ANDALUCÍA GRANDE Y LIBRE

Con el cambio de modelo de estado que traerá la Constitución Española aparecerán nuevas administraciones y cambios importantes dentro de ellas. Como se ha puesto de manifiesto con ocasión de la crisis actual, una de las consecuencias es el fuerte incremento de la maquinaria administrativa y un enorme gasto acelerado por las ayudas y subvenciones europeas.

En relación con esto último aparece un fenómeno imposible en la época franquista, la adaptación de esta maquinaria para aumentar no la eficacia de los recursos propios sino los ajenos, esos que llegan con fondos europeos. En la búsqueda de esta “eficacia” se crean medios propios más adaptados para hacer circular el dinero: las empresas públicas.

Ahora ¿en que se diferencian estas empresas públicas de las franquistas?

El periodo franquista, cerrado en la autarquía económica, bajo el control de un poder único trajo consigo una importante intervención del gobierno en la economía a través de la creación de numerosas empresas públicas. De esta manera el poder del gobierno de Franco se aseguraba además del control de la Administración (obviamente, era una dictadura) parte del control de la economía. En la década de los 80 y especialmente desde la entrada de nuestro país en la CEE se plantea tanto por la derecha como por la izquierda la necesidad de privatizar estas empresas para soltar lastre y dejar en el mercado lo que pertenece al mercado. Podríamos decir que en el caso andaluz, asentado el poder en un único partido desde entonces, aparece una voluntad del PSOE en tomar el control de la administración. Resulta pues paradójico viniendo de un partido democrático el dar esta marcha atrás. Para ello se crean numerosas empresas públicas, en un principio de corte parecido a las franquistas, meramente empresariales, pero ahora el señor Griñán da un radical vuelta de tuerca y al parecerle poca cosa ésta, decide como si pretendiera emular al gobierno del Generalísimo o mejor como si se tratara de una economía planificada hacerlas administración transformándolas en agencias públicas.
Realmente es innovador este señor Griñan, su idea de la política se parece bastante a la del Gobierno Chino. No es de extrañar, es el país de moda. Chávez dijo que seriamos la California de Europa, Griñan debería decir que seremos la Shandong o la Fujian de Europa.
En todo esto hay dos consecuencias, una económica:
Desde la creación de la Unión Europea la economía viene marcada por el liberalismo, esto ha traído consigo una potenciación de la privatización y también una exigencia de recorte de los gastos públicos. En el caso andaluz se ha encontrado la perversa fórmula para aumentar exageradamente el gasto público sin que Europa nos pusiera una falta, convirtiendo ese gasto en inversión pública a través de la creación de las empresas públicas. En la práctica se consigue mayor control del gobierno (menos del Parlamento) y mucha menos transparencia que con la administración.

Otra política:
Todos los cargos y el personal técnico es contratado a dedo. En la práctica es un control del partido, dado que los gobiernos cambian, pero no el partido que gobierna. Además de enchufar a los suyos, estas poderosas empresas extienden sus tentáculos a todo el espectro económico, creándose así un círculo muy vicioso, en el que el partido llega a todos los aspectos de la vida económica a través de las empresas públicas.

Ya, deben pensar que sólo les queda aniquilar el poquito poder decisorio que le quedan a esos funcionarios de carrera que no han sido enchufados y que según parece molestan porque ponen impedimentos legales para que puedan manejar con total soltura el dinero del contribuyente. Y esto que ya era difícil encontrar funcionarios realmente dispuestos a evitar este manejo de lo público deshonesto y que puede llevar fácilmente a la corrupción, pues las armas legales son poderosas para comprar a los funcionarios con puesto de libre designación (a dedo) con mejores sueldos y la palmadita en la espalda como premios, lo contrario es correr el riesgo de sufrir el acoso moral o mobbing.

Según el artículo 103 de la Constitución, la Administración Pública de España sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

¿Se parece realmente a estos preceptos el modelo de la administración andaluza?

