Finlandia ha sido reconocida internacionalmente como la nación menos corrupta del planeta, una parte de ese logro recae en la estricta moralidad imperante en el país, a pesar de ello, y para facilitar la transparencia, también cuenta con un conjunto de principios enfocados a evitar el abuso de poder y que son insólitos en la cultura española. Esta es la manera con la que Finlandia lucha contra la corrupción:
PRIMERO: En Finlandia cualquier compra que realicen las Administraciones Públicas, desde un edificio hasta un bolígrafo, ha de estar ejecutada a precios de mercado e incluir, necesariamente, tres ofertas de proveedores distintos, para poder elegir la más baja. No es legal, admisible ni justificable el pago de 100 euros por un cartucho de impresora o de 1000 por una silla aunque las facturas sean correctas. Ejemplos ambos acaecidos en España y que la justicia no pudo castigar.
SEGUNDO: Principio de transparencia total de las Administraciones públicas. Cualquier decisión tomada por un funcionario público dentro del desempeño de su profesión (excepto las relacionadas con la seguridad) puede ser conocida por el resto de ciudadanos. Nadie puede negarse a satisfacer las necesidades de información no solo de los periodistas sino de los votantes. Debido a ello actuaciones contra esa norma (como ésta) son no solo contrarias a la ética sino ilegales.
TERCERO: Principio de transparencia total en las cuentas de los ciudadanos. Los fineses pueden saber cuales son los ingresos declarados de todos los residentes en el país, ya se trate de una persona que cobre el desempleo, del artista de mayor éxito de la nación o del CEO de Nokia.
El equivalente peninsular permitiría conocer las cuentas no solo empresariales sino personales de Emilio Botín, Arturo Pérez Reverte, Felipe González, José María Aznar, Adolfo Domínguez o cada uno de los vecinos de Madrid.
CUARTO: Ausencia de alcaldes: El gobierno de los municipios en Finlandia recae en "City managers", es decir, en funcionarios públicos con experiencia en la administración de entidades de esa índole. Así pues el ciudadano puede distinguir con claridad que la persona al mando es alguien supeditado a los votantes y que puede ser despedido o reemplazado por el Consejo municipal (el órgano elegido en las urnas y que ostenta la soberanía popular). Helsinki es la excepción a este modelo.
QUINTO: Ausencia de cargos de designación política: En Finlandia los secretarios de Estado son funcionarios de carrera que alcanzan el puesto superando pruebas objetivas en lugar de por designación partitocrática. En 2005 se realiza una remodelación del sistema para permitir a las organizaciones políticas el poder elegir a los Secretarios de Estado, aun así muchos de ellos siguen siendo en la actualidad trabajadores públicos ascendidos por méritos propios.
SEXTO: Estructura de poder colegiada: La corrupción se extiende con mayor facilidad cuando el poder se concentra solo en un individuo, es por ello que en Finlandia se promueve la toma de decisiones mediante el debate y el consenso. Al igual que el organo político principal de las ciudades es el Consejo municipal (el alcalde solo es un trabajador público) el Consejo de ministros tiene mayor capacidad de poder que el Presidente de la República.
SÉPTIMO: Principio de acceso libre al poder. La posibilidad de convertirse en un miembro de alto rango de la administración y los ministrerios fineses no recae en una élite intelectual formada en Instituciones de enseñanza concretas (como en Francia) tampoco en personas que puedan atraer la inversión de diferentes empresas para sufragar sus campañas (ejemplo de Estados Unidos) o en ciudadanos adscitos a organizaciones políticas que ascienden por los méritos internos dentro de su organización (caso español). En Finlandia los puestos son cubiertos por funcionarios públicos (siguiendo un baremo meritocrático) y cuya carrera está abierta a todos los fineses. El país evita, por tanto, tener que acudir a un modelo como el de España dónde los cargos de libre designación del gobierno (elegidos ideológicamente) reciben 200.488 euros anuales y se multiplican de manera oscura por todas las administraciones.
OCTAVO: Principio de proporcionalidad en el castigo. La cuantía de las multas por violar las normas suele ser proporcional a los ingresos de los individuos y las empresas. En 2001 Anssi Vanjoki, alto ejecutivo de Nokia, fue considerado culpable de conducción temeraria por romper los límites de velocidad a los mandos de su Harley Davidson imponiéndosele por ello una multa por el equivalente a 104.000 dólares de la época. Este principio de proporcionalidad en el castigo, junto a la marca social que lleva el estar envuelto en un caso de corrupción, actúa de forma extremadamente disuasoria ante posibles tentaciones para cruzar el límite de la legalidad
martes, 23 de noviembre de 2010
lunes, 22 de noviembre de 2010
LA GRAN REBELIÓN
El filósofo José Antonio Rodríguez Tous ha escrito lo que sigue en El Mundo: LOS IDEADORES de la movilización permanente de funcionarios contra el decreto 5/10 -el de la funcionarización by the face de los trabajadores de la administración paralela de la Junta- son dignos de encomio.
Ignoro quiénes son. Imagino que pertenecen a esa élite meritocrática de la administración autonómica ninguneada por sus jefecillos políticos. Debe ser muy duro obtener por oposición una plaza de alto funcionario y recalar en un negociado donde el que manda carece de estudios superiores, o de experiencia profesional específica o, simplemente, de talento. Muchos de ellos han trabajado y trabajan tragándose sus principios y mordiéndose la lengua. Y es que al contestatario se lo condenaba hasta ahora al ostracismo, es decir, a la nada profesional, al despacho-zulo, a la mesa vacía, a la invisibilidad. Hasta ahora.
Los incansables rebeldes han optado desde el principio por la simplicidad: sólo exigen que el decreto 5/10 sea derogado. Intentando conjurar esta gran rebelión, Griñán ha depuesto al responsable del engendro legislativo, ha propiciado una negociación fantasmagórica con los sindicatos áulicos, ha recurrido a la teoría
conspiratoria y ha abusado de las descalificaciones soeces. Todo en vano. Casi
tres meses después de la aprobación del decreto, la movilización no ha decrecido. Al contrario: la manifestación del pasado sábado en Sevilla tuvo un éxito abrumador, incontestable. Griñán ha perdido, además, la batalla propagandística: el decreto no es el del ahorro presupuestario, ni el de la modernización de la Función Pública. Es el decreto del enchufismo. A mediodía del sábado aún colgaban de las verjas de los jardines del Parlamento docenas de enchufes baratos, de esos que se compran por menos de un euro en las tiendas de los chinos. No cabe mayor concisión gráfica, ni mayor impacto simbólico. El enchufe cutre ha sido convertido en el nuevo e infamante logo de la Junta.
Los insurrectos han asfaltado un camino que, hace dos años, abrieron los profesores de bachillerato andaluces: el de la protesta ciudadana elemental, el de la democracia entendida como rebelión colectiva contra los abusos de poder. Los profesores rechazaron masivamente el Plan de Calidad Educativa, es decir, una bufanda de 6.000 euros a cambio de aumentar el número de aprobados. Hoy están siendo castigados con el desarrollo del ROC, el nuevo reglamento de organización de centros que convertirá a muchos directores en comisarios políticos. Los funcionarios disidentes no correrán la misma suerte. Su movilización, a diferencia de la que
propició aquel fallido plan, no es discontinua ni efímera. Han descubierto la
virtud de la perseverancia, del no pasarán. No cejan, no dan tregua, no se dejan
engatusar. Y lo más meritorio de todo: ya no tienen miedo.
José Antonio Rodríguez Tous
Ignoro quiénes son. Imagino que pertenecen a esa élite meritocrática de la administración autonómica ninguneada por sus jefecillos políticos. Debe ser muy duro obtener por oposición una plaza de alto funcionario y recalar en un negociado donde el que manda carece de estudios superiores, o de experiencia profesional específica o, simplemente, de talento. Muchos de ellos han trabajado y trabajan tragándose sus principios y mordiéndose la lengua. Y es que al contestatario se lo condenaba hasta ahora al ostracismo, es decir, a la nada profesional, al despacho-zulo, a la mesa vacía, a la invisibilidad. Hasta ahora.
Los incansables rebeldes han optado desde el principio por la simplicidad: sólo exigen que el decreto 5/10 sea derogado. Intentando conjurar esta gran rebelión, Griñán ha depuesto al responsable del engendro legislativo, ha propiciado una negociación fantasmagórica con los sindicatos áulicos, ha recurrido a la teoría
conspiratoria y ha abusado de las descalificaciones soeces. Todo en vano. Casi
tres meses después de la aprobación del decreto, la movilización no ha decrecido. Al contrario: la manifestación del pasado sábado en Sevilla tuvo un éxito abrumador, incontestable. Griñán ha perdido, además, la batalla propagandística: el decreto no es el del ahorro presupuestario, ni el de la modernización de la Función Pública. Es el decreto del enchufismo. A mediodía del sábado aún colgaban de las verjas de los jardines del Parlamento docenas de enchufes baratos, de esos que se compran por menos de un euro en las tiendas de los chinos. No cabe mayor concisión gráfica, ni mayor impacto simbólico. El enchufe cutre ha sido convertido en el nuevo e infamante logo de la Junta.
