano; de pillos y picaros.
¿Realmente nos lo merecemos? Es posible que sea una maldición heredada durante la transición la que vino a frustrar ese sueño de la autonomía. En este país hubo una generación que reclamó el cambio durante la transición, eran jóvenes que rompían con la generación de sus padres, pues sus progenitores habían sido educados en el régimen de Franco y estaban lo suficientemente domesticados (y asentados en la sociedad franquista) para mostrarse reacios a los cambios. Finalmente acabo el régimen con la muerte del dictador y comenzó una nueva era democrática para España. Así, la generación de luchadores demócratas pudo llegar al poder. En Andalucía, no bastaba con cambiar las instituciones sino que hubiera sido necesario sacar al pueblo de la oscuridad secular del campesinado sometido a los señoritos o, al menos acostumbrado a ello, es decir al servilismo de los andaluces ante los que tenían el poder (fuera este el que fuera) y a la actitud paternalismo cuando no tirana de estos poderosos. En esta tierra no se llegaba a nada sin la carta de recomendación, sin conocer a Don... o Doña... así se buscaba trabajo o se conseguía un privilegio del Gobierno. ¡Qué poco han cambiado las cosas! Algunos políticos de izquierda se quejan de que la transición aún no está acabada, o aún peor, no se ha hecho. Creo que en cierto modo es cierto en Andalucía, si tenemos en cuenta como las conductas de nuestros gobernantes siguen siendo muy parecidas a las de los franquistas, mas les pese a los que se llaman así mismos socialistas. La generación rebelde, inmersa en la sumisa sociedad tardofranquista terminaría asentada en el poder por repetir los modales recibidos en su educación franquista; como el hijo hace con el padre, en la democracia aparece una tendencia al modo franquista de los rebeldes socialistas; no obstante, muchos de ellos tampoco tenían unos padres muy alejados del régimen. Las analogías son muchas, en el continuo cierre de filas para impedir la intromisión de los que piensan de distinta forma, el control omnipodo de las instituciones, el intento de controlar todas las esferas de la vida social y económica, la absoluta falta de autocrítica y la agresividad ante la crítica rayana en la paranoia para atacar a los que se oponen al régimen que llaman batasuno-fascistas como hacía el generalísimo buscando conspiraciones comunistas-judeo-masónicas. Al menos, por lo que he conocido, en los últimos años del franquismo en Andalucía no gobernó el fascismo sino unos señores y familias que utilizaron su poder de forma autoritaria y sometidos férreamente a una Jefatura de Estado. Muchas similitudes con esta partidocracia, que en Andalucía es de partido único. Sin embargo, no hay que olvidar que nos separa un abismo en cuanto a las libertades y derechos individuales y ello gracias a la Constitución Democrática. Es esta la gran diferencia, no obstante, la leyes fueron las mismas durante la transición, durante años apenas si cambió algo más que la existencia de una constitución democrática. Por eso la enorme importancia que tiene respetar a esta garantía de democracia que nos dimos en 1978 y que este Gobierno andaluz repetidamente desprecia.
Y es que únicamente cabe ya que se conculquen los derechos fundamentales de la Constitución y quiero recordar al respecto a la compañera de Córdoba que ahora se enfrenta a un juicio por enseñar en un acto público una camiseta contra el Decreto de Reordenación del Sector Público, detenida y arrastrada amablemente fuera del local y denunciada como "medida preventiva" según dijo el mismo subdelegado de Gobierno sobre el que hay sospechas de ser poco parcial si se tiene en cuenta que se ha dicho que tenía un hijo enchufado en la Administración.
El signo manifiesto del cambio democrático ha sido el disponer de un parlamento en donde se hacen la leyes. Mientras el pueblo que no puede elegir a sus representantes ni a su presidente permanece callado ante los abusos del poder de un partido. Se pone en evidencia que hacer leyes no vale de nada. Como ya he comentado, muchas leyes antiguas cumplieron adecuadamente su cometido después del franquismo, incluso algunas perduran. Cualquier jurista nos confirmará que la leyes que se hacían hace 50 años eran técnicamente mejores que las actuales; estaban menos politizadas y eran de interpretación más clara. Ahora proliferan y no siempre en beneficio del ciudadano como ya sabemos, muchas tienen un claro carácter represivo, otras no valen para nada más que una declaración de intenciones, otras carecen de un mínimo consenso y caducarán al primer cambio de gobierno. Luego está el escaso interés de los cargos públicos por respetarlas. Por eso es fundamental confiar más que en las leyes, en la defensa del estado de Derecho. Los estados avanzados han encontrado la manera de conseguirlo: contando con una administración formada por personal preparado, capacitado e independiente; esto es, cuerpos de funcionarios de carrera.
