Finlandia ha sido reconocida internacionalmente como la nación menos corrupta del planeta, una parte de ese logro recae en la estricta moralidad imperante en el país, a pesar de ello, y para facilitar la transparencia, también cuenta con un conjunto de principios enfocados a evitar el abuso de poder y que son insólitos en la cultura española. Esta es la manera con la que Finlandia lucha contra la corrupción:
PRIMERO: En Finlandia cualquier compra que realicen las Administraciones Públicas, desde un edificio hasta un bolígrafo, ha de estar ejecutada a precios de mercado e incluir, necesariamente, tres ofertas de proveedores distintos, para poder elegir la más baja. No es legal, admisible ni justificable el pago de 100 euros por un cartucho de impresora o de 1000 por una silla aunque las facturas sean correctas. Ejemplos ambos acaecidos en España y que la justicia no pudo castigar.
SEGUNDO: Principio de transparencia total de las Administraciones públicas. Cualquier decisión tomada por un funcionario público dentro del desempeño de su profesión (excepto las relacionadas con la seguridad) puede ser conocida por el resto de ciudadanos. Nadie puede negarse a satisfacer las necesidades de información no solo de los periodistas sino de los votantes. Debido a ello actuaciones contra esa norma (como ésta) son no solo contrarias a la ética sino ilegales.
TERCERO: Principio de transparencia total en las cuentas de los ciudadanos. Los fineses pueden saber cuales son los ingresos declarados de todos los residentes en el país, ya se trate de una persona que cobre el desempleo, del artista de mayor éxito de la nación o del CEO de Nokia.
El equivalente peninsular permitiría conocer las cuentas no solo empresariales sino personales de Emilio Botín, Arturo Pérez Reverte, Felipe González, José María Aznar, Adolfo Domínguez o cada uno de los vecinos de Madrid.
CUARTO: Ausencia de alcaldes: El gobierno de los municipios en Finlandia recae en "City managers", es decir, en funcionarios públicos con experiencia en la administración de entidades de esa índole. Así pues el ciudadano puede distinguir con claridad que la persona al mando es alguien supeditado a los votantes y que puede ser despedido o reemplazado por el Consejo municipal (el órgano elegido en las urnas y que ostenta la soberanía popular). Helsinki es la excepción a este modelo.
QUINTO: Ausencia de cargos de designación política: En Finlandia los secretarios de Estado son funcionarios de carrera que alcanzan el puesto superando pruebas objetivas en lugar de por designación partitocrática. En 2005 se realiza una remodelación del sistema para permitir a las organizaciones políticas el poder elegir a los Secretarios de Estado, aun así muchos de ellos siguen siendo en la actualidad trabajadores públicos ascendidos por méritos propios.
SEXTO: Estructura de poder colegiada: La corrupción se extiende con mayor facilidad cuando el poder se concentra solo en un individuo, es por ello que en Finlandia se promueve la toma de decisiones mediante el debate y el consenso. Al igual que el organo político principal de las ciudades es el Consejo municipal (el alcalde solo es un trabajador público) el Consejo de ministros tiene mayor capacidad de poder que el Presidente de la República.
SÉPTIMO: Principio de acceso libre al poder. La posibilidad de convertirse en un miembro de alto rango de la administración y los ministrerios fineses no recae en una élite intelectual formada en Instituciones de enseñanza concretas (como en Francia) tampoco en personas que puedan atraer la inversión de diferentes empresas para sufragar sus campañas (ejemplo de Estados Unidos) o en ciudadanos adscitos a organizaciones políticas que ascienden por los méritos internos dentro de su organización (caso español). En Finlandia los puestos son cubiertos por funcionarios públicos (siguiendo un baremo meritocrático) y cuya carrera está abierta a todos los fineses. El país evita, por tanto, tener que acudir a un modelo como el de España dónde los cargos de libre designación del gobierno (elegidos ideológicamente) reciben 200.488 euros anuales y se multiplican de manera oscura por todas las administraciones.
OCTAVO: Principio de proporcionalidad en el castigo. La cuantía de las multas por violar las normas suele ser proporcional a los ingresos de los individuos y las empresas. En 2001 Anssi Vanjoki, alto ejecutivo de Nokia, fue considerado culpable de conducción temeraria por romper los límites de velocidad a los mandos de su Harley Davidson imponiéndosele por ello una multa por el equivalente a 104.000 dólares de la época. Este principio de proporcionalidad en el castigo, junto a la marca social que lleva el estar envuelto en un caso de corrupción, actúa de forma extremadamente disuasoria ante posibles tentaciones para cruzar el límite de la legalidad
martes, 23 de noviembre de 2010
lunes, 22 de noviembre de 2010
LA GRAN REBELIÓN
El filósofo José Antonio Rodríguez Tous ha escrito lo que sigue en El Mundo: LOS IDEADORES de la movilización permanente de funcionarios contra el decreto 5/10 -el de la funcionarización by the face de los trabajadores de la administración paralela de la Junta- son dignos de encomio.
Ignoro quiénes son. Imagino que pertenecen a esa élite meritocrática de la administración autonómica ninguneada por sus jefecillos políticos. Debe ser muy duro obtener por oposición una plaza de alto funcionario y recalar en un negociado donde el que manda carece de estudios superiores, o de experiencia profesional específica o, simplemente, de talento. Muchos de ellos han trabajado y trabajan tragándose sus principios y mordiéndose la lengua. Y es que al contestatario se lo condenaba hasta ahora al ostracismo, es decir, a la nada profesional, al despacho-zulo, a la mesa vacía, a la invisibilidad. Hasta ahora.
Los incansables rebeldes han optado desde el principio por la simplicidad: sólo exigen que el decreto 5/10 sea derogado. Intentando conjurar esta gran rebelión, Griñán ha depuesto al responsable del engendro legislativo, ha propiciado una negociación fantasmagórica con los sindicatos áulicos, ha recurrido a la teoría
conspiratoria y ha abusado de las descalificaciones soeces. Todo en vano. Casi
tres meses después de la aprobación del decreto, la movilización no ha decrecido. Al contrario: la manifestación del pasado sábado en Sevilla tuvo un éxito abrumador, incontestable. Griñán ha perdido, además, la batalla propagandística: el decreto no es el del ahorro presupuestario, ni el de la modernización de la Función Pública. Es el decreto del enchufismo. A mediodía del sábado aún colgaban de las verjas de los jardines del Parlamento docenas de enchufes baratos, de esos que se compran por menos de un euro en las tiendas de los chinos. No cabe mayor concisión gráfica, ni mayor impacto simbólico. El enchufe cutre ha sido convertido en el nuevo e infamante logo de la Junta.
Los insurrectos han asfaltado un camino que, hace dos años, abrieron los profesores de bachillerato andaluces: el de la protesta ciudadana elemental, el de la democracia entendida como rebelión colectiva contra los abusos de poder. Los profesores rechazaron masivamente el Plan de Calidad Educativa, es decir, una bufanda de 6.000 euros a cambio de aumentar el número de aprobados. Hoy están siendo castigados con el desarrollo del ROC, el nuevo reglamento de organización de centros que convertirá a muchos directores en comisarios políticos. Los funcionarios disidentes no correrán la misma suerte. Su movilización, a diferencia de la que
propició aquel fallido plan, no es discontinua ni efímera. Han descubierto la
virtud de la perseverancia, del no pasarán. No cejan, no dan tregua, no se dejan
engatusar. Y lo más meritorio de todo: ya no tienen miedo.
José Antonio Rodríguez Tous
Ignoro quiénes son. Imagino que pertenecen a esa élite meritocrática de la administración autonómica ninguneada por sus jefecillos políticos. Debe ser muy duro obtener por oposición una plaza de alto funcionario y recalar en un negociado donde el que manda carece de estudios superiores, o de experiencia profesional específica o, simplemente, de talento. Muchos de ellos han trabajado y trabajan tragándose sus principios y mordiéndose la lengua. Y es que al contestatario se lo condenaba hasta ahora al ostracismo, es decir, a la nada profesional, al despacho-zulo, a la mesa vacía, a la invisibilidad. Hasta ahora.
Los incansables rebeldes han optado desde el principio por la simplicidad: sólo exigen que el decreto 5/10 sea derogado. Intentando conjurar esta gran rebelión, Griñán ha depuesto al responsable del engendro legislativo, ha propiciado una negociación fantasmagórica con los sindicatos áulicos, ha recurrido a la teoría
conspiratoria y ha abusado de las descalificaciones soeces. Todo en vano. Casi
tres meses después de la aprobación del decreto, la movilización no ha decrecido. Al contrario: la manifestación del pasado sábado en Sevilla tuvo un éxito abrumador, incontestable. Griñán ha perdido, además, la batalla propagandística: el decreto no es el del ahorro presupuestario, ni el de la modernización de la Función Pública. Es el decreto del enchufismo. A mediodía del sábado aún colgaban de las verjas de los jardines del Parlamento docenas de enchufes baratos, de esos que se compran por menos de un euro en las tiendas de los chinos. No cabe mayor concisión gráfica, ni mayor impacto simbólico. El enchufe cutre ha sido convertido en el nuevo e infamante logo de la Junta.
Los insurrectos han asfaltado un camino que, hace dos años, abrieron los profesores de bachillerato andaluces: el de la protesta ciudadana elemental, el de la democracia entendida como rebelión colectiva contra los abusos de poder. Los profesores rechazaron masivamente el Plan de Calidad Educativa, es decir, una bufanda de 6.000 euros a cambio de aumentar el número de aprobados. Hoy están siendo castigados con el desarrollo del ROC, el nuevo reglamento de organización de centros que convertirá a muchos directores en comisarios políticos. Los funcionarios disidentes no correrán la misma suerte. Su movilización, a diferencia de la que
propició aquel fallido plan, no es discontinua ni efímera. Han descubierto la
virtud de la perseverancia, del no pasarán. No cejan, no dan tregua, no se dejan
engatusar. Y lo más meritorio de todo: ya no tienen miedo.
José Antonio Rodríguez Tous
sábado, 20 de noviembre de 2010
STATUS CUCO
STATUS CUCO
El título de esta entrada se entenderá más si les digo que el cuco es un ave parásita que pone sus huevos en los nidos de otras aves, con el fin de ahorrarse el esfuerzo de construir un nido y criar sus propios pollos. La pillería de este pájaro va más allá, y su pollo se encarga de eliminar a los legítimos ocupantes del nido (ya sea en forma de huevo o pollo). La imagen en el estadio final del pirata cuco es grotesca: un enorme pájaro que no cabe en el nido, insaciable, alimentado por dos diminutos padres adoptivos.
Si les hablo de la administración paralela en Andalucía, entenderán la analogía.
Lo siguiente lo ha escrito un funcionario que se dice "de izquierdas":
El cuco ya ha crecido y el Gobierno cuida mucho de ocultarlo. Se da a entender que la reforma viene condicionada por la crisis y se omite decir que lo que se pretende es legalizar el estado actual de las cosas tras algunos reverses en los tribunales: el actual status quo de la Administación paralela.
Dejando claro que los culpables del lamentable estado de la administración pública andaluza son, aunque desigualmente, tanto los partidos políticos como los sindicatos y empleados públicos, resulta especialmente llamativo (por el momento me ahorro calificativos) el papel que han tenido los dos sindicatos autocalificados de clase UGT y CCOO.
Como se recuerda en estos días en diferentes artículos de prensa y foros de la red la historia de esta infamia es tan larga como el gobierno socialista en Andalucía, el Decreto que ha llevado a la rebelión de los empleados públicos no es más que la gota que colmó el vaso. El abuso ahora se convierte en algo pleno, y se le que quiere dotar de legalidad. En esto, el papel de los sindicatos aludidos ha sido a veces de acompañamiento de la estrategia política y me parece que algunas veces los principales impulsores del estado actual. Desentrañemos que es lo que ha pasado.
En su concepto de clase han degenerado el concepto de empleado público hasta el límite del absurdo. Resulta contradictorio que ahora pongan pegas a la iniciativa del Sr. Chavez de aplicar medidas para hacer que los funcionarios cobren según su productividad. Me explicaré. Para empezar, el concepto de empleado público de estos sindicatos no tiene nada que ver con el de la función pública, a lo largo de los años han ido generando un sistema en el que al funcionario se le reconocían los derechos laborales de un obrero, los sindicatos sólo estuvieron preocupados por que tuviéramos menos horas para trabajar, más tiempo para desayunar, más flexibilidad horaria, mas ayudas para estudiar, para pagar al dentista, el piso, o los estudios de los hijos, etc. Del resto nada. ¿Acaso se nos permite a los funcionarios de la Administración General de la Junta optar a trabajar más horas para tener un sueldo más decente? ¿Acaso se nos tiene en cuenta a la hora de planificar el trabajo? ¿Acaso no somos los funcionarios los primeros que sufrimos y nos quejamos de que se permita que un compañero pueda no hacer su trabajo? Yo quisiera que se castigara a los que no hacen su trabajo, pues carga de trabajo a los compañeros y perjudica nuestra imagen. Yo preferiría trabajar todas las tardes y tener un sueldo equiparable al de la empresa privada o al de compañeros de Diputación o Ayuntamientos que duplican o triplican mis ingresos.
Mientras controlaban la contratación del personal en las empresas públicas que acaparaban todas las labores que implicaran gasto público, permitieron que en los mismos despachos de las distintas Consejerías fueran proliferando externos contratados como asesorías técnicas que usurpaban mesa, equipos y el trabajo regulado en la RPT de funcionarios. Ante esto UGT y CCCO mostraron permanentemente una postura de perfil, dado que cualquier queja de un técnico de la Administración era vista como la de alguien que reclama privilegios que “no son de clase”.
De esta forma la Administración se ha ido laboralizando al perder de contenido la Relación de Puestos de Trabajo de los Funcionarios.
Adentrándonos más en ello vemos que mientras que la Administración crecía en competencias, surgían nuevas consejerías, servicios y departamentos, el número de funcionarios se mantenía bajo mínimos. Hasta llegar al absurdo de que ahora existan departamentos sin jefe de departamento o jefes de departamentos sin personal a su cargo. Las figuras del puesto desdotado y del puesto ocupado provisionalmente se ha ido extendiendo. El último caso (llamado artículo 30) se llegó utilizar como premio, dado que permitía traslados o sueldos superiores. A veces la situación era circense, dado que el funcionario que había ganado por concurso de méritos el puesto X sin embargo hacía por artículo 30 el puesto Y, mientras que el Z hacía el X y así sucesivamente. Todo esto con el agravante de que las titulaciones en los últimos años han perdido validez, por lo que es igual ser ingeniero agrónomo o industrial, abogado o licenciado en biología. ¿Se imaginan esto en la sanidad? ¿Podría operarles de cataratas un ginecólogo o un radiólogo?
De hecho, en los concursos de méritos se ha perdido la valoración del mérito técnico o científico completamente. Lo que choca con la definición técnica de los puestos de la RPT y la existencia de cuerpos de funcionarios con titulaciones académicas técnicas o científicas bien definidas, que aprobaron unas oposiciones en las que se le exigió un altísimo nivel de conocimientos en su ramo, que posteriormente no es aprovechada en absoluto, más bien al contrario, pues la posibilidad de formación es nula.
Queda así también desdotada la carrera de los funcionarios del grupo A (titulados universitarios). Para aspirar a los puestos superiores no pueden depender de su conocimiento, ni siquiera experiencia, sino del enchufe. Los puestos superiores son todos PLDs (puestos de libre designación), se ha dado el caso que se han nombrado jefes de servicio recién aprobadas unas oposiciones ¡esto es dar el pelotazo!
Para lo demás están los concursos de méritos. Meritocracia laboral “de clase” como se verá:
No se valoran los conocimientos científicos ni técnicos, trabajos de investigación, artículos publicados en revistas especializadas, cursos de universidades…
Se valora la antigüedad (se premia el haber quedado desfasado y completamente desmotivado)
Se valoran los cursos de los sindicatos que son los mismos para un administrativo que para un Arquitecto: de informática básica, lenguaje no sexista o inteligencia emocional, por ejemplo.
