sábado, 11 de septiembre de 2010

ESTADO DE DERECHO O ESTADO DE COMERCIO

El Estado español se ha ido dotando de una exuberante legislación (estatal y autonómica) que considero aceptable. Sin embargo, yo diría que en este país hay una desafectación crónica de las administraciones hacía la aplicación con rigor de la leyes. Esto es nefasto y nos pone a la altura de una república bananera ante los ojos del visitante extranjero.
No se entiende que las mismas leyes redactadas y aprobadas por determinado partido sea luego considerada por el Alcalde o Delegado de turno demasiado rigurosa o dura. Es algo intolerable que un servidor público, no aplique correctamente la ley e incluso la llegue a criticar en público. Especialmente sangrante si este servidor público cumple funciones de alto funcionario como un Director General o Delegado que no ha sido elegido como representante del pueblo sino que ha sido colocado para gestionar un determinado sector de la Administración. Como se le exige a los funcionarios de carrera debe de exigírseles a ellos responsabilidad absoluta de actuar con arreglo a la legislación vigente, les guste o no, perjudique a determinados intereses o no; de forma justa e imparcial.

Por ello es intolerable la consideración de estos cargos como de responsabilidad política, una gran coartada para salvarse de la prevaricación.
Una de las primeras medidas a tomar sería la total corresponsabilidad de los cargos públicos en las cuestiones legales. Resulta esperpéntico que un juez absuelva de prevaricación a un cargo público basándose en un informe conforme de un funcionario. ¿Acaso el cargo, como superior jerárquico, no debe ser responsable legal de lo que firma? ¿Acaso el desconocimiento de la ley exime de su cumplimiento?
Se dan en estas circunstancias las siguientes paradojas:
La primera es que, frecuentemente, el cargo no tiene la preparación ni experiencia que se le exige a cualquiera de sus funcionarios, ni siquiera al último auxiliar administrativo, sin embargo como superior jerárquico puede firmar resoluciones en contra del criterio del funcionario.

La otra paradoja es que, esos mismos funcionarios que firman esos informes puede que se hayan puesto a dedo como puesto de libre designación. Y de igual modo como se pusieron pueden en cualquier momento ser destituidos por su jefe político.
Sí, la función pública se creo para garantizar la independencia de los funcionarios a la hora de aplicar la ley; pero, no parece que manejándolos a dedo sea el procedimiento que salvaguarde esta independencia.

En la política puedes encontrar a gente inteligente y menos inteligentes; cultos e incultos; honestos y deshonestos; pero lo que nunca encontrarás a personajes modestos ni humildes. Todos se creen los más preparados, aunque no hayan sido capaces de aprobar ni el bachillerato; lo conocen todo, aunque en su curriculum no haya nada conseguido por merito propio y todo le haya sido otorgado a dedo por los amigotes del partido.

La situación es perversa, ya que difícilmente en los partidos se permitirá que tomen el poder personas que antepongan a los intereses del partido los públicos, y por otra parte, es muy difícil que el sistema permita que un nuevo partido ajeno al poder se establezca.

Por desgracia lo que llamamos clase política es una oligarquía que se aprovecha de la democracia para medrar en el poder y lo puede hacer impunemente porque tienen el poder absoluto o así lo creemos, pues la realidad es otra peor. En apariencia tienen el poder dado que el sistema electoral está pensado no para que el pueblo sea soberano sino para que los dos partidos con capacidad de gobernar acaparen todo el poder de las administraciones, asimismo estos dos partidos pueden libremente colocar en los puestos de poder a quien quiera, lo cual, unido a la nula democracia interna imperante en los partidos, significa que las decisiones, todas las decisiones, son tomada por un reducido grupo. Si el partido controla al gobierno y el gobierno controla a la administración; luego, el partido controla a la administración. Más aún, a través del poder de la administración tanto la derecha como la izquierda interaccionan con todos los poderes económicos. En apariencia, el poder político te lleva a disponer de poder en el mercado. ¿Es esto así?

Me temo que las democracias occidentales están cayendo en algo aberrante, y nos estemos dejando gobernar por los más poderosos intereses de la tierra: los de las grandes corporaciones financieras y grupos económicos varios. No es ningún secreto que hace mucho tiempo que las decisiones globales no se toman en los parlamentos, sino en los despachos de los grandes magnates económicos mundiales.
Decisiones que han llevado a invadir países como Irak o a generar un enorme gasto sanitario por una pandemia que nunca llegó, estos son algunos ejemplos claros de lo que estoy hablando.

UN NUEVO OPIO DEL PUEBLO

UN NUEVO OPIO DEL PUEBLO

Resulta evidente que las sociedades desarrolladas actuales, como el caso de la española, viven en una confortable modorra que explica que, a pesar de tener el conocimiento y la información jamás superada por generaciones anteriores, vivan en una indolencia cada vez mayor respecto a lo cotidiano, a aquello en lo que cada uno puede y debe desde su libertad tomar decisiones que afectan a toda la comunidad.

Sin duda la explicación de esta apatía intelectual e inacción social del ciudadano es compleja, pero simplificando estaremos de acuerdo que tiene mucho que ver con eso llamado “la sociedad del consumo”.

En cierto modo me atrevo a decir que en occidente el opio el pueblo del que hablaba Marx, ese supuesto freno intelectual atribuido a la religión, ha pasado a ser el “consumismo” entendiendo este término en su sentido más social. Podemos llegar a ver incluso el efecto llamada en los jóvenes de esos países en vías de desarrollo, en los que a pesar del hambre la gente siempre se ha sentido feliz y ahora la comunicación global hace que incluso los formados en las universidades, se sientan arrastrados por los cantos de sirena de nuestro opulento y mediático mundo; no vienen huyendo tanto del hambre como de la infelicidad de ver frustrados su anhelos de vivir como nosotros y no precisamente por nuestras libertades políticas y democracia.