Los insurrectos han asfaltado un camino que, hace dos años, abrieron los profesores de bachillerato andaluces: el de la protesta ciudadana elemental, el de la democracia entendida como rebelión colectiva contra los abusos de poder. Los profesores rechazaron masivamente el Plan de Calidad Educativa, es decir, una bufanda de 6.000 euros a cambio de aumentar el número de aprobados. Hoy están siendo castigados con el desarrollo del ROC, el nuevo reglamento de organización de centros que convertirá a muchos directores en comisarios políticos. Los funcionarios disidentes no correrán la misma suerte. Su movilización, a diferencia de la que
propició aquel fallido plan, no es discontinua ni efímera. Han descubierto la
virtud de la perseverancia, del no pasarán. No cejan, no dan tregua, no se dejan
engatusar. Y lo más meritorio de todo: ya no tienen miedo.
José Antonio Rodríguez Tous
sábado, 20 de noviembre de 2010
STATUS CUCO
STATUS CUCO
El título de esta entrada se entenderá más si les digo que el cuco es un ave parásita que pone sus huevos en los nidos de otras aves, con el fin de ahorrarse el esfuerzo de construir un nido y criar sus propios pollos. La pillería de este pájaro va más allá, y su pollo se encarga de eliminar a los legítimos ocupantes del nido (ya sea en forma de huevo o pollo). La imagen en el estadio final del pirata cuco es grotesca: un enorme pájaro que no cabe en el nido, insaciable, alimentado por dos diminutos padres adoptivos.
Si les hablo de la administración paralela en Andalucía, entenderán la analogía.
Lo siguiente lo ha escrito un funcionario que se dice "de izquierdas":
El cuco ya ha crecido y el Gobierno cuida mucho de ocultarlo. Se da a entender que la reforma viene condicionada por la crisis y se omite decir que lo que se pretende es legalizar el estado actual de las cosas tras algunos reverses en los tribunales: el actual status quo de la Administación paralela.
Dejando claro que los culpables del lamentable estado de la administración pública andaluza son, aunque desigualmente, tanto los partidos políticos como los sindicatos y empleados públicos, resulta especialmente llamativo (por el momento me ahorro calificativos) el papel que han tenido los dos sindicatos autocalificados de clase UGT y CCOO.
Como se recuerda en estos días en diferentes artículos de prensa y foros de la red la historia de esta infamia es tan larga como el gobierno socialista en Andalucía, el Decreto que ha llevado a la rebelión de los empleados públicos no es más que la gota que colmó el vaso. El abuso ahora se convierte en algo pleno, y se le que quiere dotar de legalidad. En esto, el papel de los sindicatos aludidos ha sido a veces de acompañamiento de la estrategia política y me parece que algunas veces los principales impulsores del estado actual. Desentrañemos que es lo que ha pasado.
En su concepto de clase han degenerado el concepto de empleado público hasta el límite del absurdo. Resulta contradictorio que ahora pongan pegas a la iniciativa del Sr. Chavez de aplicar medidas para hacer que los funcionarios cobren según su productividad. Me explicaré. Para empezar, el concepto de empleado público de estos sindicatos no tiene nada que ver con el de la función pública, a lo largo de los años han ido generando un sistema en el que al funcionario se le reconocían los derechos laborales de un obrero, los sindicatos sólo estuvieron preocupados por que tuviéramos menos horas para trabajar, más tiempo para desayunar, más flexibilidad horaria, mas ayudas para estudiar, para pagar al dentista, el piso, o los estudios de los hijos, etc. Del resto nada. ¿Acaso se nos permite a los funcionarios de la Administración General de la Junta optar a trabajar más horas para tener un sueldo más decente? ¿Acaso se nos tiene en cuenta a la hora de planificar el trabajo? ¿Acaso no somos los funcionarios los primeros que sufrimos y nos quejamos de que se permita que un compañero pueda no hacer su trabajo? Yo quisiera que se castigara a los que no hacen su trabajo, pues carga de trabajo a los compañeros y perjudica nuestra imagen. Yo preferiría trabajar todas las tardes y tener un sueldo equiparable al de la empresa privada o al de compañeros de Diputación o Ayuntamientos que duplican o triplican mis ingresos.
Mientras controlaban la contratación del personal en las empresas públicas que acaparaban todas las labores que implicaran gasto público, permitieron que en los mismos despachos de las distintas Consejerías fueran proliferando externos contratados como asesorías técnicas que usurpaban mesa, equipos y el trabajo regulado en la RPT de funcionarios. Ante esto UGT y CCCO mostraron permanentemente una postura de perfil, dado que cualquier queja de un técnico de la Administración era vista como la de alguien que reclama privilegios que “no son de clase”.
De esta forma la Administración se ha ido laboralizando al perder de contenido la Relación de Puestos de Trabajo de los Funcionarios.
Adentrándonos más en ello vemos que mientras que la Administración crecía en competencias, surgían nuevas consejerías, servicios y departamentos, el número de funcionarios se mantenía bajo mínimos. Hasta llegar al absurdo de que ahora existan departamentos sin jefe de departamento o jefes de departamentos sin personal a su cargo. Las figuras del puesto desdotado y del puesto ocupado provisionalmente se ha ido extendiendo. El último caso (llamado artículo 30) se llegó utilizar como premio, dado que permitía traslados o sueldos superiores. A veces la situación era circense, dado que el funcionario que había ganado por concurso de méritos el puesto X sin embargo hacía por artículo 30 el puesto Y, mientras que el Z hacía el X y así sucesivamente. Todo esto con el agravante de que las titulaciones en los últimos años han perdido validez, por lo que es igual ser ingeniero agrónomo o industrial, abogado o licenciado en biología. ¿Se imaginan esto en la sanidad? ¿Podría operarles de cataratas un ginecólogo o un radiólogo?
De hecho, en los concursos de méritos se ha perdido la valoración del mérito técnico o científico completamente. Lo que choca con la definición técnica de los puestos de la RPT y la existencia de cuerpos de funcionarios con titulaciones académicas técnicas o científicas bien definidas, que aprobaron unas oposiciones en las que se le exigió un altísimo nivel de conocimientos en su ramo, que posteriormente no es aprovechada en absoluto, más bien al contrario, pues la posibilidad de formación es nula.
Queda así también desdotada la carrera de los funcionarios del grupo A (titulados universitarios). Para aspirar a los puestos superiores no pueden depender de su conocimiento, ni siquiera experiencia, sino del enchufe. Los puestos superiores son todos PLDs (puestos de libre designación), se ha dado el caso que se han nombrado jefes de servicio recién aprobadas unas oposiciones ¡esto es dar el pelotazo!
Para lo demás están los concursos de méritos. Meritocracia laboral “de clase” como se verá:
No se valoran los conocimientos científicos ni técnicos, trabajos de investigación, artículos publicados en revistas especializadas, cursos de universidades…
Se valora la antigüedad (se premia el haber quedado desfasado y completamente desmotivado)
Se valoran los cursos de los sindicatos que son los mismos para un administrativo que para un Arquitecto: de informática básica, lenguaje no sexista o inteligencia emocional, por ejemplo.
Por último, el concurso en si mismo es completamente arbitrario. Para empezar es todo… menos transparente, pues en unas provincias se valora una cosa y en otras no se hace esa valoración; aún peor, depende del jurado del concurso controlado por puestos de libre designación políticos y sindicatos. Frecuentemente, a un funcionario se le ha valorado un mérito y a otro no. Incluso se ha llegado a impedir el concurso interpretando erróneamente la norma a los nuevos funcionarios. Rellenar las solicitudes para el nuevo funcionario es el mayor de los galimatías, algo increíblemente enrevesado y absurdo. El error del novato es ser justo al valorarse pues al final te castigan quitando pero nunca dándote, aunque sea de justicia. Por otro lado, como suele ocurrir en la Administración, si te consideras tratado injustamente, las posibilidades de que admitan tus alegaciones resultan utópicas. Irte al Contencioso administrativo puede darte la razón, pero no te salvará de ver que otro se quedo con el puesto al que aspirabas quizá de por vida, por lo que suele abundar es la resignación.
Resignación, rabia contenida que ha explotado ahora. El que haya leído hasta ahora entenderá el porqué en las movilizaciones los funcionarios han evitado a los sindicatos. Son muchas heridas abiertas.
Se comprenderá ahora el orgullo del sindicalismo de clase, al imponerse condiciones laborales a los funcionarios que tienen potestades administrativas. En este verdadero asalto a la función pública, los sindicatos de clase pretenden finalmente que se igualen a laborales todos los empleados públicos con capacidades técnicas. El Decreto prevé que los funcionarios pasen a las Agencias Empresariales no como funcionarios, sino como laborales, compartiendo el espacio con los laboralizados de las empresas públicas, algunos (altos cargos) colocados por el partido y que serian los nuevos jefes y otros que entraron de la mano principalmente de UGT.
La rebelión de los funcionarios contra este cúmulo de despropósitos ha puesto a cada uno en su sitio, lo cual es muy clarificador:
El Gobierno, temeroso sin duda por la situación, se muestra en apariencia dialogante y comprensivo. Pero el mensaje clave es el de que los empleados públicos “no han entendido el Decreto”. Este obstinado mensaje es una clara muestra de lo cortos que son nuestros gobernantes, pues en los oídos de funcionarios que manejan a diario leyes es muy ofensivo. Tienen suerte de que muchos piensen que estamos gobernados por ineptos, así el cabreo es menor que si consideras que te insultan. De hecho nunca como hasta ahora se está poniendo de manifiesto el paralelismo entre el concepto político-digital de la Administración y en contra de méritos objetivos y académicos como lo es viendo el Gobierno y su cargos públicos con personajes escasamente cualificados, a veces sin titulación alguna, que ejercen su autoridad y desprecio sobre funcionarios con carrera universitaria y con demostrada capacidad y méritos conseguidos en condiciones de igualdad, libre concurrencia, publicidad y transparencia. Además esto lleva a una verdadera desordenación de la administración pública, en la que todo, desde la disposición de los servicios, oficinas, material, sistemas informáticos etc., es un auténtico desastre que se corrige dentro de lo posible por los propios empleados públicos. En el estado actual de crisis, esto puede llevar a situaciones cercanas al colapso, al no haber dinero para sustituir a equipos defectuosos o para el combustible de los vehículos. En contraste con las empresas públicas que tienen el gasto ilimitado, tanto que el agujero puede arrastrar a toda la Junta, debe e por ello por lo que la Junta plantea vender patrimonio público en busca de liquidez.