Por último, el concurso en si mismo es completamente arbitrario. Para empezar es todo… menos transparente, pues en unas provincias se valora una cosa y en otras no se hace esa valoración; aún peor, depende del jurado del concurso controlado por puestos de libre designación políticos y sindicatos. Frecuentemente, a un funcionario se le ha valorado un mérito y a otro no. Incluso se ha llegado a impedir el concurso interpretando erróneamente la norma a los nuevos funcionarios. Rellenar las solicitudes para el nuevo funcionario es el mayor de los galimatías, algo increíblemente enrevesado y absurdo. El error del novato es ser justo al valorarse pues al final te castigan quitando pero nunca dándote, aunque sea de justicia. Por otro lado, como suele ocurrir en la Administración, si te consideras tratado injustamente, las posibilidades de que admitan tus alegaciones resultan utópicas. Irte al Contencioso administrativo puede darte la razón, pero no te salvará de ver que otro se quedo con el puesto al que aspirabas quizá de por vida, por lo que suele abundar es la resignación.
Resignación, rabia contenida que ha explotado ahora. El que haya leído hasta ahora entenderá el porqué en las movilizaciones los funcionarios han evitado a los sindicatos. Son muchas heridas abiertas.
Se comprenderá ahora el orgullo del sindicalismo de clase, al imponerse condiciones laborales a los funcionarios que tienen potestades administrativas. En este verdadero asalto a la función pública, los sindicatos de clase pretenden finalmente que se igualen a laborales todos los empleados públicos con capacidades técnicas. El Decreto prevé que los funcionarios pasen a las Agencias Empresariales no como funcionarios, sino como laborales, compartiendo el espacio con los laboralizados de las empresas públicas, algunos (altos cargos) colocados por el partido y que serian los nuevos jefes y otros que entraron de la mano principalmente de UGT.
La rebelión de los funcionarios contra este cúmulo de despropósitos ha puesto a cada uno en su sitio, lo cual es muy clarificador:
El Gobierno, temeroso sin duda por la situación, se muestra en apariencia dialogante y comprensivo. Pero el mensaje clave es el de que los empleados públicos “no han entendido el Decreto”. Este obstinado mensaje es una clara muestra de lo cortos que son nuestros gobernantes, pues en los oídos de funcionarios que manejan a diario leyes es muy ofensivo. Tienen suerte de que muchos piensen que estamos gobernados por ineptos, así el cabreo es menor que si consideras que te insultan. De hecho nunca como hasta ahora se está poniendo de manifiesto el paralelismo entre el concepto político-digital de la Administración y en contra de méritos objetivos y académicos como lo es viendo el Gobierno y su cargos públicos con personajes escasamente cualificados, a veces sin titulación alguna, que ejercen su autoridad y desprecio sobre funcionarios con carrera universitaria y con demostrada capacidad y méritos conseguidos en condiciones de igualdad, libre concurrencia, publicidad y transparencia. Además esto lleva a una verdadera desordenación de la administración pública, en la que todo, desde la disposición de los servicios, oficinas, material, sistemas informáticos etc., es un auténtico desastre que se corrige dentro de lo posible por los propios empleados públicos. En el estado actual de crisis, esto puede llevar a situaciones cercanas al colapso, al no haber dinero para sustituir a equipos defectuosos o para el combustible de los vehículos. En contraste con las empresas públicas que tienen el gasto ilimitado, tanto que el agujero puede arrastrar a toda la Junta, debe e por ello por lo que la Junta plantea vender patrimonio público en busca de liquidez.
La Señora Aguayo parece haber caído de un guindo cuando dice que “estamos dando una mala imagen de la Administración”. Es un defecto común de los políticos “que no se enteran” el creer que son las palabras las que cambian la realidad. Los empleados públicos decimos lo que hay ya en la Junta, durante más de dos décadas. Señora, ¡estamos dentro, qué lo vemos! Por ejemplo, lo del enchufismo viene de lejos. Fueron los gobiernos socialistas los que colocaron a muchos laborales e interinos, no se puede olvidar. Los mismos que les garantizaron estabilidad y los mismos que cambiaron la absoluta transparencia de unas oposiciones por el concurso oposición ad hoc para hacer funcionario a estos interinos antiguos y a los empleados de las empresas públicas con el beneplácito otra vez de UGT y CCOO. Cuando se habla de hacer fijo a los empleados de las empresas públicas como un logro de justicia en estos momentos tan duros para tantas familias por el paro se olvida lo siguiente. Son muchos los que aprobaron los exámenes de las oposiciones sin plaza y han trabajado de interino, para luego ser despedidos. ¿Es justo que estos que sí han ejercido de funcionarios públicos, que sí han superado unas pruebas de oposiciones, se queden en el paro por no disponer del enchufe para entrar en la empresa pública? ¿Es justo que todos aquellos que han trabajado en alguna de las empresas públicas y ahora no tienen esa suerte se queden en paro? Se olvida que la mayoría de los empleados que entraron en las empresas públicas no tuvieron enchufe, tampoco se le exigió nada (ni siquiera la titulación requerida para su puesto según denuncia la cámara de cuentas). Durante años, han pasado generaciones de nuevos titulados por estas empresas, donde se les trataba no mejor que en cualquier empresa privada, con contratos temporales para evitar hacerlos fijos. Conozco muchos extrabajadores muy quemados por esta situación de explotación que abandonaron la empresa que deberían tener también su oportunidad según me parece a mí. Otros fueron despedidos por resistirse a hacer genuflexiones a sus jefes, un motivo no admisible en un empleado público. En definitiva, más que un gesto de justicia como lo plantea UGT parece una retorcida decisión muy injusta.
Mientras que el Gobierno se muestra cauto, la reacción del PSOE y de UGT ha sido muy violenta. Demostrando el verdadero estado de nuestra democracia. Pretenden politizar completamente las protestas, y se esta haciendo intentando dar la vuelta al asunto.
Especialmente insultante es el que se nos califique de fascistas. Resulta de todo punto de vista absurdo que el colectivo que se manifestó el día 13 N de manera festiva y pacifica, sin emblemas políticos, contra una forma de gobierno autoritaria “por Decreto” sea calificado fascista. Si nosotros somos fascistas, entonces ¿qué son ellos?
Finalmente recordar algo que no mencionan los medios de comunicación, en Sevilla no sólo había como se ha dicho empleados públicos. Entre los simpatizantes había un nutrido grupo de opositores. Algunos de ellos trabajan o han trabajado en la Junta “sin enchufe” de interino, por aprobar las oposiciones sin plaza. Imagínense el estado de ánimo de estos esforzados estudiantes después de años de lucha, al ver que no tienen futuro en la Junta, cuando compañeros suyos sin esfuerzo, con peor curriculum, están colocados en una empresa pública y a partir del 1 de enero pasarán a tener las mismas condiciones laborales que los empleados públicos, ya de por vida.
Un funcionario de izquierdas
El título de esta entrada se entenderá más si les digo que el cuco es un ave parásita que pone sus huevos en los nidos de otras aves, con el fin de ahorrarse el esfuerzo de construir un nido y criar sus propios pollos. La pillería de este pájaro va más allá, y su pollo se encarga de eliminar a los legítimos ocupantes del nido (ya sea en forma de huevo o pollo). La imagen en el estadio final del pirata cuco es grotesca: un enorme pájaro que no cabe en el nido, insaciable, alimentado por dos diminutos padres adoptivos.
Si les hablo de la administración paralela en Andalucía, entenderán la analogía.
Lo siguiente lo ha escrito un funcionario que se dice "de izquierdas":
El cuco ya ha crecido y el Gobierno cuida mucho de ocultarlo. Se da a entender que la reforma viene condicionada por la crisis y se omite decir que lo que se pretende es legalizar el estado actual de las cosas tras algunos reverses en los tribunales: el actual status quo de la Administación paralela.
Dejando claro que los culpables del lamentable estado de la administración pública andaluza son, aunque desigualmente, tanto los partidos políticos como los sindicatos y empleados públicos, resulta especialmente llamativo (por el momento me ahorro calificativos) el papel que han tenido los dos sindicatos autocalificados de clase UGT y CCOO.
Como se recuerda en estos días en diferentes artículos de prensa y foros de la red la historia de esta infamia es tan larga como el gobierno socialista en Andalucía, el Decreto que ha llevado a la rebelión de los empleados públicos no es más que la gota que colmó el vaso. El abuso ahora se convierte en algo pleno, y se le que quiere dotar de legalidad. En esto, el papel de los sindicatos aludidos ha sido a veces de acompañamiento de la estrategia política y me parece que algunas veces los principales impulsores del estado actual. Desentrañemos que es lo que ha pasado.
En su concepto de clase han degenerado el concepto de empleado público hasta el límite del absurdo. Resulta contradictorio que ahora pongan pegas a la iniciativa del Sr. Chavez de aplicar medidas para hacer que los funcionarios cobren según su productividad. Me explicaré. Para empezar, el concepto de empleado público de estos sindicatos no tiene nada que ver con el de la función pública, a lo largo de los años han ido generando un sistema en el que al funcionario se le reconocían los derechos laborales de un obrero, los sindicatos sólo estuvieron preocupados por que tuviéramos menos horas para trabajar, más tiempo para desayunar, más flexibilidad horaria, mas ayudas para estudiar, para pagar al dentista, el piso, o los estudios de los hijos, etc. Del resto nada. ¿Acaso se nos permite a los funcionarios de la Administración General de la Junta optar a trabajar más horas para tener un sueldo más decente? ¿Acaso se nos tiene en cuenta a la hora de planificar el trabajo? ¿Acaso no somos los funcionarios los primeros que sufrimos y nos quejamos de que se permita que un compañero pueda no hacer su trabajo? Yo quisiera que se castigara a los que no hacen su trabajo, pues carga de trabajo a los compañeros y perjudica nuestra imagen. Yo preferiría trabajar todas las tardes y tener un sueldo equiparable al de la empresa privada o al de compañeros de Diputación o Ayuntamientos que duplican o triplican mis ingresos.
Mientras controlaban la contratación del personal en las empresas públicas que acaparaban todas las labores que implicaran gasto público, permitieron que en los mismos despachos de las distintas Consejerías fueran proliferando externos contratados como asesorías técnicas que usurpaban mesa, equipos y el trabajo regulado en la RPT de funcionarios. Ante esto UGT y CCCO mostraron permanentemente una postura de perfil, dado que cualquier queja de un técnico de la Administración era vista como la de alguien que reclama privilegios que “no son de clase”.
De esta forma la Administración se ha ido laboralizando al perder de contenido la Relación de Puestos de Trabajo de los Funcionarios.
Adentrándonos más en ello vemos que mientras que la Administración crecía en competencias, surgían nuevas consejerías, servicios y departamentos, el número de funcionarios se mantenía bajo mínimos. Hasta llegar al absurdo de que ahora existan departamentos sin jefe de departamento o jefes de departamentos sin personal a su cargo. Las figuras del puesto desdotado y del puesto ocupado provisionalmente se ha ido extendiendo. El último caso (llamado artículo 30) se llegó utilizar como premio, dado que permitía traslados o sueldos superiores. A veces la situación era circense, dado que el funcionario que había ganado por concurso de méritos el puesto X sin embargo hacía por artículo 30 el puesto Y, mientras que el Z hacía el X y así sucesivamente. Todo esto con el agravante de que las titulaciones en los últimos años han perdido validez, por lo que es igual ser ingeniero agrónomo o industrial, abogado o licenciado en biología. ¿Se imaginan esto en la sanidad? ¿Podría operarles de cataratas un ginecólogo o un radiólogo?
De hecho, en los concursos de méritos se ha perdido la valoración del mérito técnico o científico completamente. Lo que choca con la definición técnica de los puestos de la RPT y la existencia de cuerpos de funcionarios con titulaciones académicas técnicas o científicas bien definidas, que aprobaron unas oposiciones en las que se le exigió un altísimo nivel de conocimientos en su ramo, que posteriormente no es aprovechada en absoluto, más bien al contrario, pues la posibilidad de formación es nula.
Queda así también desdotada la carrera de los funcionarios del grupo A (titulados universitarios). Para aspirar a los puestos superiores no pueden depender de su conocimiento, ni siquiera experiencia, sino del enchufe. Los puestos superiores son todos PLDs (puestos de libre designación), se ha dado el caso que se han nombrado jefes de servicio recién aprobadas unas oposiciones ¡esto es dar el pelotazo!
Para lo demás están los concursos de méritos. Meritocracia laboral “de clase” como se verá:
No se valoran los conocimientos científicos ni técnicos, trabajos de investigación, artículos publicados en revistas especializadas, cursos de universidades…
Se valora la antigüedad (se premia el haber quedado desfasado y completamente desmotivado)
Se valoran los cursos de los sindicatos que son los mismos para un administrativo que para un Arquitecto: de informática básica, lenguaje no sexista o inteligencia emocional, por ejemplo.
Por último, el concurso en si mismo es completamente arbitrario. Para empezar es todo… menos transparente, pues en unas provincias se valora una cosa y en otras no se hace esa valoración; aún peor, depende del jurado del concurso controlado por puestos de libre designación políticos y sindicatos. Frecuentemente, a un funcionario se le ha valorado un mérito y a otro no. Incluso se ha llegado a impedir el concurso interpretando erróneamente la norma a los nuevos funcionarios. Rellenar las solicitudes para el nuevo funcionario es el mayor de los galimatías, algo increíblemente enrevesado y absurdo. El error del novato es ser justo al valorarse pues al final te castigan quitando pero nunca dándote, aunque sea de justicia. Por otro lado, como suele ocurrir en la Administración, si te consideras tratado injustamente, las posibilidades de que admitan tus alegaciones resultan utópicas. Irte al Contencioso administrativo puede darte la razón, pero no te salvará de ver que otro se quedo con el puesto al que aspirabas quizá de por vida, por lo que suele abundar es la resignación.
Resignación, rabia contenida que ha explotado ahora. El que haya leído hasta ahora entenderá el porqué en las movilizaciones los funcionarios han evitado a los sindicatos. Son muchas heridas abiertas.
Se comprenderá ahora el orgullo del sindicalismo de clase, al imponerse condiciones laborales a los funcionarios que tienen potestades administrativas. En este verdadero asalto a la función pública, los sindicatos de clase pretenden finalmente que se igualen a laborales todos los empleados públicos con capacidades técnicas. El Decreto prevé que los funcionarios pasen a las Agencias Empresariales no como funcionarios, sino como laborales, compartiendo el espacio con los laboralizados de las empresas públicas, algunos (altos cargos) colocados por el partido y que serian los nuevos jefes y otros que entraron de la mano principalmente de UGT.
La rebelión de los funcionarios contra este cúmulo de despropósitos ha puesto a cada uno en su sitio, lo cual es muy clarificador:
El Gobierno, temeroso sin duda por la situación, se muestra en apariencia dialogante y comprensivo. Pero el mensaje clave es el de que los empleados públicos “no han entendido el Decreto”. Este obstinado mensaje es una clara muestra de lo cortos que son nuestros gobernantes, pues en los oídos de funcionarios que manejan a diario leyes es muy ofensivo. Tienen suerte de que muchos piensen que estamos gobernados por ineptos, así el cabreo es menor que si consideras que te insultan. De hecho nunca como hasta ahora se está poniendo de manifiesto el paralelismo entre el concepto político-digital de la Administración y en contra de méritos objetivos y académicos como lo es viendo el Gobierno y su cargos públicos con personajes escasamente cualificados, a veces sin titulación alguna, que ejercen su autoridad y desprecio sobre funcionarios con carrera universitaria y con demostrada capacidad y méritos conseguidos en condiciones de igualdad, libre concurrencia, publicidad y transparencia. Además esto lleva a una verdadera desordenación de la administración pública, en la que todo, desde la disposición de los servicios, oficinas, material, sistemas informáticos etc., es un auténtico desastre que se corrige dentro de lo posible por los propios empleados públicos. En el estado actual de crisis, esto puede llevar a situaciones cercanas al colapso, al no haber dinero para sustituir a equipos defectuosos o para el combustible de los vehículos. En contraste con las empresas públicas que tienen el gasto ilimitado, tanto que el agujero puede arrastrar a toda la Junta, debe e por ello por lo que la Junta plantea vender patrimonio público en busca de liquidez.