Obviamente este no es el modelo. Incluso el modelo preconstitucional separaba la administración pública de las empresas públicas. El modelo Griñan las junta y pretende que se confundan. En un primer paso se crean numerosas empresas públicas, con lo cual está haciendo una política económica intervencionista; en un segundo paso las empresas totalmente controladas por el PSOE, toman el poder en la administración dejando de lado los principios de independencia de los funcionarios de carrera.
No es eficaz: Frecuentemente estos paticortos políticos confunden cantidad con calidad, y quieren vendernos las inversiones al peso. El sistema generado tiene tantas pérdidas como la administración de una república bananera de tercera, ya que se duplica o triplica, según los casos, el gasto público convertido eso sí en “brillante inversión”.
No es eficaz, porque esta mal dotado de medios y no se forma a sus técnicos, con la aquiescencia de los sindicatos mayoritarios que manejan millones de euros en formación cutre y a veces incluso ridícula, como cursos de cocina para funcionarios.

No es eficaz porque la provisión de puestos en la Relación de Puestos de Trabajo se realiza a través de artículos 30 ad-hoc para colocar al que les interesa o en los concursos porque se valora la antigüedad y los cursos chorras de los sindicatos únicamente. La valía técnica no se tiene en cuenta. Cuanto menos preparado, aburrido y desfasado este un funcionario mejor.
Se ha perdido la jerarquía: La administración se ha Deconstruido como una tortilla de patatas en manos de Ferra Adria. Una administración superpuesta de personal no funcionario de empresas públicas toma las decisiones por encima del organigrama de la administración.
Los puestos técnicos funcionarios con capacidad de decisión no son cubiertos por meritos en concurso, sino puestos a dedo.
El modelo es centralista, dado que pasa de tener capacidad de decisión autónoma de la provincia en ciertos temas a que sean controlados por la empresa pública que se rige por una única cúpula desde Sevilla con conexión directa a los barones del partido.
Hay una clara concentración de poder, de unos que ni siquiera han sido votados por el pueblo.
No puede existir verdadera coordinación sino imposición al crearse esta trama poderosa que se superpone a la verdadera administración.

GRIÑÁN SACA PARTIDO A LA CRISIS

Después del decreto ley que bajó el sueldo a los funcionarios aparece Griñan con otro decreto ley para aprovechar las aguas de este río revuelto de crisis económica y euforia nacional futbolera. Se han desatado las ansias del poder, se ha roto definitivamente el estado social en Andalucía.

Este decreto ley, quiere colarse por la puerta trasera por su carácter de urgencia, pretende “solucionar los problemas económicos” (y otros) de la Junta de Andalucía por los mismos y únicos responsables de su lamentable estado.

Esta administración ha engordado el gasto creando una administración paralela de empresas públicas que trabajan con personal contratado a dedo que realiza un trabajo superpuesto al de los funcionarios públicos.

Esta administración ha retrocedido a épocas pasadas al volver a centralizar a la administración y reducir la toma de decisiones a la cabeza del partido.

El señor Grinán, ha dado un paso más en menoscabo de la separación de poderes al confundir su Partido con el Gobierno y a la Administración de la Junta con el Gobierno. En definitiva, la aberración de dejar que sean los intereses personales que medran desde hace lustros en el PSOE los que dirijan a la Administración de la Junta.

Vuelve a hacerse realidad la desdichada política del enchufe para miles de funcionarios y opositores que con su esfuerzo buscan un puesto de trabajo y observan que hay muchos miles de colocados a dedo según ha denunciado la Cámara de Cuentas, que podrían pasar a ser personal laboral de la Junta, eludiendo pruebas y exámenes y favoreciendo de ese modo los intereses políticos de quienes los colocaron y a los que no se le aplica la reducción del 5% de la masa salarial.


El Decreto-Ley se fundamenta en tres ideas. La primera la redefinición de las tipologías de Agencias Públicas en atención a los modos de gestión de las mismas. En segundo lugar se incrementa la "gobernanza" de la Junta sobre determinadas decisiones estratégicas de las entidades instrumentales, esencialmente la adquisición de participaciones minoritarias en otras entidades públicas o privadas, la participación en asociaciones empresariales de diversa índole, sean o no personificadas y la política inmobiliaria. En tercer lugar se crean, modifican o extinguen las correspondientes Agencias Públicas a partir de las preexistentes entidades instrumentales, públicas o privadas.