La Señora Aguayo parece haber caído de un guindo cuando dice que “estamos dando una mala imagen de la Administración”. Es un defecto común de los políticos “que no se enteran” el creer que son las palabras las que cambian la realidad. Los empleados públicos decimos lo que hay ya en la Junta, durante más de dos décadas. Señora, ¡estamos dentro, qué lo vemos! Por ejemplo, lo del enchufismo viene de lejos. Fueron los gobiernos socialistas los que colocaron a muchos laborales e interinos, no se puede olvidar. Los mismos que les garantizaron estabilidad y los mismos que cambiaron la absoluta transparencia de unas oposiciones por el concurso oposición ad hoc para hacer funcionario a estos interinos antiguos y a los empleados de las empresas públicas con el beneplácito otra vez de UGT y CCOO. Cuando se habla de hacer fijo a los empleados de las empresas públicas como un logro de justicia en estos momentos tan duros para tantas familias por el paro se olvida lo siguiente. Son muchos los que aprobaron los exámenes de las oposiciones sin plaza y han trabajado de interino, para luego ser despedidos. ¿Es justo que estos que sí han ejercido de funcionarios públicos, que sí han superado unas pruebas de oposiciones, se queden en el paro por no disponer del enchufe para entrar en la empresa pública? ¿Es justo que todos aquellos que han trabajado en alguna de las empresas públicas y ahora no tienen esa suerte se queden en paro? Se olvida que la mayoría de los empleados que entraron en las empresas públicas no tuvieron enchufe, tampoco se le exigió nada (ni siquiera la titulación requerida para su puesto según denuncia la cámara de cuentas). Durante años, han pasado generaciones de nuevos titulados por estas empresas, donde se les trataba no mejor que en cualquier empresa privada, con contratos temporales para evitar hacerlos fijos. Conozco muchos extrabajadores muy quemados por esta situación de explotación que abandonaron la empresa que deberían tener también su oportunidad según me parece a mí. Otros fueron despedidos por resistirse a hacer genuflexiones a sus jefes, un motivo no admisible en un empleado público. En definitiva, más que un gesto de justicia como lo plantea UGT parece una retorcida decisión muy injusta.
Mientras que el Gobierno se muestra cauto, la reacción del PSOE y de UGT ha sido muy violenta. Demostrando el verdadero estado de nuestra democracia. Pretenden politizar completamente las protestas, y se esta haciendo intentando dar la vuelta al asunto.
Especialmente insultante es el que se nos califique de fascistas. Resulta de todo punto de vista absurdo que el colectivo que se manifestó el día 13 N de manera festiva y pacifica, sin emblemas políticos, contra una forma de gobierno autoritaria “por Decreto” sea calificado fascista. Si nosotros somos fascistas, entonces ¿qué son ellos?
Finalmente recordar algo que no mencionan los medios de comunicación, en Sevilla no sólo había como se ha dicho empleados públicos. Entre los simpatizantes había un nutrido grupo de opositores. Algunos de ellos trabajan o han trabajado en la Junta “sin enchufe” de interino, por aprobar las oposiciones sin plaza. Imagínense el estado de ánimo de estos esforzados estudiantes después de años de lucha, al ver que no tienen futuro en la Junta, cuando compañeros suyos sin esfuerzo, con peor curriculum, están colocados en una empresa pública y a partir del 1 de enero pasarán a tener las mismas condiciones laborales que los empleados públicos, ya de por vida.
Un funcionario de izquierdas
El título de esta entrada se entenderá más si les digo que el cuco es un ave parásita que pone sus huevos en los nidos de otras aves, con el fin de ahorrarse el esfuerzo de construir un nido y criar sus propios pollos. La pillería de este pájaro va más allá, y su pollo se encarga de eliminar a los legítimos ocupantes del nido (ya sea en forma de huevo o pollo). La imagen en el estadio final del pirata cuco es grotesca: un enorme pájaro que no cabe en el nido, insaciable, alimentado por dos diminutos padres adoptivos.
Si les hablo de la administración paralela en Andalucía, entenderán la analogía.
Lo siguiente lo ha escrito un funcionario que se dice "de izquierdas":
El cuco ya ha crecido y el Gobierno cuida mucho de ocultarlo. Se da a entender que la reforma viene condicionada por la crisis y se omite decir que lo que se pretende es legalizar el estado actual de las cosas tras algunos reverses en los tribunales: el actual status quo de la Administación paralela.
Dejando claro que los culpables del lamentable estado de la administración pública andaluza son, aunque desigualmente, tanto los partidos políticos como los sindicatos y empleados públicos, resulta especialmente llamativo (por el momento me ahorro calificativos) el papel que han tenido los dos sindicatos autocalificados de clase UGT y CCOO.
Como se recuerda en estos días en diferentes artículos de prensa y foros de la red la historia de esta infamia es tan larga como el gobierno socialista en Andalucía, el Decreto que ha llevado a la rebelión de los empleados públicos no es más que la gota que colmó el vaso. El abuso ahora se convierte en algo pleno, y se le que quiere dotar de legalidad. En esto, el papel de los sindicatos aludidos ha sido a veces de acompañamiento de la estrategia política y me parece que algunas veces los principales impulsores del estado actual. Desentrañemos que es lo que ha pasado.
En su concepto de clase han degenerado el concepto de empleado público hasta el límite del absurdo. Resulta contradictorio que ahora pongan pegas a la iniciativa del Sr. Chavez de aplicar medidas para hacer que los funcionarios cobren según su productividad. Me explicaré. Para empezar, el concepto de empleado público de estos sindicatos no tiene nada que ver con el de la función pública, a lo largo de los años han ido generando un sistema en el que al funcionario se le reconocían los derechos laborales de un obrero, los sindicatos sólo estuvieron preocupados por que tuviéramos menos horas para trabajar, más tiempo para desayunar, más flexibilidad horaria, mas ayudas para estudiar, para pagar al dentista, el piso, o los estudios de los hijos, etc. Del resto nada. ¿Acaso se nos permite a los funcionarios de la Administración General de la Junta optar a trabajar más horas para tener un sueldo más decente? ¿Acaso se nos tiene en cuenta a la hora de planificar el trabajo? ¿Acaso no somos los funcionarios los primeros que sufrimos y nos quejamos de que se permita que un compañero pueda no hacer su trabajo? Yo quisiera que se castigara a los que no hacen su trabajo, pues carga de trabajo a los compañeros y perjudica nuestra imagen. Yo preferiría trabajar todas las tardes y tener un sueldo equiparable al de la empresa privada o al de compañeros de Diputación o Ayuntamientos que duplican o triplican mis ingresos.
Mientras controlaban la contratación del personal en las empresas públicas que acaparaban todas las labores que implicaran gasto público, permitieron que en los mismos despachos de las distintas Consejerías fueran proliferando externos contratados como asesorías técnicas que usurpaban mesa, equipos y el trabajo regulado en la RPT de funcionarios. Ante esto UGT y CCCO mostraron permanentemente una postura de perfil, dado que cualquier queja de un técnico de la Administración era vista como la de alguien que reclama privilegios que “no son de clase”.
De esta forma la Administración se ha ido laboralizando al perder de contenido la Relación de Puestos de Trabajo de los Funcionarios.
Adentrándonos más en ello vemos que mientras que la Administración crecía en competencias, surgían nuevas consejerías, servicios y departamentos, el número de funcionarios se mantenía bajo mínimos. Hasta llegar al absurdo de que ahora existan departamentos sin jefe de departamento o jefes de departamentos sin personal a su cargo. Las figuras del puesto desdotado y del puesto ocupado provisionalmente se ha ido extendiendo. El último caso (llamado artículo 30) se llegó utilizar como premio, dado que permitía traslados o sueldos superiores. A veces la situación era circense, dado que el funcionario que había ganado por concurso de méritos el puesto X sin embargo hacía por artículo 30 el puesto Y, mientras que el Z hacía el X y así sucesivamente. Todo esto con el agravante de que las titulaciones en los últimos años han perdido validez, por lo que es igual ser ingeniero agrónomo o industrial, abogado o licenciado en biología. ¿Se imaginan esto en la sanidad? ¿Podría operarles de cataratas un ginecólogo o un radiólogo?
De hecho, en los concursos de méritos se ha perdido la valoración del mérito técnico o científico completamente. Lo que choca con la definición técnica de los puestos de la RPT y la existencia de cuerpos de funcionarios con titulaciones académicas técnicas o científicas bien definidas, que aprobaron unas oposiciones en las que se le exigió un altísimo nivel de conocimientos en su ramo, que posteriormente no es aprovechada en absoluto, más bien al contrario, pues la posibilidad de formación es nula.