La Señora Aguayo parece haber caído de un guindo cuando dice que “estamos dando una mala imagen de la Administración”. Es un defecto común de los políticos “que no se enteran” el creer que son las palabras las que cambian la realidad. Los empleados públicos decimos lo que hay ya en la Junta, durante más de dos décadas. Señora, ¡estamos dentro, qué lo vemos! Por ejemplo, lo del enchufismo viene de lejos. Fueron los gobiernos socialistas los que colocaron a muchos laborales e interinos, no se puede olvidar. Los mismos que les garantizaron estabilidad y los mismos que cambiaron la absoluta transparencia de unas oposiciones por el concurso oposición ad hoc para hacer funcionario a estos interinos antiguos y a los empleados de las empresas públicas con el beneplácito otra vez de UGT y CCOO. Cuando se habla de hacer fijo a los empleados de las empresas públicas como un logro de justicia en estos momentos tan duros para tantas familias por el paro se olvida lo siguiente. Son muchos los que aprobaron los exámenes de las oposiciones sin plaza y han trabajado de interino, para luego ser despedidos. ¿Es justo que estos que sí han ejercido de funcionarios públicos, que sí han superado unas pruebas de oposiciones, se queden en el paro por no disponer del enchufe para entrar en la empresa pública? ¿Es justo que todos aquellos que han trabajado en alguna de las empresas públicas y ahora no tienen esa suerte se queden en paro? Se olvida que la mayoría de los empleados que entraron en las empresas públicas no tuvieron enchufe, tampoco se le exigió nada (ni siquiera la titulación requerida para su puesto según denuncia la cámara de cuentas). Durante años, han pasado generaciones de nuevos titulados por estas empresas, donde se les trataba no mejor que en cualquier empresa privada, con contratos temporales para evitar hacerlos fijos. Conozco muchos extrabajadores muy quemados por esta situación de explotación que abandonaron la empresa que deberían tener también su oportunidad según me parece a mí. Otros fueron despedidos por resistirse a hacer genuflexiones a sus jefes, un motivo no admisible en un empleado público. En definitiva, más que un gesto de justicia como lo plantea UGT parece una retorcida decisión muy injusta.
Mientras que el Gobierno se muestra cauto, la reacción del PSOE y de UGT ha sido muy violenta. Demostrando el verdadero estado de nuestra democracia. Pretenden politizar completamente las protestas, y se esta haciendo intentando dar la vuelta al asunto.
Especialmente insultante es el que se nos califique de fascistas. Resulta de todo punto de vista absurdo que el colectivo que se manifestó el día 13 N de manera festiva y pacifica, sin emblemas políticos, contra una forma de gobierno autoritaria “por Decreto” sea calificado fascista. Si nosotros somos fascistas, entonces ¿qué son ellos?
Finalmente recordar algo que no mencionan los medios de comunicación, en Sevilla no sólo había como se ha dicho empleados públicos. Entre los simpatizantes había un nutrido grupo de opositores. Algunos de ellos trabajan o han trabajado en la Junta “sin enchufe” de interino, por aprobar las oposiciones sin plaza. Imagínense el estado de ánimo de estos esforzados estudiantes después de años de lucha, al ver que no tienen futuro en la Junta, cuando compañeros suyos sin esfuerzo, con peor curriculum, están colocados en una empresa pública y a partir del 1 de enero pasarán a tener las mismas condiciones laborales que los empleados públicos, ya de por vida.
Un funcionario de izquierdas
jueves, 18 de noviembre de 2010
REVOLUCIÓN SOCIAL.
REVOLUCIÓN SOCIAL.
Escrito por un compañero funcionario de carrera.
Hace algún tiempo, uno de los hombres más extraordinarios que ha dado la historia, dijo las siguientes palabras: en cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle . Este hombre era Mahatma Gandhi.
Ha sido precisamente una norma injusta, el Decreto Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, la que ha despertado la dignidad de los empleados públicos y el resto de ciudadanos y
ciudadanas de Andalucía que estos días protestan contra la tiranía de la Junta de Andalucía, y digo tiranía porque esta norma es sinónimo de injusticia, nepotismo, caciquismo,enchufismo, amiguismo y mediocridad, y una muestra palpable y evidente de la desvergüenza de la clase política que nos gobierna.
El Sr. Griñan acorralado, de una parte, por los informes del Defensor del Pueblo y la
Cámara de Cuentas de Andalucía que han censurado la opacidad de las cuentas y
contrataciones del personal de las fundaciones y sociedades mercantiles creadas por la Junta de Andalucía, y de otra, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el
Tribunal Supremo que han declarado nulas encomiendas de gestión a entidades como FAFFE o EGMASA, respectivamente, por atribuir a éstas funciones reservadas a funcionarios públicos, ha decidido privatizar la Administración Pública andaluza colocando en ella a 19.000 contratados (más adelante vendrá el resto) que no han superado un proceso selectivo basado en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Para ello, el Decreto Ley teje un macrosistema empresarial de corte privado y político, creando seis agencias públicas empresariales (sometidas al Derecho Privado) y dos agencias de régimen especial (Gestión Agraria y Pesquera, y Servicio Andaluz de Empleo), enmascarando éstas bajo el sometimiento al Derecho Administrativo pero dejando una amplia puerta abierta al Derecho Privado al matizar sin perjuicio de la aplicación del derecho privado en aquellos ámbitos de su actuación que lo requieran (que serán casi todos). Al mismo tiempo, se suprimen o dejan de existir como tales cinco organismos autónomos (Agencia Andaluza del Agua, el Instituto Andaluz de Reforma Agraria, el Servicio Andaluz de Empleo, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y la Agencia Andaluza de Evaluación y Acreditación de la Calidad Universitaria) donde trabajan empleados públicos de la Junta de Andalucía (funcionarios de carrera, interinos, personal laboral de la Junta de Andalucía
y eventuales) y que se rigen por el Derecho Administrativo, iniciando el declive de la función pública como instrumento al servicio del ciudadano que garantiza la imparcialidad de su actuación frente a una posible arbitrariedad política. El posterior acuerdo de la Sra. Aguayo con los sindicatos ¿de clase? UGT y CCOO no ha hecho sino ahondar en la herida.
--- Pero el Sr. Griñán y su equipo de gobierno han cometido un grave error de
previsión:
no contaron con algo muy peligroso, algo que puede tumbar los cimientos de un
Estado cuando rebrota en un pueblo castigado por una clase política insulsa, prepotente y derrochadora, y que Gandhi describió a la perfección: la DIGNIDAD.
1º) Dignidad, Sr. Griñan, de los empleados públicos de la Junta de Andalucía a
los que, además de la reducción de sueldo, humilla, forzándolos a pasar (sí o sí) a
Agencias de corte privado y político (caso de los funcionarios) o a perder su condición si no concursan en el plazo de cinco años (caso del personal laboral sujeto al VI Convenio); empleados públicos hartos de ver como los servicios centrales y periféricos de la Junta de Andalucía se han convertido en permanentes centros de recepción de personal externo, de dudosa y desconocida procedencia en la mayor parte de los casos, y cuyas funciones han visto usurpadas.
2º) Dignidad de los opositores, de aquellos que en una solitaria habitación
sacrifican su tiempo a una edad inmejorable, y con ello, a sus familias y amigos, dejándose literalmente la piel y perdiendo muchas cosas en el camino, pero soñando despiertos con un trabajo estable y manteniendo viva su esperanza. Esperanza, Sr. Griñan, a pesar de que sus exámenes se filtran en las propias imprentas donde se copian, y a pesar de que sus Tribunales de oposiciones pasan por ser lo peores de España, porque confunden preguntas, respuestas, plantillas, normas jurídicas, se equivocan continuamente, son lentos, ignoran las bases, exigen conocer la numeración de artículos de leyes insulsas, y hasta saber física quántica a los alumnos para calcular sus nota de corte. Y aun así, sonríen.
3º) Dignidad de la ciudadanía andaluza, a la que servimos los empleados públicos comogarantes de una Administración Pública objetiva e imparcial, porque pretende privatizar la gestión de su empleo, su agua, su cultura, su medio ambiente, sus servicios sociales o su patrimonio histórico, instaurando una Administración politizada.
Todos hemos comprendido que esta norma injusta es contraria a nuestra dignidad
y por eso luchamos contra la tiranía de quienes la aprobaron, surgiendo lo que ya
podemos considerar una auténtica revolución social. Y detrás de esta revolución, Sr. Griñan, Sra. Moreno y Sra. Aguayo, no está el PP, no. Este argumento, único desde hace años, llega en algunos a ser enfermizo, siendo digno de estudio en las facultades de psicología de todo el mundo. A veces pienso, parafraseando la Biblia, que muchos de ustedes piensan que Dios no creó el mundo en 2 días por culpa del PP, o que no fue una serpiente la que engañó a Eva sino una gaviota (¿lo cogen?).
Tampoco han sido los otros tres sindicatos, contrarios al Decreto Ley y con representación entre los empleados públicos (CSIF, SAFJA y USTEA) los padres
de esta revolución. Los verdaderos artífices de la misma, tras los primeros pasos
dados por la Agencia del Agua, han sido los miles de empleados públicos, opositores y ciudadanos anónimos que, espontáneamente, se han ido aglutinando en torno a asociaciones independientes que han surgido para defender la dignidad de la función pública y que responden a nombres tan variopintos como Plataforma Agua Pública (hoy denominada Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía), Asociación Defiendo Mi Derecho y la Gestión Pública, Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta, Plataforma de Torretriana, Plataforma de Igualdad, Asociación en Defensa del Servicio Público, Asociación Tercer Lado o Federación Agentes de Medio Ambiente (que me disculpen las que haya omitido por desconocimiento, o citado sin merecerlo). Y esto es una realidad incuestionable por mucho que, en estas últimas semanas, alguno o algunos de los sindicatos pretendan acaparar el protagonismo de los medios de comunicación social.
Son muchas las cosas que hemos vivido desde las primeras reuniones de octubre,
y en las revoluciones, como en las guerras, aparecen héroes anónimos y villanos por
doquier. He visto a sindicatos atribuirse méritos que no son suyos, enfermar por un minuto de gloria que no les corresponde y por su incapacidad de asumir que, al menos, en las calles, el liderazgo ya no es suyo. He visto a algunos que se hacen llamar representantes de los empleados públicos (los menos) que, antes de las protestas, renegaban de éstos a puerta cerrada, tachándolos de inmovilitas y pasivos, sin creer que esto pudiera llegar, sin confiar en ellos, pero que poco a poco se van metiendo en las movilizaciones, eso sí, en primera fila, donde la foto, y me he dado cuenta que hace años que dejaron de facto de ser empleados públicos para cruzar la frontera de
la liberación sindical de la que, a algunos, tanto les cuesta volver. He visto a altos cargos de la Junta de Andalucía dándonos su apoyo, pero en privado, ignorantes de que han perdido uno de los dones más preciados de la democracia, su libertad de expresión. He visto jefes de servicio huyendo por las calles para no coincidir con las oncentraciones, y funcionarios rasos, lacayos de aquéllos, tan preocupados de no decepcionarlos y de trepar rápidamente en la Administración que huyen de las concentraciones como si hubieran visto al mismísimo diablo.
En sentido contrario y gratamente satisfactorio, he visto la grandeza del ser
humano encarnada en personas como José Mª, a punto de jubilarse, y comprometido
íntegramente en esta lucha, dándolo todo por todos, o en la multitud de hombres y mujeres anónimos (aunque ya no lo son tanto) que, día tras día, están saliendo a la calle sin pedir nada a cambio, con una enorme sonrisa, y con las únicas armas de una generosidad desmedida (también un pito o una vuvuzela, como no podía ser menos), su dignidad y la ilusión de derogar el Decreto Ley para conseguir una sociedad más justa y una Administración despolitizada. El simple hecho de haberlos conocido es todo un premio. Son todos ellos los verdaderos héroes de esta revolución cuyas banderas en la calle, además de la andaluza, y por expreso deseo, no deberían tener otros colores que el naranja, el blanco con la cruz negra, y los representativos del resto de plataformas independientes, lo que deberían respetar los sindicatos y grupos políticos que se
hayan sumado a la manifestación convocada para el día 13 de noviembre en Sevilla. Lo contrario, supondría un claro menosprecio y una falta de respeto a los verdaderos artífices de lo que podemos considerar como una auténtica revolución social.
Finalizo revelándoles a nuestros políticos, ante sus continuas insinuaciones, suspicacias y descalificaciones en los medios de comunicación, un dato esclarecedor sobre
nuestras fuentes de financiación en Córdoba: el dinero viene del .. QUE NOOOOOOO. Que no viene del PP. Miren, estas son nuestras cuentas:
- Para pitos, vuvuzelas y pancartas: hemos puesto cada uno un euro.
- Camisetas con nuestros colores: hemos puesto cada uno 2,5 Euros.
- Bocadillos de chorizo del jueves 11 de noviembre por la mañana: tres
paquetes de pan bimbo y 900 gramos de chorizo: 16 Euros. Invito yo. También los de la PEPA (Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía).
- Autocares para desplazarse a Sevilla: hemos puesto cada uno 7 euros.
Ojala fueran tan transparentes las cuentas de la Administración paralela.
Fdo.: Rafael Delgado Romero (funcionario de carrera).
Escrito por un compañero funcionario de carrera.
Hace algún tiempo, uno de los hombres más extraordinarios que ha dado la historia, dijo las siguientes palabras: en cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle . Este hombre era Mahatma Gandhi.
Ha sido precisamente una norma injusta, el Decreto Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, la que ha despertado la dignidad de los empleados públicos y el resto de ciudadanos y
ciudadanas de Andalucía que estos días protestan contra la tiranía de la Junta de Andalucía, y digo tiranía porque esta norma es sinónimo de injusticia, nepotismo, caciquismo,enchufismo, amiguismo y mediocridad, y una muestra palpable y evidente de la desvergüenza de la clase política que nos gobierna.
El Sr. Griñan acorralado, de una parte, por los informes del Defensor del Pueblo y la
Cámara de Cuentas de Andalucía que han censurado la opacidad de las cuentas y
contrataciones del personal de las fundaciones y sociedades mercantiles creadas por la Junta de Andalucía, y de otra, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el
Tribunal Supremo que han declarado nulas encomiendas de gestión a entidades como FAFFE o EGMASA, respectivamente, por atribuir a éstas funciones reservadas a funcionarios públicos, ha decidido privatizar la Administración Pública andaluza colocando en ella a 19.000 contratados (más adelante vendrá el resto) que no han superado un proceso selectivo basado en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Para ello, el Decreto Ley teje un macrosistema empresarial de corte privado y político, creando seis agencias públicas empresariales (sometidas al Derecho Privado) y dos agencias de régimen especial (Gestión Agraria y Pesquera, y Servicio Andaluz de Empleo), enmascarando éstas bajo el sometimiento al Derecho Administrativo pero dejando una amplia puerta abierta al Derecho Privado al matizar sin perjuicio de la aplicación del derecho privado en aquellos ámbitos de su actuación que lo requieran (que serán casi todos). Al mismo tiempo, se suprimen o dejan de existir como tales cinco organismos autónomos (Agencia Andaluza del Agua, el Instituto Andaluz de Reforma Agraria, el Servicio Andaluz de Empleo, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y la Agencia Andaluza de Evaluación y Acreditación de la Calidad Universitaria) donde trabajan empleados públicos de la Junta de Andalucía (funcionarios de carrera, interinos, personal laboral de la Junta de Andalucía
y eventuales) y que se rigen por el Derecho Administrativo, iniciando el declive de la función pública como instrumento al servicio del ciudadano que garantiza la imparcialidad de su actuación frente a una posible arbitrariedad política. El posterior acuerdo de la Sra. Aguayo con los sindicatos ¿de clase? UGT y CCOO no ha hecho sino ahondar en la herida.