También los funcionarios son hijos de su tiempo, más aún, en la Administración no todo es limpieza, la carta de recomendación, el colóqueme y coloque a mi hijo o a mi mujer ha estado también presente entre el personal, con laborales pasados a funcionarios, o otros que no habían pasado por una oposición en su vida pasados a funcionarios interinos de por vida y apoyados por concursos oposición creados expresamente para hacer de ellos funcionarios de carrera. Y los que con mucho esfuerzo sacaron plaza de forma justa e imparcial han sido sumisos todo el tiempo y sólo el miedo les hace ahora moverse. Viéndolo en sentido positivo, bien vale que se hayan movilizado poniendo en evidencia a los que continuaban con el mayor de los servilismos: los sindicatos ¿En qué lugar de trabajo salvo en la Administración General de la Junta se han movilizado los trabajadores antes que los sindicatos? Más aún, cuando la Huelga General se dio de espaldas a estos sindicatos que considerábamos que no estaban defendiéndonos ni defendiendo lo público.
Pues bien, es evidente que este colectivo no está formado ni por superheroes ni somos muy distintos al resto de los andaluces, por lo que esta llama puede no prender en el resto de la sociedad y apagarse, pues es imposible mantenerse en la lucha por años. Ahora, cuando esto llegue, cuando se haga norma la huída del derecho administrativo, perderemos todos los andaluces el tren y quizá luego los extremeños, castellanos..., y españoles; pues los cambios son de tal magnitud que afectan al modelo de Estado. Estarán todos los ingredientes de sobra para dar un enorme paso atrás histórico, seremos un poco más africanos ( o centroamericanos vete a saber) y menos europeos, y no lo digo por la emigración, sino por el modelo de Estado. Seguiremos siendo democráticos, porque votaremos a unas listas cada cierto tiempo, como en muchos países que podemos imaginar en los que no se respetan los derechos fundamentales de las personas y viven en la absoluta corrupción.
El modelo de administración al que nos enfrentamos es perverso no tanto por sus pretensiones sino por sus consecuencias. Los hechos son los hechos y se pretende salvar el cortijo hipotecando la finca. Ante esto, la sociedad y mucho compañeros permanecen en la ignorancia, y se preguntan con aparente sentido:
¿Acaso la Junta ( o el Gobierno) no tiene derecho a ordenar como mejor le convenga su administración?
¿Por qué se enfrentarán los empleados públicos a una ordenación necesaria sin plantear una alternativa?
Empezaré por lo segundo. La ordenación no es necesaria, es muy necesaria. Pero los que ahora vienen a salvar esta Administración son los que la han desordenado creando una enorme administración fuera de la administración con forma de fundaciones y empresas que en lugar de limitarse a auxiliar a la administración en cometidos técnicos ha invadido las competencias administrativas acaparando la inversión pública; dicho más claro, ha invadido tanto la administración como al sector privado. Este inmenso monstruo ha crecido gracias a la ingente cantidad de dinero que para inversión y ayudas sociales y económicas llegaba de Europa. Lo que ha pasado era inevitable, ha llegado un momento que el monstruo insaciable no ha recibido toda el alimento necesario; han creado un modelo insostenible y viciado, tanto que un alto cargo de la Junta llego a decir que el paro beneficiaba a Andalucía ya que implicaba más ayudas. Y así nos va.
Las empresas públicas están desde hace tiempo en una situación equivalente a la quiebra y la crisis ha hecho aumentar más su endeudamiento que todos pagamos con nuestros impuestos. Y esto, se hubiera evitado si no se hubiera caído en la codicia absoluta, pues la inversión pública no debería ser absorbida en su totalidad por estos entes sino que las miles de obras y servicios deberían haberse licitado al mercado libre en igualdad de condiciones para beneficio de todos los andaluces creándose así un tejido empresarial que, como en el caso de la obra forestal, la empresa EGMASA había abortado. Pero al error de crear miles de puestos estratégicos basados en el aumento continuo de las subvenciones europeas se unen las sentencias judiciales en contra de la asunción de competencias que pertenecen a la verdadera administración y deben de estar en manos de personal funcionario de carrera, por atañer a la salvaguarda de intereses públicos o por la independencia que le confiere el haber entrado a ocupar un puesto en la administración sin deber favores a nadie, por méritos y capacidad demostrado de tener el suficiente conocimiento de la legalidad, además del hecho frecuentemente olvidado de ser especialmente responsables ante la Ley de los actos administrativos, con incompatibilidades manifiestas, cosa que no ocurre con aquellos que no son empleados públicos.