Queda así también desdotada la carrera de los funcionarios del grupo A (titulados universitarios). Para aspirar a los puestos superiores no pueden depender de su conocimiento, ni siquiera experiencia, sino del enchufe. Los puestos superiores son todos PLDs (puestos de libre designación), se ha dado el caso que se han nombrado jefes de servicio recién aprobadas unas oposiciones ¡esto es dar el pelotazo!
Para lo demás están los concursos de méritos. Meritocracia laboral “de clase” como se verá:
No se valoran los conocimientos científicos ni técnicos, trabajos de investigación, artículos publicados en revistas especializadas, cursos de universidades…
Se valora la antigüedad (se premia el haber quedado desfasado y completamente desmotivado)
Se valoran los cursos de los sindicatos que son los mismos para un administrativo que para un Arquitecto: de informática básica, lenguaje no sexista o inteligencia emocional, por ejemplo.
Por último, el concurso en si mismo es completamente arbitrario. Para empezar es todo… menos transparente, pues en unas provincias se valora una cosa y en otras no se hace esa valoración; aún peor, depende del jurado del concurso controlado por puestos de libre designación políticos y sindicatos. Frecuentemente, a un funcionario se le ha valorado un mérito y a otro no. Incluso se ha llegado a impedir el concurso interpretando erróneamente la norma a los nuevos funcionarios. Rellenar las solicitudes para el nuevo funcionario es el mayor de los galimatías, algo increíblemente enrevesado y absurdo. El error del novato es ser justo al valorarse pues al final te castigan quitando pero nunca dándote, aunque sea de justicia. Por otro lado, como suele ocurrir en la Administración, si te consideras tratado injustamente, las posibilidades de que admitan tus alegaciones resultan utópicas. Irte al Contencioso administrativo puede darte la razón, pero no te salvará de ver que otro se quedo con el puesto al que aspirabas quizá de por vida, por lo que suele abundar es la resignación.
Resignación, rabia contenida que ha explotado ahora. El que haya leído hasta ahora entenderá el porqué en las movilizaciones los funcionarios han evitado a los sindicatos. Son muchas heridas abiertas.
Se comprenderá ahora el orgullo del sindicalismo de clase, al imponerse condiciones laborales a los funcionarios que tienen potestades administrativas. En este verdadero asalto a la función pública, los sindicatos de clase pretenden finalmente que se igualen a laborales todos los empleados públicos con capacidades técnicas. El Decreto prevé que los funcionarios pasen a las Agencias Empresariales no como funcionarios, sino como laborales, compartiendo el espacio con los laboralizados de las empresas públicas, algunos (altos cargos) colocados por el partido y que serian los nuevos jefes y otros que entraron de la mano principalmente de UGT.
La rebelión de los funcionarios contra este cúmulo de despropósitos ha puesto a cada uno en su sitio, lo cual es muy clarificador:
El Gobierno, temeroso sin duda por la situación, se muestra en apariencia dialogante y comprensivo. Pero el mensaje clave es el de que los empleados públicos “no han entendido el Decreto”. Este obstinado mensaje es una clara muestra de lo cortos que son nuestros gobernantes, pues en los oídos de funcionarios que manejan a diario leyes es muy ofensivo. Tienen suerte de que muchos piensen que estamos gobernados por ineptos, así el cabreo es menor que si consideras que te insultan. De hecho nunca como hasta ahora se está poniendo de manifiesto el paralelismo entre el concepto político-digital de la Administración y en contra de méritos objetivos y académicos como lo es viendo el Gobierno y su cargos públicos con personajes escasamente cualificados, a veces sin titulación alguna, que ejercen su autoridad y desprecio sobre funcionarios con carrera universitaria y con demostrada capacidad y méritos conseguidos en condiciones de igualdad, libre concurrencia, publicidad y transparencia. Además esto lleva a una verdadera desordenación de la administración pública, en la que todo, desde la disposición de los servicios, oficinas, material, sistemas informáticos etc., es un auténtico desastre que se corrige dentro de lo posible por los propios empleados públicos. En el estado actual de crisis, esto puede llevar a situaciones cercanas al colapso, al no haber dinero para sustituir a equipos defectuosos o para el combustible de los vehículos. En contraste con las empresas públicas que tienen el gasto ilimitado, tanto que el agujero puede arrastrar a toda la Junta, debe e por ello por lo que la Junta plantea vender patrimonio público en busca de liquidez.
La Señora Aguayo parece haber caído de un guindo cuando dice que “estamos dando una mala imagen de la Administración”. Es un defecto común de los políticos “que no se enteran” el creer que son las palabras las que cambian la realidad. Los empleados públicos decimos lo que hay ya en la Junta, durante más de dos décadas. Señora, ¡estamos dentro, qué lo vemos! Por ejemplo, lo del enchufismo viene de lejos. Fueron los gobiernos socialistas los que colocaron a muchos laborales e interinos, no se puede olvidar. Los mismos que les garantizaron estabilidad y los mismos que cambiaron la absoluta transparencia de unas oposiciones por el concurso oposición ad hoc para hacer funcionario a estos interinos antiguos y a los empleados de las empresas públicas con el beneplácito otra vez de UGT y CCOO. Cuando se habla de hacer fijo a los empleados de las empresas públicas como un logro de justicia en estos momentos tan duros para tantas familias por el paro se olvida lo siguiente. Son muchos los que aprobaron los exámenes de las oposiciones sin plaza y han trabajado de interino, para luego ser despedidos. ¿Es justo que estos que sí han ejercido de funcionarios públicos, que sí han superado unas pruebas de oposiciones, se queden en el paro por no disponer del enchufe para entrar en la empresa pública? ¿Es justo que todos aquellos que han trabajado en alguna de las empresas públicas y ahora no tienen esa suerte se queden en paro? Se olvida que la mayoría de los empleados que entraron en las empresas públicas no tuvieron enchufe, tampoco se le exigió nada (ni siquiera la titulación requerida para su puesto según denuncia la cámara de cuentas). Durante años, han pasado generaciones de nuevos titulados por estas empresas, donde se les trataba no mejor que en cualquier empresa privada, con contratos temporales para evitar hacerlos fijos. Conozco muchos extrabajadores muy quemados por esta situación de explotación que abandonaron la empresa que deberían tener también su oportunidad según me parece a mí. Otros fueron despedidos por resistirse a hacer genuflexiones a sus jefes, un motivo no admisible en un empleado público. En definitiva, más que un gesto de justicia como lo plantea UGT parece una retorcida decisión muy injusta.
Mientras que el Gobierno se muestra cauto, la reacción del PSOE y de UGT ha sido muy violenta. Demostrando el verdadero estado de nuestra democracia. Pretenden politizar completamente las protestas, y se esta haciendo intentando dar la vuelta al asunto.
Especialmente insultante es el que se nos califique de fascistas. Resulta de todo punto de vista absurdo que el colectivo que se manifestó el día 13 N de manera festiva y pacifica, sin emblemas políticos, contra una forma de gobierno autoritaria “por Decreto” sea calificado fascista. Si nosotros somos fascistas, entonces ¿qué son ellos?
Finalmente recordar algo que no mencionan los medios de comunicación, en Sevilla no sólo había como se ha dicho empleados públicos. Entre los simpatizantes había un nutrido grupo de opositores. Algunos de ellos trabajan o han trabajado en la Junta “sin enchufe” de interino, por aprobar las oposiciones sin plaza. Imagínense el estado de ánimo de estos esforzados estudiantes después de años de lucha, al ver que no tienen futuro en la Junta, cuando compañeros suyos sin esfuerzo, con peor curriculum, están colocados en una empresa pública y a partir del 1 de enero pasarán a tener las mismas condiciones laborales que los empleados públicos, ya de por vida.
Un funcionario de izquierdas
jueves, 18 de noviembre de 2010
REVOLUCIÓN SOCIAL.
REVOLUCIÓN SOCIAL.
Escrito por un compañero funcionario de carrera.
Hace algún tiempo, uno de los hombres más extraordinarios que ha dado la historia, dijo las siguientes palabras: en cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle . Este hombre era Mahatma Gandhi.
Ha sido precisamente una norma injusta, el Decreto Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, la que ha despertado la dignidad de los empleados públicos y el resto de ciudadanos y
ciudadanas de Andalucía que estos días protestan contra la tiranía de la Junta de Andalucía, y digo tiranía porque esta norma es sinónimo de injusticia, nepotismo, caciquismo,enchufismo, amiguismo y mediocridad, y una muestra palpable y evidente de la desvergüenza de la clase política que nos gobierna.