--- Pero el Sr. Griñán y su equipo de gobierno han cometido un grave error de
previsión:
no contaron con algo muy peligroso, algo que puede tumbar los cimientos de un
Estado cuando rebrota en un pueblo castigado por una clase política insulsa, prepotente y derrochadora, y que Gandhi describió a la perfección: la DIGNIDAD.
1º) Dignidad, Sr. Griñan, de los empleados públicos de la Junta de Andalucía a
los que, además de la reducción de sueldo, humilla, forzándolos a pasar (sí o sí) a
Agencias de corte privado y político (caso de los funcionarios) o a perder su condición si no concursan en el plazo de cinco años (caso del personal laboral sujeto al VI Convenio); empleados públicos hartos de ver como los servicios centrales y periféricos de la Junta de Andalucía se han convertido en permanentes centros de recepción de personal externo, de dudosa y desconocida procedencia en la mayor parte de los casos, y cuyas funciones han visto usurpadas.
2º) Dignidad de los opositores, de aquellos que en una solitaria habitación
sacrifican su tiempo a una edad inmejorable, y con ello, a sus familias y amigos, dejándose literalmente la piel y perdiendo muchas cosas en el camino, pero soñando despiertos con un trabajo estable y manteniendo viva su esperanza. Esperanza, Sr. Griñan, a pesar de que sus exámenes se filtran en las propias imprentas donde se copian, y a pesar de que sus Tribunales de oposiciones pasan por ser lo peores de España, porque confunden preguntas, respuestas, plantillas, normas jurídicas, se equivocan continuamente, son lentos, ignoran las bases, exigen conocer la numeración de artículos de leyes insulsas, y hasta saber física quántica a los alumnos para calcular sus nota de corte. Y aun así, sonríen.
3º) Dignidad de la ciudadanía andaluza, a la que servimos los empleados públicos comogarantes de una Administración Pública objetiva e imparcial, porque pretende privatizar la gestión de su empleo, su agua, su cultura, su medio ambiente, sus servicios sociales o su patrimonio histórico, instaurando una Administración politizada.
Todos hemos comprendido que esta norma injusta es contraria a nuestra dignidad
y por eso luchamos contra la tiranía de quienes la aprobaron, surgiendo lo que ya
podemos considerar una auténtica revolución social. Y detrás de esta revolución, Sr. Griñan, Sra. Moreno y Sra. Aguayo, no está el PP, no. Este argumento, único desde hace años, llega en algunos a ser enfermizo, siendo digno de estudio en las facultades de psicología de todo el mundo. A veces pienso, parafraseando la Biblia, que muchos de ustedes piensan que Dios no creó el mundo en 2 días por culpa del PP, o que no fue una serpiente la que engañó a Eva sino una gaviota (¿lo cogen?).
Tampoco han sido los otros tres sindicatos, contrarios al Decreto Ley y con representación entre los empleados públicos (CSIF, SAFJA y USTEA) los padres
de esta revolución. Los verdaderos artífices de la misma, tras los primeros pasos
dados por la Agencia del Agua, han sido los miles de empleados públicos, opositores y ciudadanos anónimos que, espontáneamente, se han ido aglutinando en torno a asociaciones independientes que han surgido para defender la dignidad de la función pública y que responden a nombres tan variopintos como Plataforma Agua Pública (hoy denominada Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía), Asociación Defiendo Mi Derecho y la Gestión Pública, Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta, Plataforma de Torretriana, Plataforma de Igualdad, Asociación en Defensa del Servicio Público, Asociación Tercer Lado o Federación Agentes de Medio Ambiente (que me disculpen las que haya omitido por desconocimiento, o citado sin merecerlo). Y esto es una realidad incuestionable por mucho que, en estas últimas semanas, alguno o algunos de los sindicatos pretendan acaparar el protagonismo de los medios de comunicación social.
Son muchas las cosas que hemos vivido desde las primeras reuniones de octubre,
y en las revoluciones, como en las guerras, aparecen héroes anónimos y villanos por
doquier. He visto a sindicatos atribuirse méritos que no son suyos, enfermar por un minuto de gloria que no les corresponde y por su incapacidad de asumir que, al menos, en las calles, el liderazgo ya no es suyo. He visto a algunos que se hacen llamar representantes de los empleados públicos (los menos) que, antes de las protestas, renegaban de éstos a puerta cerrada, tachándolos de inmovilitas y pasivos, sin creer que esto pudiera llegar, sin confiar en ellos, pero que poco a poco se van metiendo en las movilizaciones, eso sí, en primera fila, donde la foto, y me he dado cuenta que hace años que dejaron de facto de ser empleados públicos para cruzar la frontera de
la liberación sindical de la que, a algunos, tanto les cuesta volver. He visto a altos cargos de la Junta de Andalucía dándonos su apoyo, pero en privado, ignorantes de que han perdido uno de los dones más preciados de la democracia, su libertad de expresión. He visto jefes de servicio huyendo por las calles para no coincidir con las oncentraciones, y funcionarios rasos, lacayos de aquéllos, tan preocupados de no decepcionarlos y de trepar rápidamente en la Administración que huyen de las concentraciones como si hubieran visto al mismísimo diablo.
En sentido contrario y gratamente satisfactorio, he visto la grandeza del ser
humano encarnada en personas como José Mª, a punto de jubilarse, y comprometido
íntegramente en esta lucha, dándolo todo por todos, o en la multitud de hombres y mujeres anónimos (aunque ya no lo son tanto) que, día tras día, están saliendo a la calle sin pedir nada a cambio, con una enorme sonrisa, y con las únicas armas de una generosidad desmedida (también un pito o una vuvuzela, como no podía ser menos), su dignidad y la ilusión de derogar el Decreto Ley para conseguir una sociedad más justa y una Administración despolitizada. El simple hecho de haberlos conocido es todo un premio. Son todos ellos los verdaderos héroes de esta revolución cuyas banderas en la calle, además de la andaluza, y por expreso deseo, no deberían tener otros colores que el naranja, el blanco con la cruz negra, y los representativos del resto de plataformas independientes, lo que deberían respetar los sindicatos y grupos políticos que se
hayan sumado a la manifestación convocada para el día 13 de noviembre en Sevilla. Lo contrario, supondría un claro menosprecio y una falta de respeto a los verdaderos artífices de lo que podemos considerar como una auténtica revolución social.
Finalizo revelándoles a nuestros políticos, ante sus continuas insinuaciones, suspicacias y descalificaciones en los medios de comunicación, un dato esclarecedor sobre
nuestras fuentes de financiación en Córdoba: el dinero viene del .. QUE NOOOOOOO. Que no viene del PP. Miren, estas son nuestras cuentas:
- Para pitos, vuvuzelas y pancartas: hemos puesto cada uno un euro.
- Camisetas con nuestros colores: hemos puesto cada uno 2,5 Euros.
- Bocadillos de chorizo del jueves 11 de noviembre por la mañana: tres
paquetes de pan bimbo y 900 gramos de chorizo: 16 Euros. Invito yo. También los de la PEPA (Plataforma de Empleados Públicos de Andalucía).
- Autocares para desplazarse a Sevilla: hemos puesto cada uno 7 euros.
Ojala fueran tan transparentes las cuentas de la Administración paralela.
Fdo.: Rafael Delgado Romero (funcionario de carrera).
domingo, 14 de noviembre de 2010
CARTA ABIERTA A LOS ANDALUCES
Ayer, sábado 13 de noviembre de 2010, se manifestaron 40.000 ciudadanos en Sevilla contra el Decreto Ley 5/2010 de Reordenación del Sector Público de Andalucía. No sólo empleados públicos, también opositores, amigos y personas comprometidas con la necesidad de preservar el interés público.
Probablemente se trate del movimiento ciudadano independiente más grande habido en esta comunidad. Aunque nos tachen de estar movidos por el PP, CSIF, USTEA, etc. Como dicen los compañeros de Córdoba: aquí ¡todos somos uno! Independiente de nuestra afiliación sindical, política; seamos funcionarios, laborales o interinos, incluso seamos o no empleados públicos.
Este colectivo del que formo parte ha sufrido y callado el mayor desprestigio de un colectivo laboral desde que se instauró la autonomía. A la vez que sufríamos por la pérdida de competencias, se nos ponían cada más trabas para ser mínimamente eficaces, se nos injuriaba como el mal y no la solución. Todo formaba parte de una estrategia para conseguir politizar completamente a la sociedad partiendo de la Administración, que por otro lado ha ido pareja a una pérdida de la sensibilidad democrática del pueblo. El Decreto no arregla nada, salvo que pretende dar carta legal a los hechos consumados de crear una administración paralela que burla la intervención pública en lo económico y laboral y consagra el clientelismo político a escala global en la sociedad andaluza. Una red de nepotismo y corrupción que hundirá aún más a Andalucía mientras que la mayoría de los ciudadanos no entienden que esta pasando.
Por eso estas movilizaciones pueden ser muy importantes para abrir los ojos de los andaluces y andaluzas.
Claro está que el camino es largo. Piénsese que una parte de los medios de comunicación han hecho un seguidismo a la postura oficial, esto en el mejor de los casos. En otros casos directamente se ha manipulado la información como si ya hubiéramos caído tan bajo como nuestro vecino del sur. No se que me molesta más, que se diga que somos fascistas o que se diga que nos movilizamos en contra de los recortes salariales.
Mientras, la prensa que se hace eco de nuestras denuncias, es la otra, la del PP, y a la mayoría de los ciudadanos de izquierda le quedan las dudas y tiende si acaso a buscar el punto equidistante. En este caso, la equidistancia es entre la mentira y la realidad.
Al señor presidente de la Junta de Andalucía le diría que rectifique o pasará a la historia como el impulsor de la mayor infamia cometida contra el pueblo andaluz de la historia de la democracia con el agravante de que sería el último en reconocerlo.
Al Partido Socialista Obrero Español (y lo digo literal para remarcar el carácter socialista y obrero), a todos sus militantes. No seáis cómplices de esta insensatez, no se puede vender Andalucía por un puñado de colocados a dedo. No se puede gobernar para colocar a los tuyos en puestos de trabajo a costa de hundir en la miseria este país, no se puede corromper el principio básico de la democracia de la separación de poderes por asegurar el fututo de unos ineptos. No se puede mantener más al señor Griñán y su cohorte en el poder, pues en época de crisis deben de estar los mejores del partido y no auténticos ineptos que viven tan encerrados en el partidismo que a la hora de recortar el gasto público no se atreve a dejar en la calle a uno sólo de los 25.000 o 35.0000 puestos de la hipertrofiada administración paralela y para pagar este coste supletorio es capaz de enajenar el patrimonio de todos los andaluces vendiéndolo.
A UGT y CCOO les digo que han pervertido la lucha sindical obrera. Se han convertido en un grupo de vividores politizados que viven a costa de colocar a los suyos y holganacear mientras el barco de la Administración hace aguas por doquier. Se ponen en evidencia en complicidad con el PSOE al llamar fascistas a los que no toleramos su cierre a sus intereses particulares y contrarios a los públicos. ¿Acaso la izquierda olvidó como se genera el fascismo? Insensatos, el país está sumido en una crisis enorme, el caldo de cultivo perfecto para el fascismo y vosotros lo invocáis. Sois unos miserables.
Al resto de los sindicatos, independientes. Mucho cuidado, porque algunos parecen no querer aprender la lección de estas movilizaciones. Enteraros que estamos hartos, muy hartos de todos vosotros, de vuestra lucha por conseguir vivir a costa de nosotros sin que os importe lo público. Sois cómplices del intento de hundir nuestra dignidad, de la digitalización de la Administración, de todos los males por los que sufrimos, por eso nos sentimos orgullosos desde la plataforma defiendo mi derecho de decir que somos ¡realmente independientes de vosotros! Y eso sé que os asusta mucho. Temblad, esto sólo es el principio.
Al Partido Popular. Le quiero advertir que la mayoría del colectivo no pretende con nuestras manifestaciones traeros al poder, pues no votamos a vuestro partido. Aunque, si es necesario, sé que muchos votantes de izquierda serán capaces de hacer ese sacrificio si esto no da el giro esperado. Somos conscientes que es la política de la derecha europea la excusa para realizar estas medidas que suponen importantes recortes a los derechos de los ciudadanos y privatización de lo público. La guerra no terminará si vais por ese camino.
Al resto de los partidos y a todos los parlamentarios. Clamad contra esta política opuesta al servicio público, luchad para regenerar la democracia. Invocad el espíritu de la transición democrática. Soy joven y mi cuerpo se estremece al ver a compañeros que vivieron la represión franquista cantar en estos días en nuestras manifestaciones “Libertad Sin Ira” y el himno de Andalucía.
Todos debemos ser ahora uno.
¡Viva Andalucía Libre!
Probablemente se trate del movimiento ciudadano independiente más grande habido en esta comunidad. Aunque nos tachen de estar movidos por el PP, CSIF, USTEA, etc. Como dicen los compañeros de Córdoba: aquí ¡todos somos uno! Independiente de nuestra afiliación sindical, política; seamos funcionarios, laborales o interinos, incluso seamos o no empleados públicos.
Este colectivo del que formo parte ha sufrido y callado el mayor desprestigio de un colectivo laboral desde que se instauró la autonomía. A la vez que sufríamos por la pérdida de competencias, se nos ponían cada más trabas para ser mínimamente eficaces, se nos injuriaba como el mal y no la solución. Todo formaba parte de una estrategia para conseguir politizar completamente a la sociedad partiendo de la Administración, que por otro lado ha ido pareja a una pérdida de la sensibilidad democrática del pueblo. El Decreto no arregla nada, salvo que pretende dar carta legal a los hechos consumados de crear una administración paralela que burla la intervención pública en lo económico y laboral y consagra el clientelismo político a escala global en la sociedad andaluza. Una red de nepotismo y corrupción que hundirá aún más a Andalucía mientras que la mayoría de los ciudadanos no entienden que esta pasando.
Por eso estas movilizaciones pueden ser muy importantes para abrir los ojos de los andaluces y andaluzas.
Claro está que el camino es largo. Piénsese que una parte de los medios de comunicación han hecho un seguidismo a la postura oficial, esto en el mejor de los casos. En otros casos directamente se ha manipulado la información como si ya hubiéramos caído tan bajo como nuestro vecino del sur. No se que me molesta más, que se diga que somos fascistas o que se diga que nos movilizamos en contra de los recortes salariales.
Mientras, la prensa que se hace eco de nuestras denuncias, es la otra, la del PP, y a la mayoría de los ciudadanos de izquierda le quedan las dudas y tiende si acaso a buscar el punto equidistante. En este caso, la equidistancia es entre la mentira y la realidad.
Al señor presidente de la Junta de Andalucía le diría que rectifique o pasará a la historia como el impulsor de la mayor infamia cometida contra el pueblo andaluz de la historia de la democracia con el agravante de que sería el último en reconocerlo.
Al Partido Socialista Obrero Español (y lo digo literal para remarcar el carácter socialista y obrero), a todos sus militantes. No seáis cómplices de esta insensatez, no se puede vender Andalucía por un puñado de colocados a dedo. No se puede gobernar para colocar a los tuyos en puestos de trabajo a costa de hundir en la miseria este país, no se puede corromper el principio básico de la democracia de la separación de poderes por asegurar el fututo de unos ineptos. No se puede mantener más al señor Griñán y su cohorte en el poder, pues en época de crisis deben de estar los mejores del partido y no auténticos ineptos que viven tan encerrados en el partidismo que a la hora de recortar el gasto público no se atreve a dejar en la calle a uno sólo de los 25.000 o 35.0000 puestos de la hipertrofiada administración paralela y para pagar este coste supletorio es capaz de enajenar el patrimonio de todos los andaluces vendiéndolo.