Por tanto, sí tenemos una alternativa y es muy sencilla. Apéense del burro y reconozcan todos los errores cometidos. Reduzcan la administración paralela a la verdadera labor que le compete como auxilio técnico de la Administración de la Junta, dejen que la Administración licite en el mercado para beneficio de las arcas públicas y competitividad del sector empresarial la mayor parte de la obra pública dejando a la empresa pública únicamente para los casos de urgencia o trabajos especiales. Devuelva las encomiendas de gestión a los técnicos de la administración, de donde nunca debieron salir y evite así más problemas con la justicia. Para lo que será necesario, en primer lugar, dotar las plazas desdotadas y crear ofertas de empleo público que posibilite el trabajo a muchos de esos jóvenes andaluces muy formados y competentes que sin embargo padecen el paro y están, además de desanimados, indignados de ver como compañeros mediocres han llegado a ocupar buenos puestos en estos entes instrumentales de la Junta, o como entran de okupas a las oficinas de la administración usurpando medios y trabajo a los funcionarios sin ser empleados públicos ni siquiera de empresa pública (una situación muy irregular denunciada por el Defensor del Pueblo).
Como dije, es fruto de la ignorancia el plantear que el Gobierno o la Junta pueda hacer la pretendida reordenación de la forma planteada. El modelo de administración de la Junta no es el que quiera un Gobierno, lo cual es entendible por antidemocrático, aunque así fue planteado por éste con el Decreto 5/2010 del que se dice que venía con premeditación y alevosía al sacarse justo al acabar julio. Lo cual ya dice mucho de la honestidad de los que están detrás de todo esto.
Pero no sólo es necesario plantear un consenso para sacar por Ley una reordenación de la administración sino que (fíjese que digo reordenación de la administración, lo que es, y no sector público) no se puede cambiar el modelo de administración dado que el modelo es estatal y está recogido en la Constitución. El modelo andaluz de las agencias es absurdo, dado que pretende implementar un modelo anglosajón ajeno al propio del Estado español, similar al "francés" y común en la Europa continental, basado en una administración general de funcionarios, y es que se olvida frecuentemente que incluso los delegados provinciales o los directores generales en sus cargos son funcionarios públicos. Precisamente, esta excepción de los cargos públicos (que no existe en Francia) que posibilita que puedan ser funcionarios aquellos que no aprobaron oposición a la función pública es lo que pretenden hacer con los directivos de las agencias, lo que multiplicaría el número de cargos públicos (y el gasto) enormemente (cuando el mismísimo Griñán dijo que iba a reducir el número de cargos públicos quitando delegados provinciales).
Pero incluso, como modelo de agencia "anglosajón" no sería de recibo en los países que lo usan, pues está creado con la mentalidad liberal ( para nada socialdemócrata) y no para sacar provecho haciendo la trampa de crear una agencia que se auto adjudique toda la inversión pública. Y si no fuese así ¿para qué queremos una copia de la administración si la administración puede adjudicar con más garantías de interés público y de sometimiento al derecho toda esa obra pública?
Teniendo una administración quieren crear una segunda o intermediaria (no está bien definida) administración que pueda actuar independiente. Y encima, quieren vender que se hace para ahorrar dinero y mejorar la eficacia. Pues será eliminando la antigua administración, echando a todos los funcionarios, sino no tiene sentido.
Además, este engendro hermafrodita, administrativo a veces y mercantil otras veces, conllevaría la separación del control del gasto por los funcionarios y singularmente por la intervención. Es esto precisamente lo que ha ocurrido con los dichosos ERE. Habrá puertas cerradas para el control y abiertas para la malversación de los fondos públicos, algo que ni siquiera creo que se alcanzara en la dictadura franquista. Además, al menos en las agencias empresariales, la autonomía de los cargos servirá de cortafuegos a los altos cargos del Gobierno que siempre podrán decir "yo no sabía nada", pues efectivamente no tendrá por qué estar al tanto como ocurre ahora. Y estos directivos de las agencias al no tener quien les controle, difícilmente dejaran que se sepa de sus manejos, y sus empleados, como aparece en los estatutos, sometidos disciplinariamente a la "ley del silencio" y si alguna vez se sabe ¿quién les avisó de ello si los informes no decían nada en contra? No decían nada en contra porque no estaban realizados por funcionarios independientes. Y a estos laborales no se les podrá exigir responsabilidades porque como laborales no tienen porqué conocer ni aplicar el derecho administrativo, ya que no tienen potestades o responsabilidades según las leyes para ello. Por no hablar de la no incompatibilidad de estos para aprovechar su trabajo para mantener negocios relacionados con la administración (por ejemplo, como conseguidores de ayudas o subvenciones) ya que la Ley no les imposibilita como sí a los funcionarios (negociaciones prohibidas para funcionarios públicos e incompatibilidades de funcionarios).
Si los andaluces no se levantan para cambiar, el sueño de una Andalucía a la altura de nuestros referentes europeos habrá fracasado.