El Sr. Griñan acorralado, de una parte, por los informes del Defensor del Pueblo y la
Cámara de Cuentas de Andalucía que han censurado la opacidad de las cuentas y
contrataciones del personal de las fundaciones y sociedades mercantiles creadas por la Junta de Andalucía, y de otra, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el
Tribunal Supremo que han declarado nulas encomiendas de gestión a entidades como FAFFE o EGMASA, respectivamente, por atribuir a éstas funciones reservadas a funcionarios públicos, ha decidido privatizar la Administración Pública andaluza colocando en ella a 19.000 contratados (más adelante vendrá el resto) que no han superado un proceso selectivo basado en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Para ello, el Decreto Ley teje un macrosistema empresarial de corte privado y político, creando seis agencias públicas empresariales (sometidas al Derecho Privado) y dos agencias de régimen especial (Gestión Agraria y Pesquera, y Servicio Andaluz de Empleo), enmascarando éstas bajo el sometimiento al Derecho Administrativo pero dejando una amplia puerta abierta al Derecho Privado al matizar sin perjuicio de la aplicación del derecho privado en aquellos ámbitos de su actuación que lo requieran (que serán casi todos). Al mismo tiempo, se suprimen o dejan de existir como tales cinco organismos autónomos (Agencia Andaluza del Agua, el Instituto Andaluz de Reforma Agraria, el Servicio Andaluz de Empleo, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y la Agencia Andaluza de Evaluación y Acreditación de la Calidad Universitaria) donde trabajan empleados públicos de la Junta de Andalucía (funcionarios de carrera, interinos, personal laboral de la Junta de Andalucía
y eventuales) y que se rigen por el Derecho Administrativo, iniciando el declive de la función pública como instrumento al servicio del ciudadano que garantiza la imparcialidad de su actuación frente a una posible arbitrariedad política. El posterior acuerdo de la Sra. Aguayo con los sindicatos ¿de clase? UGT y CCOO no ha hecho sino ahondar en la herida.
--- Pero el Sr. Griñán y su equipo de gobierno han cometido un grave error de
previsión:
no contaron con algo muy peligroso, algo que puede tumbar los cimientos de un
Estado cuando rebrota en un pueblo castigado por una clase política insulsa, prepotente y derrochadora, y que Gandhi describió a la perfección: la DIGNIDAD.
1º) Dignidad, Sr. Griñan, de los empleados públicos de la Junta de Andalucía a
los que, además de la reducción de sueldo, humilla, forzándolos a pasar (sí o sí) a
Agencias de corte privado y político (caso de los funcionarios) o a perder su condición si no concursan en el plazo de cinco años (caso del personal laboral sujeto al VI Convenio); empleados públicos hartos de ver como los servicios centrales y periféricos de la Junta de Andalucía se han convertido en permanentes centros de recepción de personal externo, de dudosa y desconocida procedencia en la mayor parte de los casos, y cuyas funciones han visto usurpadas.
2º) Dignidad de los opositores, de aquellos que en una solitaria habitación
sacrifican su tiempo a una edad inmejorable, y con ello, a sus familias y amigos, dejándose literalmente la piel y perdiendo muchas cosas en el camino, pero soñando despiertos con un trabajo estable y manteniendo viva su esperanza. Esperanza, Sr. Griñan, a pesar de que sus exámenes se filtran en las propias imprentas donde se copian, y a pesar de que sus Tribunales de oposiciones pasan por ser lo peores de España, porque confunden preguntas, respuestas, plantillas, normas jurídicas, se equivocan continuamente, son lentos, ignoran las bases, exigen conocer la numeración de artículos de leyes insulsas, y hasta saber física quántica a los alumnos para calcular sus nota de corte. Y aun así, sonríen.
3º) Dignidad de la ciudadanía andaluza, a la que servimos los empleados públicos comogarantes de una Administración Pública objetiva e imparcial, porque pretende privatizar la gestión de su empleo, su agua, su cultura, su medio ambiente, sus servicios sociales o su patrimonio histórico, instaurando una Administración politizada.
Todos hemos comprendido que esta norma injusta es contraria a nuestra dignidad
y por eso luchamos contra la tiranía de quienes la aprobaron, surgiendo lo que ya
podemos considerar una auténtica revolución social. Y detrás de esta revolución, Sr. Griñan, Sra. Moreno y Sra. Aguayo, no está el PP, no. Este argumento, único desde hace años, llega en algunos a ser enfermizo, siendo digno de estudio en las facultades de psicología de todo el mundo. A veces pienso, parafraseando la Biblia, que muchos de ustedes piensan que Dios no creó el mundo en 2 días por culpa del PP, o que no fue una serpiente la que engañó a Eva sino una gaviota (¿lo cogen?).
Tampoco han sido los otros tres sindicatos, contrarios al Decreto Ley y con representación entre los empleados públicos (CSIF, SAFJA y USTEA) los padres
de esta revolución. Los verdaderos artífices de la misma, tras los primeros pasos
dados por la Agencia del Agua, han sido los miles de empleados públicos, opositores y ciudadanos anónimos que, espontáneamente, se han ido aglutinando en torno a asociaciones independientes que han surgido para defender la dignidad de la función pública y que responden a nombres tan variopintos como Plataforma Agua Pública (hoy denominada Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía), Asociación Defiendo Mi Derecho y la Gestión Pública, Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta, Plataforma de Torretriana, Plataforma de Igualdad, Asociación en Defensa del Servicio Público, Asociación Tercer Lado o Federación Agentes de Medio Ambiente (que me disculpen las que haya omitido por desconocimiento, o citado sin merecerlo). Y esto es una realidad incuestionable por mucho que, en estas últimas semanas, alguno o algunos de los sindicatos pretendan acaparar el protagonismo de los medios de comunicación social.
Son muchas las cosas que hemos vivido desde las primeras reuniones de octubre,
y en las revoluciones, como en las guerras, aparecen héroes anónimos y villanos por
doquier. He visto a sindicatos atribuirse méritos que no son suyos, enfermar por un minuto de gloria que no les corresponde y por su incapacidad de asumir que, al menos, en las calles, el liderazgo ya no es suyo. He visto a algunos que se hacen llamar representantes de los empleados públicos (los menos) que, antes de las protestas, renegaban de éstos a puerta cerrada, tachándolos de inmovilitas y pasivos, sin creer que esto pudiera llegar, sin confiar en ellos, pero que poco a poco se van metiendo en las movilizaciones, eso sí, en primera fila, donde la foto, y me he dado cuenta que hace años que dejaron de facto de ser empleados públicos para cruzar la frontera de
la liberación sindical de la que, a algunos, tanto les cuesta volver. He visto a altos cargos de la Junta de Andalucía dándonos su apoyo, pero en privado, ignorantes de que han perdido uno de los dones más preciados de la democracia, su libertad de expresión. He visto jefes de servicio huyendo por las calles para no coincidir con las oncentraciones, y funcionarios rasos, lacayos de aquéllos, tan preocupados de no decepcionarlos y de trepar rápidamente en la Administración que huyen de las concentraciones como si hubieran visto al mismísimo diablo.
En sentido contrario y gratamente satisfactorio, he visto la grandeza del ser
humano encarnada en personas como José Mª, a punto de jubilarse, y comprometido
íntegramente en esta lucha, dándolo todo por todos, o en la multitud de hombres y mujeres anónimos (aunque ya no lo son tanto) que, día tras día, están saliendo a la calle sin pedir nada a cambio, con una enorme sonrisa, y con las únicas armas de una generosidad desmedida (también un pito o una vuvuzela, como no podía ser menos), su dignidad y la ilusión de derogar el Decreto Ley para conseguir una sociedad más justa y una Administración despolitizada. El simple hecho de haberlos conocido es todo un premio. Son todos ellos los verdaderos héroes de esta revolución cuyas banderas en la calle, además de la andaluza, y por expreso deseo, no deberían tener otros colores que el naranja, el blanco con la cruz negra, y los representativos del resto de plataformas independientes, lo que deberían respetar los sindicatos y grupos políticos que se
hayan sumado a la manifestación convocada para el día 13 de noviembre en Sevilla. Lo contrario, supondría un claro menosprecio y una falta de respeto a los verdaderos artífices de lo que podemos considerar como una auténtica revolución social.
Finalizo revelándoles a nuestros políticos, ante sus continuas insinuaciones, suspicacias y descalificaciones en los medios de comunicación, un dato esclarecedor sobre
nuestras fuentes de financiación en Córdoba: el dinero viene del .. QUE NOOOOOOO. Que no viene del PP. Miren, estas son nuestras cuentas:
- Para pitos, vuvuzelas y pancartas: hemos puesto cada uno un euro.
- Camisetas con nuestros colores: hemos puesto cada uno 2,5 Euros.
- Bocadillos de chorizo del jueves 11 de noviembre por la mañana: tres
paquetes de pan bimbo y 900 gramos de chorizo: 16 Euros. Invito yo. También los de la PEPA (Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía).
- Autocares para desplazarse a Sevilla: hemos puesto cada uno 7 euros.
Ojala fueran tan transparentes las cuentas de la Administración paralela.
Fdo.: Rafael Delgado Romero (funcionario de carrera).
Escrito por un compañero funcionario de carrera.
Hace algún tiempo, uno de los hombres más extraordinarios que ha dado la historia, dijo las siguientes palabras: en cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle . Este hombre era Mahatma Gandhi.
Ha sido precisamente una norma injusta, el Decreto Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, la que ha despertado la dignidad de los empleados públicos y el resto de ciudadanos y
ciudadanas de Andalucía que estos días protestan contra la tiranía de la Junta de Andalucía, y digo tiranía porque esta norma es sinónimo de injusticia, nepotismo, caciquismo,enchufismo, amiguismo y mediocridad, y una muestra palpable y evidente de la desvergüenza de la clase política que nos gobierna.