A UGT y CCOO les digo que han pervertido la lucha sindical obrera. Se han convertido en un grupo de vividores politizados que viven a costa de colocar a los suyos y holganacear mientras el barco de la Administración hace aguas por doquier. Se ponen en evidencia en complicidad con el PSOE al llamar fascistas a los que no toleramos su cierre a sus intereses particulares y contrarios a los públicos. ¿Acaso la izquierda olvidó como se genera el fascismo? Insensatos, el país está sumido en una crisis enorme, el caldo de cultivo perfecto para el fascismo y vosotros lo invocáis. Sois unos miserables.
Al resto de los sindicatos, independientes. Mucho cuidado, porque algunos parecen no querer aprender la lección de estas movilizaciones. Enteraros que estamos hartos, muy hartos de todos vosotros, de vuestra lucha por conseguir vivir a costa de nosotros sin que os importe lo público. Sois cómplices del intento de hundir nuestra dignidad, de la digitalización de la Administración, de todos los males por los que sufrimos, por eso nos sentimos orgullosos desde la plataforma defiendo mi derecho de decir que somos ¡realmente independientes de vosotros! Y eso sé que os asusta mucho. Temblad, esto sólo es el principio.
Al Partido Popular. Le quiero advertir que la mayoría del colectivo no pretende con nuestras manifestaciones traeros al poder, pues no votamos a vuestro partido. Aunque, si es necesario, sé que muchos votantes de izquierda serán capaces de hacer ese sacrificio si esto no da el giro esperado. Somos conscientes que es la política de la derecha europea la excusa para realizar estas medidas que suponen importantes recortes a los derechos de los ciudadanos y privatización de lo público. La guerra no terminará si vais por ese camino.
Al resto de los partidos y a todos los parlamentarios. Clamad contra esta política opuesta al servicio público, luchad para regenerar la democracia. Invocad el espíritu de la transición democrática. Soy joven y mi cuerpo se estremece al ver a compañeros que vivieron la represión franquista cantar en estos días en nuestras manifestaciones “Libertad Sin Ira” y el himno de Andalucía.
Todos debemos ser ahora uno.
¡Viva Andalucía Libre!
lunes, 8 de noviembre de 2010
UGT Y LA VENTA DE ANDALUCÍA
No puedo sentirme más indignado con la actuación del sindicato UGT en relación con el Decreto de Reordenación de la administración andaluza. Espero que la gente obrera y de izquierdas se den cuenta del mal que hace este sindicato a todos y todas los andaluces.
Para empezar presume de conseguir que se hagan fijos y equiparables a los funcionarios a 35.000 empleados de empresas, que en un 80% están a afiliados a UGT. Podemos imaginar como los contrataron. Un dato, la cámara de cuentas de Andalucía descubrió que en EGMASA, una de estas empresas públicas de medio ambiente, el 80% de los contratados no se le había exigido la demostración de la titulación por las que se les contrataba. Estos nuevos funcionarios laborales gracias al Decreto serán los que hagan casi todo el trabajo de la administración, dejando a los verdaderos funcionarios de lado, de hecho ya se pide a los funcionarios la renuncia voluntaria para pasar a ser subalternos de estos enchufados. Desde el punto de vista del empleo público es aberrante a más no poder, es lógico que miles de jóvenes opositores se estén movilizando junto a los empleados públicos. No se puede tolerar que tengan que echar por la borda años de mucho esfuerzo para que ahora no valga para nada. Se ha de recordar que el funcionario de carrera tiene su empleo indefino por dos motivos: porque ha superado unas pruebas en igualdad de condiciones según merito y capacidad, porque ha de ser independiente del poder político, de lo contrario los funcionarios cambiarían con los gobiernos. Por eso es una aberración lo que pretende UGT.
Pero lo más me indigna de estos señores es que nos insulten llamándonos fascistas y que digan que buscan una mejor administración, más transparente y eficaz.
Justamente son ellos, UGT, CCOO y el Gobierno de Andalucía los que se comportan de manera muy poco democrática y contraria a los intereses del pueblo andaluz y la democracia. Y si me apuran, bajo principios rotundamente contrarios al socialismo.
Por otro lado la firma del acuerdo es un esperpento, dado que no vale para nada ya que demasiado es que el Gobierno cambie la Administración por Decreto para que además algunos sindicatos pretendan también dictar decretos. El acuerdo, en la practica no vale para nada, es papel mojado. Y esto lo ha reconocido la misma Junta.
Dejando de lado que estos sindicatos han colaborado en destruir la administración independiente y dejan con el Decreto las puertas abiertas a todo tipo de corruptelas, clientelismos y chanchulllos tercermundistas. El ciudadano debe saber qué se mueve en todo esto en estos tiempos de crisis. UGT con CCOO son cómplices del mayor robo al pueblo andaluz desde el inicio del actual período democrático. En lugar de reducir el coste de la administración pública, funcionariza a las empresas públicas incrementando en 35.000 el número de empleados fijos. Pero hay mucho más. Las empresas públicas consumen el 60% del gasto de todo el aparato administrativo y tienen un agujero económico considerable y desconocido para el pueblo andaluz y puede que incluso para la misma consejera de Hacienda, dado que no hace mucho reconoció desconocer cuantas eran. De hecho el dato de 35,000 empleados ha sido sorprendente y novedoso, pues se estimaban que eran 10.000 menos. Sin duda UGT conoce mejor que la Consejera el entramado de Empresas, fundaciones y demás entes público-privados. Un ejemplo que pone a las claras el mayor riesgo de esta nueva administración paralela: la falta de transparencia. Se comenta que este agujero contable puede ser tan grande que este poniendo en serios aprietos al Gobierno que presume de una deuda mucho menor y ello ha motivado que desesperadamente se realice la venta de numerosos edificios de la Junta de Andalucía para tener liquidez y salir al paso pero dejando a todos los andaluces sin parte de nuestro patrimonio.
En realidad lo que se pretende hacer es una chapuza más marcada por este desprecio a lo público de este Gobierno a la que no nos terminamos de acostumbrar. La venta de estos inmuebles se hace a dos de estas empresas públicas, luego el uso del inmueble (básicamente son sedes de consejerías) continuaría, pero pagándose un alquiler. Para que los entes instrumentales puedan adquirir estos edificios necesitan de obtener los créditos suficientes de entidades bancarias.
En resumidas cuentas, como ha aparecido en la prensa, lo que busca la Junta es burlar la ley y en particular la obligación de no endeudarse más, dejando en apariencia que obtiene liquidez mientras que las que se endeudan aún más son las empresas públicas de su administración paralela. Las mismas, que si nada lo remedia por el arte del Señor Griñán, pasarán a controlar toda la Administración de la Junta de Andalucía a partir del 1 de enero del 2011, cuando entre en vigor el Decretazo.
Para empezar presume de conseguir que se hagan fijos y equiparables a los funcionarios a 35.000 empleados de empresas, que en un 80% están a afiliados a UGT. Podemos imaginar como los contrataron. Un dato, la cámara de cuentas de Andalucía descubrió que en EGMASA, una de estas empresas públicas de medio ambiente, el 80% de los contratados no se le había exigido la demostración de la titulación por las que se les contrataba. Estos nuevos funcionarios laborales gracias al Decreto serán los que hagan casi todo el trabajo de la administración, dejando a los verdaderos funcionarios de lado, de hecho ya se pide a los funcionarios la renuncia voluntaria para pasar a ser subalternos de estos enchufados. Desde el punto de vista del empleo público es aberrante a más no poder, es lógico que miles de jóvenes opositores se estén movilizando junto a los empleados públicos. No se puede tolerar que tengan que echar por la borda años de mucho esfuerzo para que ahora no valga para nada. Se ha de recordar que el funcionario de carrera tiene su empleo indefino por dos motivos: porque ha superado unas pruebas en igualdad de condiciones según merito y capacidad, porque ha de ser independiente del poder político, de lo contrario los funcionarios cambiarían con los gobiernos. Por eso es una aberración lo que pretende UGT.
Pero lo más me indigna de estos señores es que nos insulten llamándonos fascistas y que digan que buscan una mejor administración, más transparente y eficaz.
Justamente son ellos, UGT, CCOO y el Gobierno de Andalucía los que se comportan de manera muy poco democrática y contraria a los intereses del pueblo andaluz y la democracia. Y si me apuran, bajo principios rotundamente contrarios al socialismo.
Por otro lado la firma del acuerdo es un esperpento, dado que no vale para nada ya que demasiado es que el Gobierno cambie la Administración por Decreto para que además algunos sindicatos pretendan también dictar decretos. El acuerdo, en la practica no vale para nada, es papel mojado. Y esto lo ha reconocido la misma Junta.
Dejando de lado que estos sindicatos han colaborado en destruir la administración independiente y dejan con el Decreto las puertas abiertas a todo tipo de corruptelas, clientelismos y chanchulllos tercermundistas. El ciudadano debe saber qué se mueve en todo esto en estos tiempos de crisis. UGT con CCOO son cómplices del mayor robo al pueblo andaluz desde el inicio del actual período democrático. En lugar de reducir el coste de la administración pública, funcionariza a las empresas públicas incrementando en 35.000 el número de empleados fijos. Pero hay mucho más. Las empresas públicas consumen el 60% del gasto de todo el aparato administrativo y tienen un agujero económico considerable y desconocido para el pueblo andaluz y puede que incluso para la misma consejera de Hacienda, dado que no hace mucho reconoció desconocer cuantas eran. De hecho el dato de 35,000 empleados ha sido sorprendente y novedoso, pues se estimaban que eran 10.000 menos. Sin duda UGT conoce mejor que la Consejera el entramado de Empresas, fundaciones y demás entes público-privados. Un ejemplo que pone a las claras el mayor riesgo de esta nueva administración paralela: la falta de transparencia. Se comenta que este agujero contable puede ser tan grande que este poniendo en serios aprietos al Gobierno que presume de una deuda mucho menor y ello ha motivado que desesperadamente se realice la venta de numerosos edificios de la Junta de Andalucía para tener liquidez y salir al paso pero dejando a todos los andaluces sin parte de nuestro patrimonio.
En realidad lo que se pretende hacer es una chapuza más marcada por este desprecio a lo público de este Gobierno a la que no nos terminamos de acostumbrar. La venta de estos inmuebles se hace a dos de estas empresas públicas, luego el uso del inmueble (básicamente son sedes de consejerías) continuaría, pero pagándose un alquiler. Para que los entes instrumentales puedan adquirir estos edificios necesitan de obtener los créditos suficientes de entidades bancarias.
En resumidas cuentas, como ha aparecido en la prensa, lo que busca la Junta es burlar la ley y en particular la obligación de no endeudarse más, dejando en apariencia que obtiene liquidez mientras que las que se endeudan aún más son las empresas públicas de su administración paralela. Las mismas, que si nada lo remedia por el arte del Señor Griñán, pasarán a controlar toda la Administración de la Junta de Andalucía a partir del 1 de enero del 2011, cuando entre en vigor el Decretazo.
domingo, 31 de octubre de 2010
martes, 26 de octubre de 2010
LOS PRODIGIOS DE GRIÑAN
Los siguientes prodigios colocan a Griñán en un puesto de honor en el record Guinnes de los prodigios y cercano a ilustres hombres santos, un caso a estudiar seriamente por la hagiografía.
Prodigio nº1. Cree que los funcionarios son analfabetos y sin embargo llega a ser presidente de la Junta de Andalucía.
Sí, debe de pensar que los empleados públicos somos ignorantes, incluso los que tuvieron que dedicar muchas noches sin dormir para aprender todo el actual entramado legal necesario para superar las pruebas de la oposición. Pero, los empleados públicos se han leído el Decreto de Reordenación de la Administración Pública y, los más sorprendente según parece para él, lo han entendido. No obstante, entender de leyes es el día a día de muchos empleados públicos.
¿No será que son sus diputados y consejeros los analfabetos funcionales? Sino como se explica que saquen tal engendro endemoniado de Decreto que hace aguas por todos los lados y que favorece a la parte despilfarradora de la Administración y lo venda como “de urgente necesidad” para reducir el gasto público. ¿En que parlamento ha ocurrido que todo el partido del Gobierno votara al unísono a favor la ley de la oposición pensando que era su propia ley, para derogarla días después y colocar la suya? Esto ocurrió hace muy poco con la Ley de Aguas en el Parlamento de Andalucía. ¡Y pensar que la única labor de muchos parlamentarios es la de votar unas pocas leyes al año! Otra cosa no sabrán, pero leerse lo que votan, tampoco.
Prodigio nº 2. Consigue movilizar a la parte más inmovilista y desunida de los trabajadores: los empleados públicos de la administración general de la Junta de Andalucía.
Décadas aguantando el descrédito ante la sociedad civil, la pérdida de un 40% del poder adquisitivo, la usurpación de la autoridad por parte de la administración paralela en forma de empresas públicas sin mostrar la más mínima señal de queja, la eterna sospecha de vagos, de colocados a dedo, de enchufados… y ahora, salta todo como en una gran explosión.
Prodigio nº3. Consigue por primera vez que un colectivo de trabajadores tan numeroso se manifieste de manera autónoma, espontánea y ajena al movimiento sindical. Un auténtico fenómeno paranormal, digno de los programas del Iker Jiménez.
Prodigio nº4. Consigue que los representantes mayoritarios de los trabajadores públicos, los sindicatos UGT y CCOO, estén por primera vez en contra de los intereses de los trabajadores y a favor de la “patronal”.
Prodigio nº5. Ha conseguido que el surrealismo sea la forma de política de la Junta de Andalucía. Una falsa democracia que vuelve a emular el mundo atrasado de los señoritos en su cortijo. Pero ahora las familias socialistas que gobiernan son los señoritos y el cortijo es toda Andalucía. Los eternos valores de Andalucía con Franco y con Griñan son los mismos: el flamenco, el Rocío, la “grasia andalusa”, el paro más alto de Europa Occidental, el mayor fracaso escolar, el mayor sistema de enchufes desde Tomas Edison, etc.
Los agoreros pronostican un último milagro como el secreto de Fátima, y es el hundimiento en la miseria y el enfrentamiento político de Andalucía.
¡Qué no! ¡Qué esta tierra y su gente no se merecen ésto!
Prodigio nº1. Cree que los funcionarios son analfabetos y sin embargo llega a ser presidente de la Junta de Andalucía.
Sí, debe de pensar que los empleados públicos somos ignorantes, incluso los que tuvieron que dedicar muchas noches sin dormir para aprender todo el actual entramado legal necesario para superar las pruebas de la oposición. Pero, los empleados públicos se han leído el Decreto de Reordenación de la Administración Pública y, los más sorprendente según parece para él, lo han entendido. No obstante, entender de leyes es el día a día de muchos empleados públicos.
¿No será que son sus diputados y consejeros los analfabetos funcionales? Sino como se explica que saquen tal engendro endemoniado de Decreto que hace aguas por todos los lados y que favorece a la parte despilfarradora de la Administración y lo venda como “de urgente necesidad” para reducir el gasto público. ¿En que parlamento ha ocurrido que todo el partido del Gobierno votara al unísono a favor la ley de la oposición pensando que era su propia ley, para derogarla días después y colocar la suya? Esto ocurrió hace muy poco con la Ley de Aguas en el Parlamento de Andalucía. ¡Y pensar que la única labor de muchos parlamentarios es la de votar unas pocas leyes al año! Otra cosa no sabrán, pero leerse lo que votan, tampoco.
Prodigio nº 2. Consigue movilizar a la parte más inmovilista y desunida de los trabajadores: los empleados públicos de la administración general de la Junta de Andalucía.
Décadas aguantando el descrédito ante la sociedad civil, la pérdida de un 40% del poder adquisitivo, la usurpación de la autoridad por parte de la administración paralela en forma de empresas públicas sin mostrar la más mínima señal de queja, la eterna sospecha de vagos, de colocados a dedo, de enchufados… y ahora, salta todo como en una gran explosión.