El Decreto-Ley crea 8 Agencias Empresariales que son:

1.- Agencia de Servicios Sociales y dependencia en Andalucía. Esta agencia integrará la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y la Fundación Andaluza para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social.

2.- La Agencia Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, que subroga a la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria y a la que se le adscriben la sociedad Talentia y el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía.

3.- Agencia Pública de Obra Pública de la Junta de Andalucía, que integrará Gestión de infraestructuras de Andalucía S.A. (GEIASA) y Ferrocarriles Andaluces.

4.- Agencia de Régimen Especial del Servicio Andaluz de Empleo. Subroga a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo y al propio Servicio Andaluz de Empleo.

5.- Agencia Pública Empresarial Sanitaria Pública de Andalucía. Se adscriben a ella las Empresas Públicas Hospital Costa del Sol, Hospital de Poniente de Almería, Hospital Alto Guadalquivir, Empresa Pública Sanitaria del Bajo Guadalquivir. Esta Agencia gestionará los CHARE (Centros Hospitalarios de Alta Resolución).

6- Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía que subroga a la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero S.A. (DAPSA) y se extingue el IARA (Instituto Andaluz de Reforma Agraria) y las Cámaras Agrarias.

7.- Agencia Andaluza de las Instituciones Culturales que subroga el Instituto Andaluz de las Artes y las Letras, el Patronato de la Alhambra y Generalife y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Finalmente la Junta parece que ha optado por no integrar finalmente en esta Agencia al Patronato de la Alhambra y el Generalife.

8.- Agencia de Medio Ambiente y del Agua que subroga a la Empresa Pública de Gestión Medioambiental S.A. (EGMASA) y parte de la actual Agencia del Agua.

En cuanto al régimen de integración del personal, el borrador del Decreto Ley indica que se aplicarán las siguientes reglas:

a) El personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía permanecerá en la situación de servicio activo en su Cuerpo o Especialidad.
b) El personal laboral procedente de las entidades suprimidas se integrará en la nueva entidad resultante de acuerdo con las normas reguladoras de sucesión de empresas. Aquí es donde los sindicatos de funcionarios temen la "regularización masiva" de personal que no ha pasado pruebas de acceso a la Administración Púbica.
c) Los convenios colectivos aplicables a las entidades extinguidas o transformadas seguirán rigiendo los derechos y obligaciones del personal laboral procedente de dichas entidades, en tanto se apruebe un nuevo convenio aplicable al mismo.

En base a todo esto queda en el aire la posible integración de este personal como personal laboral de la Junta de Andalucía. Conviene recordar que estos trabajadores han sido contratados directamente a través de estos entes públicos sin superar ningún tipo de oposición ni concurso. El personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía consideraría un verdadero “casus belli” la entrada por la puerta de atrás, aprovechando un Decreto-Ley, la integración de este personal en su convenio colectivo.

Por otro lado, conviene recordar que el endeudamiento de las empresas públicas en manos de la Junta de Andalucía aumentó un 103,7% en el primer trimestre de 2010 en relación con el mismo período de 2009, hasta los 379 millones de euros, según datos del Banco de España difundidos el pasado mes de junio.

Si con esta actuación la gallina, temiendo un inminente vuelco electoral en las próximas elecciones, pretende dejar bien colocados a sus polluelos (a la vez que deja una envenenada herencia para el siguiente) está haciendo un flaco favor a Andalucía, pues el próximo que llegue, si no puede dar marcha atrás aplicará la misma política. Y para ningunear a estas agencias se crearan otras nuevas aumentando aun más la administración para colocar a su gente y poder controlar políticamente la toma de decisiones de la administración.

¿Qué somos? ¿Un país de locos o de estúpidos?

El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente.

No se me quita de la cabeza esa cita…