El Sr. Griñan acorralado, de una parte, por los informes del Defensor del Pueblo y la
Cámara de Cuentas de Andalucía que han censurado la opacidad de las cuentas y
contrataciones del personal de las fundaciones y sociedades mercantiles creadas por la Junta de Andalucía, y de otra, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el
Tribunal Supremo que han declarado nulas encomiendas de gestión a entidades como FAFFE o EGMASA, respectivamente, por atribuir a éstas funciones reservadas a funcionarios públicos, ha decidido privatizar la Administración Pública andaluza colocando en ella a 19.000 contratados (más adelante vendrá el resto) que no han superado un proceso selectivo basado en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Para ello, el Decreto Ley teje un macrosistema empresarial de corte privado y político, creando seis agencias públicas empresariales (sometidas al Derecho Privado) y dos agencias de régimen especial (Gestión Agraria y Pesquera, y Servicio Andaluz de Empleo), enmascarando éstas bajo el sometimiento al Derecho Administrativo pero dejando una amplia puerta abierta al Derecho Privado al matizar sin perjuicio de la aplicación del derecho privado en aquellos ámbitos de su actuación que lo requieran (que serán casi todos). Al mismo tiempo, se suprimen o dejan de existir como tales cinco organismos autónomos (Agencia Andaluza del Agua, el Instituto Andaluz de Reforma Agraria, el Servicio Andaluz de Empleo, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y la Agencia Andaluza de Evaluación y Acreditación de la Calidad Universitaria) donde trabajan empleados públicos de la Junta de Andalucía (funcionarios de carrera, interinos, personal laboral de la Junta de Andalucía
y eventuales) y que se rigen por el Derecho Administrativo, iniciando el declive de la función pública como instrumento al servicio del ciudadano que garantiza la imparcialidad de su actuación frente a una posible arbitrariedad política. El posterior acuerdo de la Sra. Aguayo con los sindicatos ¿de clase? UGT y CCOO no ha hecho sino ahondar en la herida.
--- Pero el Sr. Griñán y su equipo de gobierno han cometido un grave error de
previsión:
no contaron con algo muy peligroso, algo que puede tumbar los cimientos de un
Estado cuando rebrota en un pueblo castigado por una clase política insulsa, prepotente y derrochadora, y que Gandhi describió a la perfección: la DIGNIDAD.
1º) Dignidad, Sr. Griñan, de los empleados públicos de la Junta de Andalucía a
los que, además de la reducción de sueldo, humilla, forzándolos a pasar (sí o sí) a
Agencias de corte privado y político (caso de los funcionarios) o a perder su condición si no concursan en el plazo de cinco años (caso del personal laboral sujeto al VI Convenio); empleados públicos hartos de ver como los servicios centrales y periféricos de la Junta de Andalucía se han convertido en permanentes centros de recepción de personal externo, de dudosa y desconocida procedencia en la mayor parte de los casos, y cuyas funciones han visto usurpadas.
2º) Dignidad de los opositores, de aquellos que en una solitaria habitación
sacrifican su tiempo a una edad inmejorable, y con ello, a sus familias y amigos, dejándose literalmente la piel y perdiendo muchas cosas en el camino, pero soñando despiertos con un trabajo estable y manteniendo viva su esperanza. Esperanza, Sr. Griñan, a pesar de que sus exámenes se filtran en las propias imprentas donde se copian, y a pesar de que sus Tribunales de oposiciones pasan por ser lo peores de España, porque confunden preguntas, respuestas, plantillas, normas jurídicas, se equivocan continuamente, son lentos, ignoran las bases, exigen conocer la numeración de artículos de leyes insulsas, y hasta saber física quántica a los alumnos para calcular sus nota de corte. Y aun así, sonríen.
3º) Dignidad de la ciudadanía andaluza, a la que servimos los empleados públicos comogarantes de una Administración Pública objetiva e imparcial, porque pretende privatizar la gestión de su empleo, su agua, su cultura, su medio ambiente, sus servicios sociales o su patrimonio histórico, instaurando una Administración politizada.
Todos hemos comprendido que esta norma injusta es contraria a nuestra dignidad
y por eso luchamos contra la tiranía de quienes la aprobaron, surgiendo lo que ya
podemos considerar una auténtica revolución social. Y detrás de esta revolución, Sr. Griñan, Sra. Moreno y Sra. Aguayo, no está el PP, no. Este argumento, único desde hace años, llega en algunos a ser enfermizo, siendo digno de estudio en las facultades de psicología de todo el mundo. A veces pienso, parafraseando la Biblia, que muchos de ustedes piensan que Dios no creó el mundo en 2 días por culpa del PP, o que no fue una serpiente la que engañó a Eva sino una gaviota (¿lo cogen?).
Tampoco han sido los otros tres sindicatos, contrarios al Decreto Ley y con representación entre los empleados públicos (CSIF, SAFJA y USTEA) los padres
de esta revolución. Los verdaderos artífices de la misma, tras los primeros pasos
dados por la Agencia del Agua, han sido los miles de empleados públicos, opositores y ciudadanos anónimos que, espontáneamente, se han ido aglutinando en torno a asociaciones independientes que han surgido para defender la dignidad de la función pública y que responden a nombres tan variopintos como Plataforma Agua Pública (hoy denominada Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía), Asociación Defiendo Mi Derecho y la Gestión Pública, Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta, Plataforma de Torretriana, Plataforma de Igualdad, Asociación en Defensa del Servicio Público, Asociación Tercer Lado o Federación Agentes de Medio Ambiente (que me disculpen las que haya omitido por desconocimiento, o citado sin merecerlo). Y esto es una realidad incuestionable por mucho que, en estas últimas semanas, alguno o algunos de los sindicatos pretendan acaparar el protagonismo de los medios de comunicación social.
Son muchas las cosas que hemos vivido desde las primeras reuniones de octubre,
y en las revoluciones, como en las guerras, aparecen héroes anónimos y villanos por
doquier. He visto a sindicatos atribuirse méritos que no son suyos, enfermar por un minuto de gloria que no les corresponde y por su incapacidad de asumir que, al menos, en las calles, el liderazgo ya no es suyo. He visto a algunos que se hacen llamar representantes de los empleados públicos (los menos) que, antes de las protestas, renegaban de éstos a puerta cerrada, tachándolos de inmovilitas y pasivos, sin creer que esto pudiera llegar, sin confiar en ellos, pero que poco a poco se van metiendo en las movilizaciones, eso sí, en primera fila, donde la foto, y me he dado cuenta que hace años que dejaron de facto de ser empleados públicos para cruzar la frontera de
la liberación sindical de la que, a algunos, tanto les cuesta volver. He visto a altos cargos de la Junta de Andalucía dándonos su apoyo, pero en privado, ignorantes de que han perdido uno de los dones más preciados de la democracia, su libertad de expresión. He visto jefes de servicio huyendo por las calles para no coincidir con las oncentraciones, y funcionarios rasos, lacayos de aquéllos, tan preocupados de no decepcionarlos y de trepar rápidamente en la Administración que huyen de las concentraciones como si hubieran visto al mismísimo diablo.
En sentido contrario y gratamente satisfactorio, he visto la grandeza del ser
humano encarnada en personas como José Mª, a punto de jubilarse, y comprometido
íntegramente en esta lucha, dándolo todo por todos, o en la multitud de hombres y mujeres anónimos (aunque ya no lo son tanto) que, día tras día, están saliendo a la calle sin pedir nada a cambio, con una enorme sonrisa, y con las únicas armas de una generosidad desmedida (también un pito o una vuvuzela, como no podía ser menos), su dignidad y la ilusión de derogar el Decreto Ley para conseguir una sociedad más justa y una Administración despolitizada. El simple hecho de haberlos conocido es todo un premio. Son todos ellos los verdaderos héroes de esta revolución cuyas banderas en la calle, además de la andaluza, y por expreso deseo, no deberían tener otros colores que el naranja, el blanco con la cruz negra, y los representativos del resto de plataformas independientes, lo que deberían respetar los sindicatos y grupos políticos que se
hayan sumado a la manifestación convocada para el día 13 de noviembre en Sevilla. Lo contrario, supondría un claro menosprecio y una falta de respeto a los verdaderos artífices de lo que podemos considerar como una auténtica revolución social.
Finalizo revelándoles a nuestros políticos, ante sus continuas insinuaciones, suspicacias y descalificaciones en los medios de comunicación, un dato esclarecedor sobre
nuestras fuentes de financiación en Córdoba: el dinero viene del .. QUE NOOOOOOO. Que no viene del PP. Miren, estas son nuestras cuentas:
- Para pitos, vuvuzelas y pancartas: hemos puesto cada uno un euro.
- Camisetas con nuestros colores: hemos puesto cada uno 2,5 Euros.
- Bocadillos de chorizo del jueves 11 de noviembre por la mañana: tres
paquetes de pan bimbo y 900 gramos de chorizo: 16 Euros. Invito yo. También los de la PEPA (Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía).
- Autocares para desplazarse a Sevilla: hemos puesto cada uno 7 euros.
Ojala fueran tan transparentes las cuentas de la Administración paralela.
Fdo.: Rafael Delgado Romero (funcionario de carrera).
domingo, 14 de noviembre de 2010
CARTA ABIERTA A LOS ANDALUCES
Ayer, sábado 13 de noviembre de 2010, se manifestaron 40.000 ciudadanos en Sevilla contra el Decreto Ley 5/2010 de Reordenación del Sector Público de Andalucía. No sólo empleados públicos, también opositores, amigos y personas comprometidas con la necesidad de preservar el interés público.
Probablemente se trate del movimiento ciudadano independiente más grande habido en esta comunidad. Aunque nos tachen de estar movidos por el PP, CSIF, USTEA, etc. Como dicen los compañeros de Córdoba: aquí ¡todos somos uno! Independiente de nuestra afiliación sindical, política; seamos funcionarios, laborales o interinos, incluso seamos o no empleados públicos.