Prodigio nº3. Consigue por primera vez que un colectivo de trabajadores tan numeroso se manifieste de manera autónoma, espontánea y ajena al movimiento sindical. Un auténtico fenómeno paranormal, digno de los programas del Iker Jiménez.
Prodigio nº4. Consigue que los representantes mayoritarios de los trabajadores públicos, los sindicatos UGT y CCOO, estén por primera vez en contra de los intereses de los trabajadores y a favor de la “patronal”.
Prodigio nº5. Ha conseguido que el surrealismo sea la forma de política de la Junta de Andalucía. Una falsa democracia que vuelve a emular el mundo atrasado de los señoritos en su cortijo. Pero ahora las familias socialistas que gobiernan son los señoritos y el cortijo es toda Andalucía. Los eternos valores de Andalucía con Franco y con Griñan son los mismos: el flamenco, el Rocío, la “grasia andalusa”, el paro más alto de Europa Occidental, el mayor fracaso escolar, el mayor sistema de enchufes desde Tomas Edison, etc.
Los agoreros pronostican un último milagro como el secreto de Fátima, y es el hundimiento en la miseria y el enfrentamiento político de Andalucía.
¡Qué no! ¡Qué esta tierra y su gente no se merecen ésto!
miércoles, 13 de octubre de 2010
domingo, 10 de octubre de 2010
¿ES EL PSOE NEOLIBERAL?
La reforma de la administración pública andaluza: ¿es el PSOE seguidor de las políticas neoliberales?
Aunque resulta evidente que las distintas formas de analizar las causas de la crisis son tan dispares como interpretar el relieve con planos a escalas muy distintas, es probable que la mayoría podamos caer en la simplicidad y, más aún, que los grandes entendidos estén escudriñando con lupa para analizar los “pelos de la crisis” sin llegar a las mismas entrañas del animal.
Lo cierto es que la actual crisis financiera es hija de una “crisis más genérica”, pero a muchos economistas les gusta hacer de profetas del pasado analizando las evidencias ya producidas dentro de un contexto social e histórico aséptico. Es como aquello de experimentar en el laboratorio bajo condiciones que no se dan en la cambiante e impredecible realidad pues son sólo eso, condiciones de laboratorio.
Pido excusas si no me expreso con claridad; pero, admitiendo que soy un perfecto ignorante en la materia económica, no puedo sin embargo reprimirme y expresar mi escepticismo e insatisfacción ante las explicaciones de algunos doctos en economía.
Démosle pues al asunto suficiente perspectiva y alejémonos de la estrechez de miras de la economía financiera y, sobre todo, miremos la realidad tal como se presenta, sin entrar en modelos y teoremas. Supongamos que solo analizamos lo que hemos vivido nosotros y los que conocemos (padres y abuelos) Resulta que los cambios económicos que ha sufrido el mundo en los últimos 50 años son más profundas que cualquier periodo anterior. Podremos buscar periodos más dilatados de tiempo hacía el pasado y los cambios económicos serán menores cuanto más nos alejemos del presente. En esta historia reciente podemos ver como pasamos, más tarde que otros países, de una economía basada casi exclusivamente en el sector primario a un auge del sector secundario (industria, construcción, etc.) para alcanzar el llamado desarrollo con un gran sector de servicios. Todos estos cambios lo han vivido las personas mayores, a veces en un lapso de tiempo realmente corto. Son cambios muy visibles, pero el mundo ha seguido cambiando y aun lo hace a un ritmo cada vez más acelerado. ¿Qué ha pasado en las últimas décadas?
Dentro de la enorme complejidad de los cambios ocurridos llama la atención el cambio del modelo productivo hacía una total globalización, y la extensión del sector financiero en los países desarrollados a todos los ámbitos económicos. Esto último ha motivo el incremento de los costos que no se corresponde con un auténtico valor añadido. Antiguamente producir un tomate costaba principalmente “trabajo”, ahora al coste global se le añaden enormes inputs ( productos fitosanitarios o materiales para el cultivo bajo plástico, riego, etc), subvenciones, obras hidráulicas, caminos, centros de de envasado y comercialización, etc. Todo ello crea detrás un enorme flujo de dinero. En mayor medida ocurre con otros productos y servicios. Finalmente el tomate a disposición nuestra en una gran superficie, se compró a un precio muy superior al de producción en las condiciones “tradicionales”, pero tuvo aún un incremento mucho mayor de su valor para el consumidor que en décadas pasadas.
Igual que ocurre con el precio del suelo para vivienda (vendido y recalificado), vemos como hay un negocio en alza, de gente que se lucra a base de conseguir elevar los precios que pagamos todos. El problema no es meramente de que exista la especulación, sino que se convierta en el motor financiero del sistema el vivir a costa de llevarse un porcentaje o una comisión sin ofrecer nada a cambio a la sociedad.
Pero el ejemplo más claro del cambio de modelo es la subcontratación. Una administración pretende realizar determinada obra pública, en el pasado, tras valorar las ofertas los técnicos de la administración la empresa adjudicataria realizaría la obra. Ahora aparecen nuevos actores, una empresa pública que se encarga de la adjudicación y que probablemente trabaje a su vez con una consultora, y varias subcontratas que realizan al final el trabajo.
El precio por el que se licita la obra está ajustado, aunque no tanto para que la obra pueda se un fiasco (se evitan las bajas temerarias o la falta de solvencia técnica y económica de la empresa). Sin embargo, de hecho, la obra se realiza por un precio menor y por empresas y trabajadores de menor garantías. Conclusión, la adjudicataria hace negocio haciendo de intermediaria y de igual forma la empresa pública hace negocio haciendo de intermediaria entre la contrata y la administración. Si esto funciona, significa necesariamente que la “inversión pública” se ha inflado para que puedan repartirse algo de ganancia la empresa adjudicataria, a pesar de no hacer el trabajo y la empresa pública y sus contratadas.
A todos los niveles lo que vemos es un distanciamiento entre el productor del bien y el usuario final. El entramado se va engordando cada vez más y el precio final va en aumento.
Por tanto aumenta un sector que no proporciona valor útil al consumidor y que dispara el gasto público. Aunque también se puede ver de manera inversa, como el pastel público antes de llegar a los estómagos del ciudadano va menguando una y otra vez. Todo esto sólo beneficia al poder económico, financiero y político, en suma: “El Poder”. Que mueve y coloca como peones de una gran partida de ajedrez tanto a trabajadores como a cargos públicos para mantener este sistema, por la vía del clientelismo.
Para el catedrático de Políticas Públicas Vicenç Navarro la causa inicial que desembocó en la crisis financiera fue la ruptura del El Pacto Social Capital-Trabajo que había existido después de la II Guerra Mundial, debido al poder del mundo empresarial de las grandes compañías que en EEUU se conoce como la Corporate Class (la clase empresarial de las grandes compañías). Gracias al Pacto Social los salarios estaban ligados a la productividad, pero el cambio de modelo dio origen a unas políticas fiscales y económicas que claramente beneficiaron a las rentas de capital y a las rentas superiores.
Una consecuencia directa de esto fue el enorme crecimiento del sector financiero bancario por el endeudamiento de la población y la gran extensión del sector financiero en la economía.
Además, de esta referencia académica he encontrado otra teórica que puede muy bien servir de base para explicar algunos de los fenómenos comentados. Se trata de una teoría desarrollada a mediados de la década de lo setenta conocida como la “Teoría de la Agencia”. Se define como un método de desarrollo empresarial mediante un sistema de subcontratación de diversas tareas de nuestra empresa para conseguir una correcta adecuación de dicho trabajo. Este acuerdo, a pesar de ser aceptado por una segunda empresa, tendrá la validez legal y real como si lo hubiéramos hecho nosotros en primera persona. Dicho de otro modo, la teoría de la agencia analiza la forma de los contratos formales e informales mediante los que una o más personas denominadas como "el principal" encargan a otra persona denominada "el agente", la defensa de sus intereses delegando en ella cierto poder de decisión.
Realmente, ¿no parece este modelo neoliberal el que está aplicándose en la administración andaluza?
Como verán, toda esta disertación no ha tenido otro fin que mostrarles como al final, la solución a la crisis promulgada por el gobierno andaluz que afecta al sector público es la aplicación de la misma medicina neoliberal que nos ha llevado a la crisis.
La consecuencia es que se copia el modelo de mercado para aplicarlo en la administración, esto es, sustitución paulatina de la administración por una administración paralela de corte empresarial formada por agencias, que favorecerá aún más el clientelismo y el derroche del gasto. Aunque esto no será lo peor.
Pido a los lectores que entren en la siguiente página y lean el interesante artículo titulado “El problema del riesgo moral y la teoría de la agencia”
http://www.eumed.net/cursecon/1/instagencia.htm
En él se analiza que este sistema “implica siempre la existencia del problema del riesgo moral: la posibilidad de que el agente (gestor político, gestor empresarial) busque objetivos personales en detrimento de los intereses del principal (el ciudadano o el accionista). “
Como vemos este autor ya contempla el caso público y no meramente el empresarial privado. Otro comentario suyo es el siguiente:
“Los administradores de una empresa o de un organismo del estado pueden utilizar su capacidad de decisión para obtener maliciosamente beneficios personales a expensas del ciudadano o del accionista. Esos beneficios pueden tomar la forma de gratificaciones extras, oficinas grandes y lujosas, uso privado de vehículos; pueden promover subordinados por razones de simpatía o parentesco; pueden tomar decisiones demasiado arriesgadas o que sean beneficiosas para la empresa o el organismo a corto plazo pero perjudiciales en el largo plazo; pueden además tomar decisiones que aumenten su poder personal y permitan esquivar el control de los propietarios y los ciudadanos. “
A veces parece que el destino de un pueblo sea inevitable, de tanto creer que no podemos escapar a tener un país de ineptos copiamos las mismas agencias que movían el mundo de Mortadelo y Filemón. Recomiendo la lectura de las obras del ínclito Ibáñez y especialmente Corrupción a mogollón, en 1994, y Mortadelo y Filemón - El Señor de los Ladrillos, en 2005. Al menos que no nos falte el humor.
Aunque resulta evidente que las distintas formas de analizar las causas de la crisis son tan dispares como interpretar el relieve con planos a escalas muy distintas, es probable que la mayoría podamos caer en la simplicidad y, más aún, que los grandes entendidos estén escudriñando con lupa para analizar los “pelos de la crisis” sin llegar a las mismas entrañas del animal.
Lo cierto es que la actual crisis financiera es hija de una “crisis más genérica”, pero a muchos economistas les gusta hacer de profetas del pasado analizando las evidencias ya producidas dentro de un contexto social e histórico aséptico. Es como aquello de experimentar en el laboratorio bajo condiciones que no se dan en la cambiante e impredecible realidad pues son sólo eso, condiciones de laboratorio.
Pido excusas si no me expreso con claridad; pero, admitiendo que soy un perfecto ignorante en la materia económica, no puedo sin embargo reprimirme y expresar mi escepticismo e insatisfacción ante las explicaciones de algunos doctos en economía.
Démosle pues al asunto suficiente perspectiva y alejémonos de la estrechez de miras de la economía financiera y, sobre todo, miremos la realidad tal como se presenta, sin entrar en modelos y teoremas. Supongamos que solo analizamos lo que hemos vivido nosotros y los que conocemos (padres y abuelos) Resulta que los cambios económicos que ha sufrido el mundo en los últimos 50 años son más profundas que cualquier periodo anterior. Podremos buscar periodos más dilatados de tiempo hacía el pasado y los cambios económicos serán menores cuanto más nos alejemos del presente. En esta historia reciente podemos ver como pasamos, más tarde que otros países, de una economía basada casi exclusivamente en el sector primario a un auge del sector secundario (industria, construcción, etc.) para alcanzar el llamado desarrollo con un gran sector de servicios. Todos estos cambios lo han vivido las personas mayores, a veces en un lapso de tiempo realmente corto. Son cambios muy visibles, pero el mundo ha seguido cambiando y aun lo hace a un ritmo cada vez más acelerado. ¿Qué ha pasado en las últimas décadas?
Dentro de la enorme complejidad de los cambios ocurridos llama la atención el cambio del modelo productivo hacía una total globalización, y la extensión del sector financiero en los países desarrollados a todos los ámbitos económicos. Esto último ha motivo el incremento de los costos que no se corresponde con un auténtico valor añadido. Antiguamente producir un tomate costaba principalmente “trabajo”, ahora al coste global se le añaden enormes inputs ( productos fitosanitarios o materiales para el cultivo bajo plástico, riego, etc), subvenciones, obras hidráulicas, caminos, centros de de envasado y comercialización, etc. Todo ello crea detrás un enorme flujo de dinero. En mayor medida ocurre con otros productos y servicios. Finalmente el tomate a disposición nuestra en una gran superficie, se compró a un precio muy superior al de producción en las condiciones “tradicionales”, pero tuvo aún un incremento mucho mayor de su valor para el consumidor que en décadas pasadas.
Igual que ocurre con el precio del suelo para vivienda (vendido y recalificado), vemos como hay un negocio en alza, de gente que se lucra a base de conseguir elevar los precios que pagamos todos. El problema no es meramente de que exista la especulación, sino que se convierta en el motor financiero del sistema el vivir a costa de llevarse un porcentaje o una comisión sin ofrecer nada a cambio a la sociedad.
Pero el ejemplo más claro del cambio de modelo es la subcontratación. Una administración pretende realizar determinada obra pública, en el pasado, tras valorar las ofertas los técnicos de la administración la empresa adjudicataria realizaría la obra. Ahora aparecen nuevos actores, una empresa pública que se encarga de la adjudicación y que probablemente trabaje a su vez con una consultora, y varias subcontratas que realizan al final el trabajo.
El precio por el que se licita la obra está ajustado, aunque no tanto para que la obra pueda se un fiasco (se evitan las bajas temerarias o la falta de solvencia técnica y económica de la empresa). Sin embargo, de hecho, la obra se realiza por un precio menor y por empresas y trabajadores de menor garantías. Conclusión, la adjudicataria hace negocio haciendo de intermediaria y de igual forma la empresa pública hace negocio haciendo de intermediaria entre la contrata y la administración. Si esto funciona, significa necesariamente que la “inversión pública” se ha inflado para que puedan repartirse algo de ganancia la empresa adjudicataria, a pesar de no hacer el trabajo y la empresa pública y sus contratadas.
A todos los niveles lo que vemos es un distanciamiento entre el productor del bien y el usuario final. El entramado se va engordando cada vez más y el precio final va en aumento.
Por tanto aumenta un sector que no proporciona valor útil al consumidor y que dispara el gasto público. Aunque también se puede ver de manera inversa, como el pastel público antes de llegar a los estómagos del ciudadano va menguando una y otra vez. Todo esto sólo beneficia al poder económico, financiero y político, en suma: “El Poder”. Que mueve y coloca como peones de una gran partida de ajedrez tanto a trabajadores como a cargos públicos para mantener este sistema, por la vía del clientelismo.
Para el catedrático de Políticas Públicas Vicenç Navarro la causa inicial que desembocó en la crisis financiera fue la ruptura del El Pacto Social Capital-Trabajo que había existido después de la II Guerra Mundial, debido al poder del mundo empresarial de las grandes compañías que en EEUU se conoce como la Corporate Class (la clase empresarial de las grandes compañías). Gracias al Pacto Social los salarios estaban ligados a la productividad, pero el cambio de modelo dio origen a unas políticas fiscales y económicas que claramente beneficiaron a las rentas de capital y a las rentas superiores.
Una consecuencia directa de esto fue el enorme crecimiento del sector financiero bancario por el endeudamiento de la población y la gran extensión del sector financiero en la economía.
Además, de esta referencia académica he encontrado otra teórica que puede muy bien servir de base para explicar algunos de los fenómenos comentados. Se trata de una teoría desarrollada a mediados de la década de lo setenta conocida como la “Teoría de la Agencia”. Se define como un método de desarrollo empresarial mediante un sistema de subcontratación de diversas tareas de nuestra empresa para conseguir una correcta adecuación de dicho trabajo. Este acuerdo, a pesar de ser aceptado por una segunda empresa, tendrá la validez legal y real como si lo hubiéramos hecho nosotros en primera persona. Dicho de otro modo, la teoría de la agencia analiza la forma de los contratos formales e informales mediante los que una o más personas denominadas como "el principal" encargan a otra persona denominada "el agente", la defensa de sus intereses delegando en ella cierto poder de decisión.