Podríamos soportar con desdén que la imbecilidad se apodere de la televisión o que nuestro vecino, un paleto ignorante, se crea superior por ganar más y tener un coche de gama alta, o seguir soportando que el espacio dedicado en los medio de comunicación al futbol sea muy superior al de la economía, cultura y crítica política. Ahora, ¿es admisible que toda esta basura llegue a gobernarnos?

Porque. ¿Qué mierda es esta de la clase política que tenemos?

Cuando un país es administrado por personajes tan vacíos como los que ahora ocupan el poder en todos sus estamentos de la administración, ya sean los gobiernos, diputaciones o ayuntamientos, sólo se puede esperar el desastre. Y es que tenemos una fauna política que sólo se atiene a la imagen pública más banal. Sea un ejemplo la política del Gobierno del presidente Zapatero, que ha dado bandazos continuos para contentar a quien creía conveniente para ganar votos primero y luego al “santo poderoso mercado” y la imagen que queda es la de una política económica vacía, sólo de fachada pero hueca y queda la sospecha que siempre al dictado de intereses ajenos a los públicos. No sería justo dejar en el olvido el lamentable papel en este asunto del partido mayoritario en la oposición, ni los sindicatos o la patronal, todo un ejemplo de lo que no debería ser un país.

¿No basta todo esto para dar un giro ya a la situación?

A pesar de todo me niego al pesimismo, y creo que la mayoría de nuestros políticos son personas honestas e inteligentes, eso sí, que viven presas del “status quo” de los partidos.

Por ello, les pido a ellos y a todos los ciudadanos que nos unamos para pedir ¡qué se cambie esto ya! Es urgente limpiar la imagen de la clase política, recobrar la credibilidad de los políticos.

jueves, 2 de septiembre de 2010

EL DESLINDE DE COSTAS EN DOÑANA

¿Por qué a la Junta no le gusta el deslinde del DPMT de Doñana?

El deslinde de Costas cuenta con el aval de un experto, el catedrático de la UGR, Miguel A. Losada, y en todo caso quizá sea el deslinde más aséptico políticamente que pueda darse (para disgusto de algunos) pues se basa en criterios meramente científicos. Es así como lo contempla la Ley de Costas, no obstante el Dominio Público Marítimo es un bien demanial natural, esto es, queda definido por sus características geológicas.

El Gobierno andaluz considera excesivo el deslinde realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, lo cual es opinable. Ahora bien, más que una cuestión de criterio piensa recurrirlo. ¿Cual es la razón de que considere tan importante impedir ese deslinde?

Veamos, desde el punto de vista de la protección del Parque Nacional no puede negarse que es una buena noticia el que se blinde esa franja costera contra todo tipo de actuaciones urbanísticas. Luego, parece que el gobierno del señor Griñán quiere evitar esta protección, lo cual sería extremadamente extravagante, si no fuera porque ya nos hemos acostumbrado a ver como frecuentemente los gobernantes actúan con cinismo defendiendo unos intereses que ellos consideran prioritarios y que sin embargo chocan con el interés público más general. No debe de olvidarse que Doñana es patrimonio de todos… literalmente es Patrimonio de la Humanidad.

Griñán ha tratado de desacreditar el deslinde dando a entender que de aplicarse los mismos criterios en toda la costa sería desastroso. ¿Acaso no es un desastre el que acontece en nuestras costas? Desde el Hotel Algarrobito, construido con el beneplacito de la Junta a miles y miles de construcciones ilegales en cada una de nuestras provincias desde Huelva a Almería. ¿No es más objetivo seguir el criterio científico y no estar como siempre a las “interpretaciones políticas”? Animo a que los que lean estas líneas comprueben los deslindes e interpreten el motivo de que la línea que ha de seguir la costa, haga un quiebro aquí y otro allí.
Por su parte, el líder de la oposición, el señor Arenas, no ve en todo esto más que "complicidad y docilidad".

Ciertamente, es bueno para la salud de una democracia que caigan las caretas y se nos vea a todos el plumero.

La Junta ahora no podrá conceder ciertas licencias o permisos, como la del transito por las dunas de autobuses como pretendía el alcalde de Almonte, que a la larga crearía una carretera y luego quien sabe. El Sr. Alcalde encuentra lógica en la realización de la línea de autobuses, pues acabaría con el transito de otros vehículos. No sería la primera vez, es una estrategia que se repite una y otra vez, la de utilizar el hecho consumado para crear cargas sobre el dominio público y finalmente acabar con el.

Acabo con una reflexión. Si el gobierno mantiene que existe el cambio clímático que llevará a la subida del mar, entonces ¿No sería coherente que se planteara corregir los deslindes de costas con esas previsiones?
Pues, resulta que en la mayor parte de las ocasiones, especialmente en los entornos urbanos, se deslinde justamente hasta la ribera del mar, ni un metros más al interior.
Si el mar subiera tan sólo 10 cm apenas afectaría a estas dunas de Doñana; pero, ¿imagínense ciertas urbanizaciones construidas en terrenos muy bajos junto al mar?

¿Quiénes serían los damnificados de haber hecho un deslinde sin previsión?

Planificando de esta manera parece que defendamos a esos pocos y conocidos que construyen y venden viviendas junto al mar, pero no a los futuros propietarios que podemos ser todos. No parece muy saludable que se entiendan también los que hacen negocios en el sector público con los políticos que tienen cargos públicos. Quizá resulte que la gran empresa de este país es el “negocio público”.