Este colectivo del que formo parte ha sufrido y callado el mayor desprestigio de un colectivo laboral desde que se instauró la autonomía. A la vez que sufríamos por la pérdida de competencias, se nos ponían cada más trabas para ser mínimamente eficaces, se nos injuriaba como el mal y no la solución. Todo formaba parte de una estrategia para conseguir politizar completamente a la sociedad partiendo de la Administración, que por otro lado ha ido pareja a una pérdida de la sensibilidad democrática del pueblo. El Decreto no arregla nada, salvo que pretende dar carta legal a los hechos consumados de crear una administración paralela que burla la intervención pública en lo económico y laboral y consagra el clientelismo político a escala global en la sociedad andaluza. Una red de nepotismo y corrupción que hundirá aún más a Andalucía mientras que la mayoría de los ciudadanos no entienden que esta pasando.
Por eso estas movilizaciones pueden ser muy importantes para abrir los ojos de los andaluces y andaluzas.
Claro está que el camino es largo. Piénsese que una parte de los medios de comunicación han hecho un seguidismo a la postura oficial, esto en el mejor de los casos. En otros casos directamente se ha manipulado la información como si ya hubiéramos caído tan bajo como nuestro vecino del sur. No se que me molesta más, que se diga que somos fascistas o que se diga que nos movilizamos en contra de los recortes salariales.
Mientras, la prensa que se hace eco de nuestras denuncias, es la otra, la del PP, y a la mayoría de los ciudadanos de izquierda le quedan las dudas y tiende si acaso a buscar el punto equidistante. En este caso, la equidistancia es entre la mentira y la realidad.
Al señor presidente de la Junta de Andalucía le diría que rectifique o pasará a la historia como el impulsor de la mayor infamia cometida contra el pueblo andaluz de la historia de la democracia con el agravante de que sería el último en reconocerlo.
Al Partido Socialista Obrero Español (y lo digo literal para remarcar el carácter socialista y obrero), a todos sus militantes. No seáis cómplices de esta insensatez, no se puede vender Andalucía por un puñado de colocados a dedo. No se puede gobernar para colocar a los tuyos en puestos de trabajo a costa de hundir en la miseria este país, no se puede corromper el principio básico de la democracia de la separación de poderes por asegurar el fututo de unos ineptos. No se puede mantener más al señor Griñán y su cohorte en el poder, pues en época de crisis deben de estar los mejores del partido y no auténticos ineptos que viven tan encerrados en el partidismo que a la hora de recortar el gasto público no se atreve a dejar en la calle a uno sólo de los 25.000 o 35.0000 puestos de la hipertrofiada administración paralela y para pagar este coste supletorio es capaz de enajenar el patrimonio de todos los andaluces vendiéndolo.
A UGT y CCOO les digo que han pervertido la lucha sindical obrera. Se han convertido en un grupo de vividores politizados que viven a costa de colocar a los suyos y holganacear mientras el barco de la Administración hace aguas por doquier. Se ponen en evidencia en complicidad con el PSOE al llamar fascistas a los que no toleramos su cierre a sus intereses particulares y contrarios a los públicos. ¿Acaso la izquierda olvidó como se genera el fascismo? Insensatos, el país está sumido en una crisis enorme, el caldo de cultivo perfecto para el fascismo y vosotros lo invocáis. Sois unos miserables.
Al resto de los sindicatos, independientes. Mucho cuidado, porque algunos parecen no querer aprender la lección de estas movilizaciones. Enteraros que estamos hartos, muy hartos de todos vosotros, de vuestra lucha por conseguir vivir a costa de nosotros sin que os importe lo público. Sois cómplices del intento de hundir nuestra dignidad, de la digitalización de la Administración, de todos los males por los que sufrimos, por eso nos sentimos orgullosos desde la plataforma defiendo mi derecho de decir que somos ¡realmente independientes de vosotros! Y eso sé que os asusta mucho. Temblad, esto sólo es el principio.
Al Partido Popular. Le quiero advertir que la mayoría del colectivo no pretende con nuestras manifestaciones traeros al poder, pues no votamos a vuestro partido. Aunque, si es necesario, sé que muchos votantes de izquierda serán capaces de hacer ese sacrificio si esto no da el giro esperado. Somos conscientes que es la política de la derecha europea la excusa para realizar estas medidas que suponen importantes recortes a los derechos de los ciudadanos y privatización de lo público. La guerra no terminará si vais por ese camino.
Al resto de los partidos y a todos los parlamentarios. Clamad contra esta política opuesta al servicio público, luchad para regenerar la democracia. Invocad el espíritu de la transición democrática. Soy joven y mi cuerpo se estremece al ver a compañeros que vivieron la represión franquista cantar en estos días en nuestras manifestaciones “Libertad Sin Ira” y el himno de Andalucía.
Todos debemos ser ahora uno.
¡Viva Andalucía Libre!
Probablemente se trate del movimiento ciudadano independiente más grande habido en esta comunidad. Aunque nos tachen de estar movidos por el PP, CSIF, USTEA, etc. Como dicen los compañeros de Córdoba: aquí ¡todos somos uno! Independiente de nuestra afiliación sindical, política; seamos funcionarios, laborales o interinos, incluso seamos o no empleados públicos.
Este colectivo del que formo parte ha sufrido y callado el mayor desprestigio de un colectivo laboral desde que se instauró la autonomía. A la vez que sufríamos por la pérdida de competencias, se nos ponían cada más trabas para ser mínimamente eficaces, se nos injuriaba como el mal y no la solución. Todo formaba parte de una estrategia para conseguir politizar completamente a la sociedad partiendo de la Administración, que por otro lado ha ido pareja a una pérdida de la sensibilidad democrática del pueblo. El Decreto no arregla nada, salvo que pretende dar carta legal a los hechos consumados de crear una administración paralela que burla la intervención pública en lo económico y laboral y consagra el clientelismo político a escala global en la sociedad andaluza. Una red de nepotismo y corrupción que hundirá aún más a Andalucía mientras que la mayoría de los ciudadanos no entienden que esta pasando.
Por eso estas movilizaciones pueden ser muy importantes para abrir los ojos de los andaluces y andaluzas.
Claro está que el camino es largo. Piénsese que una parte de los medios de comunicación han hecho un seguidismo a la postura oficial, esto en el mejor de los casos. En otros casos directamente se ha manipulado la información como si ya hubiéramos caído tan bajo como nuestro vecino del sur. No se que me molesta más, que se diga que somos fascistas o que se diga que nos movilizamos en contra de los recortes salariales.
Mientras, la prensa que se hace eco de nuestras denuncias, es la otra, la del PP, y a la mayoría de los ciudadanos de izquierda le quedan las dudas y tiende si acaso a buscar el punto equidistante. En este caso, la equidistancia es entre la mentira y la realidad.
Al señor presidente de la Junta de Andalucía le diría que rectifique o pasará a la historia como el impulsor de la mayor infamia cometida contra el pueblo andaluz de la historia de la democracia con el agravante de que sería el último en reconocerlo.
Al Partido Socialista Obrero Español (y lo digo literal para remarcar el carácter socialista y obrero), a todos sus militantes. No seáis cómplices de esta insensatez, no se puede vender Andalucía por un puñado de colocados a dedo. No se puede gobernar para colocar a los tuyos en puestos de trabajo a costa de hundir en la miseria este país, no se puede corromper el principio básico de la democracia de la separación de poderes por asegurar el fututo de unos ineptos. No se puede mantener más al señor Griñán y su cohorte en el poder, pues en época de crisis deben de estar los mejores del partido y no auténticos ineptos que viven tan encerrados en el partidismo que a la hora de recortar el gasto público no se atreve a dejar en la calle a uno sólo de los 25.000 o 35.0000 puestos de la hipertrofiada administración paralela y para pagar este coste supletorio es capaz de enajenar el patrimonio de todos los andaluces vendiéndolo.
A UGT y CCOO les digo que han pervertido la lucha sindical obrera. Se han convertido en un grupo de vividores politizados que viven a costa de colocar a los suyos y holganacear mientras el barco de la Administración hace aguas por doquier. Se ponen en evidencia en complicidad con el PSOE al llamar fascistas a los que no toleramos su cierre a sus intereses particulares y contrarios a los públicos. ¿Acaso la izquierda olvidó como se genera el fascismo? Insensatos, el país está sumido en una crisis enorme, el caldo de cultivo perfecto para el fascismo y vosotros lo invocáis. Sois unos miserables.
Al resto de los sindicatos, independientes. Mucho cuidado, porque algunos parecen no querer aprender la lección de estas movilizaciones. Enteraros que estamos hartos, muy hartos de todos vosotros, de vuestra lucha por conseguir vivir a costa de nosotros sin que os importe lo público. Sois cómplices del intento de hundir nuestra dignidad, de la digitalización de la Administración, de todos los males por los que sufrimos, por eso nos sentimos orgullosos desde la plataforma defiendo mi derecho de decir que somos ¡realmente independientes de vosotros! Y eso sé que os asusta mucho. Temblad, esto sólo es el principio.
Al Partido Popular. Le quiero advertir que la mayoría del colectivo no pretende con nuestras manifestaciones traeros al poder, pues no votamos a vuestro partido. Aunque, si es necesario, sé que muchos votantes de izquierda serán capaces de hacer ese sacrificio si esto no da el giro esperado. Somos conscientes que es la política de la derecha europea la excusa para realizar estas medidas que suponen importantes recortes a los derechos de los ciudadanos y privatización de lo público. La guerra no terminará si vais por ese camino.