Realmente, ¿no parece este modelo neoliberal el que está aplicándose en la administración andaluza?
Como verán, toda esta disertación no ha tenido otro fin que mostrarles como al final, la solución a la crisis promulgada por el gobierno andaluz que afecta al sector público es la aplicación de la misma medicina neoliberal que nos ha llevado a la crisis.
La consecuencia es que se copia el modelo de mercado para aplicarlo en la administración, esto es, sustitución paulatina de la administración por una administración paralela de corte empresarial formada por agencias, que favorecerá aún más el clientelismo y el derroche del gasto. Aunque esto no será lo peor.
Pido a los lectores que entren en la siguiente página y lean el interesante artículo titulado “El problema del riesgo moral y la teoría de la agencia”
http://www.eumed.net/cursecon/1/instagencia.htm
En él se analiza que este sistema “implica siempre la existencia del problema del riesgo moral: la posibilidad de que el agente (gestor político, gestor empresarial) busque objetivos personales en detrimento de los intereses del principal (el ciudadano o el accionista). “
Como vemos este autor ya contempla el caso público y no meramente el empresarial privado. Otro comentario suyo es el siguiente:
“Los administradores de una empresa o de un organismo del estado pueden utilizar su capacidad de decisión para obtener maliciosamente beneficios personales a expensas del ciudadano o del accionista. Esos beneficios pueden tomar la forma de gratificaciones extras, oficinas grandes y lujosas, uso privado de vehículos; pueden promover subordinados por razones de simpatía o parentesco; pueden tomar decisiones demasiado arriesgadas o que sean beneficiosas para la empresa o el organismo a corto plazo pero perjudiciales en el largo plazo; pueden además tomar decisiones que aumenten su poder personal y permitan esquivar el control de los propietarios y los ciudadanos. “
A veces parece que el destino de un pueblo sea inevitable, de tanto creer que no podemos escapar a tener un país de ineptos copiamos las mismas agencias que movían el mundo de Mortadelo y Filemón. Recomiendo la lectura de las obras del ínclito Ibáñez y especialmente Corrupción a mogollón, en 1994, y Mortadelo y Filemón - El Señor de los Ladrillos, en 2005. Al menos que no nos falte el humor.
viernes, 1 de octubre de 2010
NO LO ENTIENDO
La política económica de este país que gobierna el Sr. Zapatero no hay quien la entienda. Este señor quiso convertirse en el adalid de socialismo más progresista, luego negando la crisis mundial que, según él no afectaría a España, promovió el aumento del gasto público a cotas antes no alcanzadas y, cuando finalmente reconoció tarde (muy tarde) la crisis, en contra de su ministro de economía dio la receta de aumentar más el gasto público. De ser el socialista más radical y optimista cambio en un día (o una noche más bien) a ser un fervoroso defensor del mercado y el capital. Dictando por decreto medidas tan lesivas para los trabajadores que no tienen parangón en toda la democracia, ni siquiera en la dictadura de Franco. Pero ¡Qué pesadilla es esta!
Zapatero pasará a la historia por ser el político que presumía de talante, pero que acabo gobernando cobardemente por decreto, en contra de su pueblo y obedeciendo el dictado del mercado.
También podría pasar por ser el que no reconoció la crisis, el que dijo que en el año 2010 adelantaríamos a Italia y nos pondríamos a la altura de Alemania consiguiendo además el pleno empleo (está en los periódicos de hace menos de 3 años) y acabó como hazmerreír en Europa por su pertinaz y complaciente optimismo, una burla ante la situación económica de España y sus socios europeos.
Pues bien, no voy a seguir hablándoles de este señor y únicamente voy a tratar de comprender que beneficio tendría postergar la edad de jubilación. O, por favor, que alguien me lo explique.
Ciertamente nos venden que no habrá dinero para pagar nuestras pensiones en el futuro, quizá dentro de 20 o 30 años. ¿A nadie le resulta sorprendente? Cómo es posible que nuestros políticos, que son incapaces de planificar más allá de una legislatura de 4 años, y no digamos de predecir, puedan siquiera plantear seriamente esto.
¿En serio piensan que me voy a creer que Zp y sus compinches están preocupados por los jubilados de dentro de 30 años?
¿Es que alguien predijo hace 20 años la entrada millonaria de emigrantes en España?
Es decir, yo pago ahora las pensiones de los jubilados actuales, para la que actualmente hay superavit; pero como no me las van a poder pagar en el futuro me dicen que me haga un plan de pensiones y que me prepare para alargar mi edad laboral, así tendré menos tiempo de disfrutar de la pensión, sino me he muerto antes.
Si todo esto me resulta muy extraño, qué me dicen de lo siguiente. Todos los entendidos se ponen de acuerdo en que los dos peores males del mercado laboral son:
La dificultad para encontrar un trabajo a los mayores, que son expulsados del mercado laboral, y la tardanza de nuestros jóvenes para entrar en el mercado laboral.
Me parece, estupendo. Al alargar la edad de jubilación conseguimos aumentar el número de excluidos del mercado laboral a la vez que imposibilitamos aún más la entrada al mercado laboral de los jóvenes.
Que esperan conseguir ¿una sociedad de jóvenes sanos y muy bien formados, pero ociosos, que al no tener estabilidad laboral posterguen aún más formar familia y tener hijos, con lo que se reduciría aún más la natalidad y reduciría consiguientemente el número de jóvenes para pagar las futuras pensiones? ¿Un mercado laboral copado de achacosos viejecitos? O tal vez ¿conseguir que lleguen muy pocos vivos a la edad de jubilación y los que lo hagan no hayan cotizado el suficiente número de años para cobrarla?
Cuando conozco gente que la prejubilaron hace muy poco, con 45 años y viven tan ricamente, me vuelvo a decir a mi mismo: “no lo entiendo”
Zapatero pasará a la historia por ser el político que presumía de talante, pero que acabo gobernando cobardemente por decreto, en contra de su pueblo y obedeciendo el dictado del mercado.
También podría pasar por ser el que no reconoció la crisis, el que dijo que en el año 2010 adelantaríamos a Italia y nos pondríamos a la altura de Alemania consiguiendo además el pleno empleo (está en los periódicos de hace menos de 3 años) y acabó como hazmerreír en Europa por su pertinaz y complaciente optimismo, una burla ante la situación económica de España y sus socios europeos.
Pues bien, no voy a seguir hablándoles de este señor y únicamente voy a tratar de comprender que beneficio tendría postergar la edad de jubilación. O, por favor, que alguien me lo explique.
Ciertamente nos venden que no habrá dinero para pagar nuestras pensiones en el futuro, quizá dentro de 20 o 30 años. ¿A nadie le resulta sorprendente? Cómo es posible que nuestros políticos, que son incapaces de planificar más allá de una legislatura de 4 años, y no digamos de predecir, puedan siquiera plantear seriamente esto.
¿En serio piensan que me voy a creer que Zp y sus compinches están preocupados por los jubilados de dentro de 30 años?
¿Es que alguien predijo hace 20 años la entrada millonaria de emigrantes en España?
Es decir, yo pago ahora las pensiones de los jubilados actuales, para la que actualmente hay superavit; pero como no me las van a poder pagar en el futuro me dicen que me haga un plan de pensiones y que me prepare para alargar mi edad laboral, así tendré menos tiempo de disfrutar de la pensión, sino me he muerto antes.
Si todo esto me resulta muy extraño, qué me dicen de lo siguiente. Todos los entendidos se ponen de acuerdo en que los dos peores males del mercado laboral son:
La dificultad para encontrar un trabajo a los mayores, que son expulsados del mercado laboral, y la tardanza de nuestros jóvenes para entrar en el mercado laboral.
Me parece, estupendo. Al alargar la edad de jubilación conseguimos aumentar el número de excluidos del mercado laboral a la vez que imposibilitamos aún más la entrada al mercado laboral de los jóvenes.
Que esperan conseguir ¿una sociedad de jóvenes sanos y muy bien formados, pero ociosos, que al no tener estabilidad laboral posterguen aún más formar familia y tener hijos, con lo que se reduciría aún más la natalidad y reduciría consiguientemente el número de jóvenes para pagar las futuras pensiones? ¿Un mercado laboral copado de achacosos viejecitos? O tal vez ¿conseguir que lleguen muy pocos vivos a la edad de jubilación y los que lo hagan no hayan cotizado el suficiente número de años para cobrarla?
Cuando conozco gente que la prejubilaron hace muy poco, con 45 años y viven tan ricamente, me vuelvo a decir a mi mismo: “no lo entiendo”
sábado, 25 de septiembre de 2010
sábado, 11 de septiembre de 2010
ESTADO DE DERECHO O ESTADO DE COMERCIO
El Estado español se ha ido dotando de una exuberante legislación (estatal y autonómica) que considero aceptable. Sin embargo, yo diría que en este país hay una desafectación crónica de las administraciones hacía la aplicación con rigor de la leyes. Esto es nefasto y nos pone a la altura de una república bananera ante los ojos del visitante extranjero.
No se entiende que las mismas leyes redactadas y aprobadas por determinado partido sea luego considerada por el Alcalde o Delegado de turno demasiado rigurosa o dura. Es algo intolerable que un servidor público, no aplique correctamente la ley e incluso la llegue a criticar en público. Especialmente sangrante si este servidor público cumple funciones de alto funcionario como un Director General o Delegado que no ha sido elegido como representante del pueblo sino que ha sido colocado para gestionar un determinado sector de la Administración. Como se le exige a los funcionarios de carrera debe de exigírseles a ellos responsabilidad absoluta de actuar con arreglo a la legislación vigente, les guste o no, perjudique a determinados intereses o no; de forma justa e imparcial.
Por ello es intolerable la consideración de estos cargos como de responsabilidad política, una gran coartada para salvarse de la prevaricación.
Una de las primeras medidas a tomar sería la total corresponsabilidad de los cargos públicos en las cuestiones legales. Resulta esperpéntico que un juez absuelva de prevaricación a un cargo público basándose en un informe conforme de un funcionario. ¿Acaso el cargo, como superior jerárquico, no debe ser responsable legal de lo que firma? ¿Acaso el desconocimiento de la ley exime de su cumplimiento?
Se dan en estas circunstancias las siguientes paradojas:
La primera es que, frecuentemente, el cargo no tiene la preparación ni experiencia que se le exige a cualquiera de sus funcionarios, ni siquiera al último auxiliar administrativo, sin embargo como superior jerárquico puede firmar resoluciones en contra del criterio del funcionario.
La otra paradoja es que, esos mismos funcionarios que firman esos informes puede que se hayan puesto a dedo como puesto de libre designación. Y de igual modo como se pusieron pueden en cualquier momento ser destituidos por su jefe político.
Sí, la función pública se creo para garantizar la independencia de los funcionarios a la hora de aplicar la ley; pero, no parece que manejándolos a dedo sea el procedimiento que salvaguarde esta independencia.
En la política puedes encontrar a gente inteligente y menos inteligentes; cultos e incultos; honestos y deshonestos; pero lo que nunca encontrarás a personajes modestos ni humildes. Todos se creen los más preparados, aunque no hayan sido capaces de aprobar ni el bachillerato; lo conocen todo, aunque en su curriculum no haya nada conseguido por merito propio y todo le haya sido otorgado a dedo por los amigotes del partido.
La situación es perversa, ya que difícilmente en los partidos se permitirá que tomen el poder personas que antepongan a los intereses del partido los públicos, y por otra parte, es muy difícil que el sistema permita que un nuevo partido ajeno al poder se establezca.
Por desgracia lo que llamamos clase política es una oligarquía que se aprovecha de la democracia para medrar en el poder y lo puede hacer impunemente porque tienen el poder absoluto o así lo creemos, pues la realidad es otra peor. En apariencia tienen el poder dado que el sistema electoral está pensado no para que el pueblo sea soberano sino para que los dos partidos con capacidad de gobernar acaparen todo el poder de las administraciones, asimismo estos dos partidos pueden libremente colocar en los puestos de poder a quien quiera, lo cual, unido a la nula democracia interna imperante en los partidos, significa que las decisiones, todas las decisiones, son tomada por un reducido grupo. Si el partido controla al gobierno y el gobierno controla a la administración; luego, el partido controla a la administración. Más aún, a través del poder de la administración tanto la derecha como la izquierda interaccionan con todos los poderes económicos. En apariencia, el poder político te lleva a disponer de poder en el mercado. ¿Es esto así?
Me temo que las democracias occidentales están cayendo en algo aberrante, y nos estemos dejando gobernar por los más poderosos intereses de la tierra: los de las grandes corporaciones financieras y grupos económicos varios. No es ningún secreto que hace mucho tiempo que las decisiones globales no se toman en los parlamentos, sino en los despachos de los grandes magnates económicos mundiales.
Decisiones que han llevado a invadir países como Irak o a generar un enorme gasto sanitario por una pandemia que nunca llegó, estos son algunos ejemplos claros de lo que estoy hablando.
No se entiende que las mismas leyes redactadas y aprobadas por determinado partido sea luego considerada por el Alcalde o Delegado de turno demasiado rigurosa o dura. Es algo intolerable que un servidor público, no aplique correctamente la ley e incluso la llegue a criticar en público. Especialmente sangrante si este servidor público cumple funciones de alto funcionario como un Director General o Delegado que no ha sido elegido como representante del pueblo sino que ha sido colocado para gestionar un determinado sector de la Administración. Como se le exige a los funcionarios de carrera debe de exigírseles a ellos responsabilidad absoluta de actuar con arreglo a la legislación vigente, les guste o no, perjudique a determinados intereses o no; de forma justa e imparcial.
Por ello es intolerable la consideración de estos cargos como de responsabilidad política, una gran coartada para salvarse de la prevaricación.
Una de las primeras medidas a tomar sería la total corresponsabilidad de los cargos públicos en las cuestiones legales. Resulta esperpéntico que un juez absuelva de prevaricación a un cargo público basándose en un informe conforme de un funcionario. ¿Acaso el cargo, como superior jerárquico, no debe ser responsable legal de lo que firma? ¿Acaso el desconocimiento de la ley exime de su cumplimiento?
Se dan en estas circunstancias las siguientes paradojas:
La primera es que, frecuentemente, el cargo no tiene la preparación ni experiencia que se le exige a cualquiera de sus funcionarios, ni siquiera al último auxiliar administrativo, sin embargo como superior jerárquico puede firmar resoluciones en contra del criterio del funcionario.
La otra paradoja es que, esos mismos funcionarios que firman esos informes puede que se hayan puesto a dedo como puesto de libre designación. Y de igual modo como se pusieron pueden en cualquier momento ser destituidos por su jefe político.
Sí, la función pública se creo para garantizar la independencia de los funcionarios a la hora de aplicar la ley; pero, no parece que manejándolos a dedo sea el procedimiento que salvaguarde esta independencia.
En la política puedes encontrar a gente inteligente y menos inteligentes; cultos e incultos; honestos y deshonestos; pero lo que nunca encontrarás a personajes modestos ni humildes. Todos se creen los más preparados, aunque no hayan sido capaces de aprobar ni el bachillerato; lo conocen todo, aunque en su curriculum no haya nada conseguido por merito propio y todo le haya sido otorgado a dedo por los amigotes del partido.
La situación es perversa, ya que difícilmente en los partidos se permitirá que tomen el poder personas que antepongan a los intereses del partido los públicos, y por otra parte, es muy difícil que el sistema permita que un nuevo partido ajeno al poder se establezca.