Al resto de los partidos y a todos los parlamentarios. Clamad contra esta política opuesta al servicio público, luchad para regenerar la democracia. Invocad el espíritu de la transición democrática. Soy joven y mi cuerpo se estremece al ver a compañeros que vivieron la represión franquista cantar en estos días en nuestras manifestaciones “Libertad Sin Ira” y el himno de Andalucía.
Todos debemos ser ahora uno.
¡Viva Andalucía Libre!
lunes, 8 de noviembre de 2010
UGT Y LA VENTA DE ANDALUCÍA
No puedo sentirme más indignado con la actuación del sindicato UGT en relación con el Decreto de Reordenación de la administración andaluza. Espero que la gente obrera y de izquierdas se den cuenta del mal que hace este sindicato a todos y todas los andaluces.
Para empezar presume de conseguir que se hagan fijos y equiparables a los funcionarios a 35.000 empleados de empresas, que en un 80% están a afiliados a UGT. Podemos imaginar como los contrataron. Un dato, la cámara de cuentas de Andalucía descubrió que en EGMASA, una de estas empresas públicas de medio ambiente, el 80% de los contratados no se le había exigido la demostración de la titulación por las que se les contrataba. Estos nuevos funcionarios laborales gracias al Decreto serán los que hagan casi todo el trabajo de la administración, dejando a los verdaderos funcionarios de lado, de hecho ya se pide a los funcionarios la renuncia voluntaria para pasar a ser subalternos de estos enchufados. Desde el punto de vista del empleo público es aberrante a más no poder, es lógico que miles de jóvenes opositores se estén movilizando junto a los empleados públicos. No se puede tolerar que tengan que echar por la borda años de mucho esfuerzo para que ahora no valga para nada. Se ha de recordar que el funcionario de carrera tiene su empleo indefino por dos motivos: porque ha superado unas pruebas en igualdad de condiciones según merito y capacidad, porque ha de ser independiente del poder político, de lo contrario los funcionarios cambiarían con los gobiernos. Por eso es una aberración lo que pretende UGT.
Pero lo más me indigna de estos señores es que nos insulten llamándonos fascistas y que digan que buscan una mejor administración, más transparente y eficaz.
Justamente son ellos, UGT, CCOO y el Gobierno de Andalucía los que se comportan de manera muy poco democrática y contraria a los intereses del pueblo andaluz y la democracia. Y si me apuran, bajo principios rotundamente contrarios al socialismo.
Por otro lado la firma del acuerdo es un esperpento, dado que no vale para nada ya que demasiado es que el Gobierno cambie la Administración por Decreto para que además algunos sindicatos pretendan también dictar decretos. El acuerdo, en la practica no vale para nada, es papel mojado. Y esto lo ha reconocido la misma Junta.
Dejando de lado que estos sindicatos han colaborado en destruir la administración independiente y dejan con el Decreto las puertas abiertas a todo tipo de corruptelas, clientelismos y chanchulllos tercermundistas. El ciudadano debe saber qué se mueve en todo esto en estos tiempos de crisis. UGT con CCOO son cómplices del mayor robo al pueblo andaluz desde el inicio del actual período democrático. En lugar de reducir el coste de la administración pública, funcionariza a las empresas públicas incrementando en 35.000 el número de empleados fijos. Pero hay mucho más. Las empresas públicas consumen el 60% del gasto de todo el aparato administrativo y tienen un agujero económico considerable y desconocido para el pueblo andaluz y puede que incluso para la misma consejera de Hacienda, dado que no hace mucho reconoció desconocer cuantas eran. De hecho el dato de 35,000 empleados ha sido sorprendente y novedoso, pues se estimaban que eran 10.000 menos. Sin duda UGT conoce mejor que la Consejera el entramado de Empresas, fundaciones y demás entes público-privados. Un ejemplo que pone a las claras el mayor riesgo de esta nueva administración paralela: la falta de transparencia. Se comenta que este agujero contable puede ser tan grande que este poniendo en serios aprietos al Gobierno que presume de una deuda mucho menor y ello ha motivado que desesperadamente se realice la venta de numerosos edificios de la Junta de Andalucía para tener liquidez y salir al paso pero dejando a todos los andaluces sin parte de nuestro patrimonio.
En realidad lo que se pretende hacer es una chapuza más marcada por este desprecio a lo público de este Gobierno a la que no nos terminamos de acostumbrar. La venta de estos inmuebles se hace a dos de estas empresas públicas, luego el uso del inmueble (básicamente son sedes de consejerías) continuaría, pero pagándose un alquiler. Para que los entes instrumentales puedan adquirir estos edificios necesitan de obtener los créditos suficientes de entidades bancarias.
En resumidas cuentas, como ha aparecido en la prensa, lo que busca la Junta es burlar la ley y en particular la obligación de no endeudarse más, dejando en apariencia que obtiene liquidez mientras que las que se endeudan aún más son las empresas públicas de su administración paralela. Las mismas, que si nada lo remedia por el arte del Señor Griñán, pasarán a controlar toda la Administración de la Junta de Andalucía a partir del 1 de enero del 2011, cuando entre en vigor el Decretazo.
Para empezar presume de conseguir que se hagan fijos y equiparables a los funcionarios a 35.000 empleados de empresas, que en un 80% están a afiliados a UGT. Podemos imaginar como los contrataron. Un dato, la cámara de cuentas de Andalucía descubrió que en EGMASA, una de estas empresas públicas de medio ambiente, el 80% de los contratados no se le había exigido la demostración de la titulación por las que se les contrataba. Estos nuevos funcionarios laborales gracias al Decreto serán los que hagan casi todo el trabajo de la administración, dejando a los verdaderos funcionarios de lado, de hecho ya se pide a los funcionarios la renuncia voluntaria para pasar a ser subalternos de estos enchufados. Desde el punto de vista del empleo público es aberrante a más no poder, es lógico que miles de jóvenes opositores se estén movilizando junto a los empleados públicos. No se puede tolerar que tengan que echar por la borda años de mucho esfuerzo para que ahora no valga para nada. Se ha de recordar que el funcionario de carrera tiene su empleo indefino por dos motivos: porque ha superado unas pruebas en igualdad de condiciones según merito y capacidad, porque ha de ser independiente del poder político, de lo contrario los funcionarios cambiarían con los gobiernos. Por eso es una aberración lo que pretende UGT.
Pero lo más me indigna de estos señores es que nos insulten llamándonos fascistas y que digan que buscan una mejor administración, más transparente y eficaz.
Justamente son ellos, UGT, CCOO y el Gobierno de Andalucía los que se comportan de manera muy poco democrática y contraria a los intereses del pueblo andaluz y la democracia. Y si me apuran, bajo principios rotundamente contrarios al socialismo.
Por otro lado la firma del acuerdo es un esperpento, dado que no vale para nada ya que demasiado es que el Gobierno cambie la Administración por Decreto para que además algunos sindicatos pretendan también dictar decretos. El acuerdo, en la practica no vale para nada, es papel mojado. Y esto lo ha reconocido la misma Junta.
Dejando de lado que estos sindicatos han colaborado en destruir la administración independiente y dejan con el Decreto las puertas abiertas a todo tipo de corruptelas, clientelismos y chanchulllos tercermundistas. El ciudadano debe saber qué se mueve en todo esto en estos tiempos de crisis. UGT con CCOO son cómplices del mayor robo al pueblo andaluz desde el inicio del actual período democrático. En lugar de reducir el coste de la administración pública, funcionariza a las empresas públicas incrementando en 35.000 el número de empleados fijos. Pero hay mucho más. Las empresas públicas consumen el 60% del gasto de todo el aparato administrativo y tienen un agujero económico considerable y desconocido para el pueblo andaluz y puede que incluso para la misma consejera de Hacienda, dado que no hace mucho reconoció desconocer cuantas eran. De hecho el dato de 35,000 empleados ha sido sorprendente y novedoso, pues se estimaban que eran 10.000 menos. Sin duda UGT conoce mejor que la Consejera el entramado de Empresas, fundaciones y demás entes público-privados. Un ejemplo que pone a las claras el mayor riesgo de esta nueva administración paralela: la falta de transparencia. Se comenta que este agujero contable puede ser tan grande que este poniendo en serios aprietos al Gobierno que presume de una deuda mucho menor y ello ha motivado que desesperadamente se realice la venta de numerosos edificios de la Junta de Andalucía para tener liquidez y salir al paso pero dejando a todos los andaluces sin parte de nuestro patrimonio.
En realidad lo que se pretende hacer es una chapuza más marcada por este desprecio a lo público de este Gobierno a la que no nos terminamos de acostumbrar. La venta de estos inmuebles se hace a dos de estas empresas públicas, luego el uso del inmueble (básicamente son sedes de consejerías) continuaría, pero pagándose un alquiler. Para que los entes instrumentales puedan adquirir estos edificios necesitan de obtener los créditos suficientes de entidades bancarias.
En resumidas cuentas, como ha aparecido en la prensa, lo que busca la Junta es burlar la ley y en particular la obligación de no endeudarse más, dejando en apariencia que obtiene liquidez mientras que las que se endeudan aún más son las empresas públicas de su administración paralela. Las mismas, que si nada lo remedia por el arte del Señor Griñán, pasarán a controlar toda la Administración de la Junta de Andalucía a partir del 1 de enero del 2011, cuando entre en vigor el Decretazo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)