Por desgracia lo que llamamos clase política es una oligarquía que se aprovecha de la democracia para medrar en el poder y lo puede hacer impunemente porque tienen el poder absoluto o así lo creemos, pues la realidad es otra peor. En apariencia tienen el poder dado que el sistema electoral está pensado no para que el pueblo sea soberano sino para que los dos partidos con capacidad de gobernar acaparen todo el poder de las administraciones, asimismo estos dos partidos pueden libremente colocar en los puestos de poder a quien quiera, lo cual, unido a la nula democracia interna imperante en los partidos, significa que las decisiones, todas las decisiones, son tomada por un reducido grupo. Si el partido controla al gobierno y el gobierno controla a la administración; luego, el partido controla a la administración. Más aún, a través del poder de la administración tanto la derecha como la izquierda interaccionan con todos los poderes económicos. En apariencia, el poder político te lleva a disponer de poder en el mercado. ¿Es esto así?
Me temo que las democracias occidentales están cayendo en algo aberrante, y nos estemos dejando gobernar por los más poderosos intereses de la tierra: los de las grandes corporaciones financieras y grupos económicos varios. No es ningún secreto que hace mucho tiempo que las decisiones globales no se toman en los parlamentos, sino en los despachos de los grandes magnates económicos mundiales.
Decisiones que han llevado a invadir países como Irak o a generar un enorme gasto sanitario por una pandemia que nunca llegó, estos son algunos ejemplos claros de lo que estoy hablando.
UN NUEVO OPIO DEL PUEBLO
UN NUEVO OPIO DEL PUEBLO
Resulta evidente que las sociedades desarrolladas actuales, como el caso de la española, viven en una confortable modorra que explica que, a pesar de tener el conocimiento y la información jamás superada por generaciones anteriores, vivan en una indolencia cada vez mayor respecto a lo cotidiano, a aquello en lo que cada uno puede y debe desde su libertad tomar decisiones que afectan a toda la comunidad.
Sin duda la explicación de esta apatía intelectual e inacción social del ciudadano es compleja, pero simplificando estaremos de acuerdo que tiene mucho que ver con eso llamado “la sociedad del consumo”.
En cierto modo me atrevo a decir que en occidente el opio el pueblo del que hablaba Marx, ese supuesto freno intelectual atribuido a la religión, ha pasado a ser el “consumismo” entendiendo este término en su sentido más social. Podemos llegar a ver incluso el efecto llamada en los jóvenes de esos países en vías de desarrollo, en los que a pesar del hambre la gente siempre se ha sentido feliz y ahora la comunicación global hace que incluso los formados en las universidades, se sientan arrastrados por los cantos de sirena de nuestro opulento y mediático mundo; no vienen huyendo tanto del hambre como de la infelicidad de ver frustrados su anhelos de vivir como nosotros y no precisamente por nuestras libertades políticas y democracia.
Podríamos soportar con desdén que la imbecilidad se apodere de la televisión o que nuestro vecino, un paleto ignorante, se crea superior por ganar más y tener un coche de gama alta, o seguir soportando que el espacio dedicado en los medio de comunicación al futbol sea muy superior al de la economía, cultura y crítica política. Ahora, ¿es admisible que toda esta basura llegue a gobernarnos?
Porque. ¿Qué mierda es esta de la clase política que tenemos?
Cuando un país es administrado por personajes tan vacíos como los que ahora ocupan el poder en todos sus estamentos de la administración, ya sean los gobiernos, diputaciones o ayuntamientos, sólo se puede esperar el desastre. Y es que tenemos una fauna política que sólo se atiene a la imagen pública más banal. Sea un ejemplo la política del Gobierno del presidente Zapatero, que ha dado bandazos continuos para contentar a quien creía conveniente para ganar votos primero y luego al “santo poderoso mercado” y la imagen que queda es la de una política económica vacía, sólo de fachada pero hueca y queda la sospecha que siempre al dictado de intereses ajenos a los públicos. No sería justo dejar en el olvido el lamentable papel en este asunto del partido mayoritario en la oposición, ni los sindicatos o la patronal, todo un ejemplo de lo que no debería ser un país.
¿No basta todo esto para dar un giro ya a la situación?
A pesar de todo me niego al pesimismo, y creo que la mayoría de nuestros políticos son personas honestas e inteligentes, eso sí, que viven presas del “status quo” de los partidos.
Por ello, les pido a ellos y a todos los ciudadanos que nos unamos para pedir ¡qué se cambie esto ya! Es urgente limpiar la imagen de la clase política, recobrar la credibilidad de los políticos.
Resulta evidente que las sociedades desarrolladas actuales, como el caso de la española, viven en una confortable modorra que explica que, a pesar de tener el conocimiento y la información jamás superada por generaciones anteriores, vivan en una indolencia cada vez mayor respecto a lo cotidiano, a aquello en lo que cada uno puede y debe desde su libertad tomar decisiones que afectan a toda la comunidad.
Sin duda la explicación de esta apatía intelectual e inacción social del ciudadano es compleja, pero simplificando estaremos de acuerdo que tiene mucho que ver con eso llamado “la sociedad del consumo”.
En cierto modo me atrevo a decir que en occidente el opio el pueblo del que hablaba Marx, ese supuesto freno intelectual atribuido a la religión, ha pasado a ser el “consumismo” entendiendo este término en su sentido más social. Podemos llegar a ver incluso el efecto llamada en los jóvenes de esos países en vías de desarrollo, en los que a pesar del hambre la gente siempre se ha sentido feliz y ahora la comunicación global hace que incluso los formados en las universidades, se sientan arrastrados por los cantos de sirena de nuestro opulento y mediático mundo; no vienen huyendo tanto del hambre como de la infelicidad de ver frustrados su anhelos de vivir como nosotros y no precisamente por nuestras libertades políticas y democracia.
Podríamos soportar con desdén que la imbecilidad se apodere de la televisión o que nuestro vecino, un paleto ignorante, se crea superior por ganar más y tener un coche de gama alta, o seguir soportando que el espacio dedicado en los medio de comunicación al futbol sea muy superior al de la economía, cultura y crítica política. Ahora, ¿es admisible que toda esta basura llegue a gobernarnos?
Porque. ¿Qué mierda es esta de la clase política que tenemos?
Cuando un país es administrado por personajes tan vacíos como los que ahora ocupan el poder en todos sus estamentos de la administración, ya sean los gobiernos, diputaciones o ayuntamientos, sólo se puede esperar el desastre. Y es que tenemos una fauna política que sólo se atiene a la imagen pública más banal. Sea un ejemplo la política del Gobierno del presidente Zapatero, que ha dado bandazos continuos para contentar a quien creía conveniente para ganar votos primero y luego al “santo poderoso mercado” y la imagen que queda es la de una política económica vacía, sólo de fachada pero hueca y queda la sospecha que siempre al dictado de intereses ajenos a los públicos. No sería justo dejar en el olvido el lamentable papel en este asunto del partido mayoritario en la oposición, ni los sindicatos o la patronal, todo un ejemplo de lo que no debería ser un país.
¿No basta todo esto para dar un giro ya a la situación?
A pesar de todo me niego al pesimismo, y creo que la mayoría de nuestros políticos son personas honestas e inteligentes, eso sí, que viven presas del “status quo” de los partidos.
Por ello, les pido a ellos y a todos los ciudadanos que nos unamos para pedir ¡qué se cambie esto ya! Es urgente limpiar la imagen de la clase política, recobrar la credibilidad de los políticos.
lunes, 6 de septiembre de 2010
jueves, 2 de septiembre de 2010
EL DESLINDE DE COSTAS EN DOÑANA
¿Por qué a la Junta no le gusta el deslinde del DPMT de Doñana?
El deslinde de Costas cuenta con el aval de un experto, el catedrático de la UGR, Miguel A. Losada, y en todo caso quizá sea el deslinde más aséptico políticamente que pueda darse (para disgusto de algunos) pues se basa en criterios meramente científicos. Es así como lo contempla la Ley de Costas, no obstante el Dominio Público Marítimo es un bien demanial natural, esto es, queda definido por sus características geológicas.
El Gobierno andaluz considera excesivo el deslinde realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, lo cual es opinable. Ahora bien, más que una cuestión de criterio piensa recurrirlo. ¿Cual es la razón de que considere tan importante impedir ese deslinde?
Veamos, desde el punto de vista de la protección del Parque Nacional no puede negarse que es una buena noticia el que se blinde esa franja costera contra todo tipo de actuaciones urbanísticas. Luego, parece que el gobierno del señor Griñán quiere evitar esta protección, lo cual sería extremadamente extravagante, si no fuera porque ya nos hemos acostumbrado a ver como frecuentemente los gobernantes actúan con cinismo defendiendo unos intereses que ellos consideran prioritarios y que sin embargo chocan con el interés público más general. No debe de olvidarse que Doñana es patrimonio de todos… literalmente es Patrimonio de la Humanidad.
Griñán ha tratado de desacreditar el deslinde dando a entender que de aplicarse los mismos criterios en toda la costa sería desastroso. ¿Acaso no es un desastre el que acontece en nuestras costas? Desde el Hotel Algarrobito, construido con el beneplacito de la Junta a miles y miles de construcciones ilegales en cada una de nuestras provincias desde Huelva a Almería. ¿No es más objetivo seguir el criterio científico y no estar como siempre a las “interpretaciones políticas”? Animo a que los que lean estas líneas comprueben los deslindes e interpreten el motivo de que la línea que ha de seguir la costa, haga un quiebro aquí y otro allí.
Por su parte, el líder de la oposición, el señor Arenas, no ve en todo esto más que "complicidad y docilidad".
Ciertamente, es bueno para la salud de una democracia que caigan las caretas y se nos vea a todos el plumero.
La Junta ahora no podrá conceder ciertas licencias o permisos, como la del transito por las dunas de autobuses como pretendía el alcalde de Almonte, que a la larga crearía una carretera y luego quien sabe. El Sr. Alcalde encuentra lógica en la realización de la línea de autobuses, pues acabaría con el transito de otros vehículos. No sería la primera vez, es una estrategia que se repite una y otra vez, la de utilizar el hecho consumado para crear cargas sobre el dominio público y finalmente acabar con el.
Acabo con una reflexión. Si el gobierno mantiene que existe el cambio clímático que llevará a la subida del mar, entonces ¿No sería coherente que se planteara corregir los deslindes de costas con esas previsiones?
Pues, resulta que en la mayor parte de las ocasiones, especialmente en los entornos urbanos, se deslinde justamente hasta la ribera del mar, ni un metros más al interior.
Si el mar subiera tan sólo 10 cm apenas afectaría a estas dunas de Doñana; pero, ¿imagínense ciertas urbanizaciones construidas en terrenos muy bajos junto al mar?
¿Quiénes serían los damnificados de haber hecho un deslinde sin previsión?
Planificando de esta manera parece que defendamos a esos pocos y conocidos que construyen y venden viviendas junto al mar, pero no a los futuros propietarios que podemos ser todos. No parece muy saludable que se entiendan también los que hacen negocios en el sector público con los políticos que tienen cargos públicos. Quizá resulte que la gran empresa de este país es el “negocio público”.
El deslinde de Costas cuenta con el aval de un experto, el catedrático de la UGR, Miguel A. Losada, y en todo caso quizá sea el deslinde más aséptico políticamente que pueda darse (para disgusto de algunos) pues se basa en criterios meramente científicos. Es así como lo contempla la Ley de Costas, no obstante el Dominio Público Marítimo es un bien demanial natural, esto es, queda definido por sus características geológicas.
El Gobierno andaluz considera excesivo el deslinde realizado por el Ministerio de Medio Ambiente, lo cual es opinable. Ahora bien, más que una cuestión de criterio piensa recurrirlo. ¿Cual es la razón de que considere tan importante impedir ese deslinde?
Veamos, desde el punto de vista de la protección del Parque Nacional no puede negarse que es una buena noticia el que se blinde esa franja costera contra todo tipo de actuaciones urbanísticas. Luego, parece que el gobierno del señor Griñán quiere evitar esta protección, lo cual sería extremadamente extravagante, si no fuera porque ya nos hemos acostumbrado a ver como frecuentemente los gobernantes actúan con cinismo defendiendo unos intereses que ellos consideran prioritarios y que sin embargo chocan con el interés público más general. No debe de olvidarse que Doñana es patrimonio de todos… literalmente es Patrimonio de la Humanidad.
Griñán ha tratado de desacreditar el deslinde dando a entender que de aplicarse los mismos criterios en toda la costa sería desastroso. ¿Acaso no es un desastre el que acontece en nuestras costas? Desde el Hotel Algarrobito, construido con el beneplacito de la Junta a miles y miles de construcciones ilegales en cada una de nuestras provincias desde Huelva a Almería. ¿No es más objetivo seguir el criterio científico y no estar como siempre a las “interpretaciones políticas”? Animo a que los que lean estas líneas comprueben los deslindes e interpreten el motivo de que la línea que ha de seguir la costa, haga un quiebro aquí y otro allí.
Por su parte, el líder de la oposición, el señor Arenas, no ve en todo esto más que "complicidad y docilidad".
Ciertamente, es bueno para la salud de una democracia que caigan las caretas y se nos vea a todos el plumero.
La Junta ahora no podrá conceder ciertas licencias o permisos, como la del transito por las dunas de autobuses como pretendía el alcalde de Almonte, que a la larga crearía una carretera y luego quien sabe. El Sr. Alcalde encuentra lógica en la realización de la línea de autobuses, pues acabaría con el transito de otros vehículos. No sería la primera vez, es una estrategia que se repite una y otra vez, la de utilizar el hecho consumado para crear cargas sobre el dominio público y finalmente acabar con el.
Acabo con una reflexión. Si el gobierno mantiene que existe el cambio clímático que llevará a la subida del mar, entonces ¿No sería coherente que se planteara corregir los deslindes de costas con esas previsiones?
Pues, resulta que en la mayor parte de las ocasiones, especialmente en los entornos urbanos, se deslinde justamente hasta la ribera del mar, ni un metros más al interior.
Si el mar subiera tan sólo 10 cm apenas afectaría a estas dunas de Doñana; pero, ¿imagínense ciertas urbanizaciones construidas en terrenos muy bajos junto al mar?
¿Quiénes serían los damnificados de haber hecho un deslinde sin previsión?
Planificando de esta manera parece que defendamos a esos pocos y conocidos que construyen y venden viviendas junto al mar, pero no a los futuros propietarios que podemos ser todos. No parece muy saludable que se entiendan también los que hacen negocios en el sector público con los políticos que tienen cargos públicos. Quizá resulte que la gran empresa de este país es el “negocio público”.
sábado, 21 de agosto de 2010
Vuelve la figura del desamortizador del monte
Así es, leo en el País Digital que el Reino Unido planea vender parques y bosques:
"El gobierno de David Cameron estudia vender sus reservas naturales en un desesperado intento por equilibrar el déficit que afecta al país. La medida, cuya aplicación se decide en noviembre, forma parte de un paquete que incluye un 40% de recorte del gasto para protección ambiental."
Lo peor es que la misma idea ya se difunde en este país de la mano de un exministro de Agricultura, Jaime Lamo de Espinosa, quien planteó en mayo en ABC una nueva desamortización para combatir el déficit. Allí afirmó que vender un tercio de las 7,50 millones de hectáreas de ayuntamientos y comunidades permitiría ingresar más de 7.500 millones de euros.
Y de su propuesta se ha hecho ya eco al menos una importante representante de un partido político en su blog de una conocida red social.
Me pregusto y ¿despues qué? ¿Quizá las playas en parcelas? ¿Los ríos?
Me parece increíble, es como retroceder dos siglos, a la época en la que la burguesía liberal quiso vender a las manos privadas de lo ricos latifundistas todos los montes públicos. Cosa que por otra parte no ocurrió por la defensa obstinada de un grupo de jóvenes ingenieros de montes que acabaron creando la primera figura de protección: los montes de utilidad pública.
Estamos ante una situación más crucial de lo que muchos piensan, no es que vayamos a retroceder décadas en la lucha por la defensa de la naturaleza, quizá el supuesto progreso en esta defensa sea ilusorio, no necesariamente los avances conseguidos a través del marco legal ambiental consiguen que una sociedad cambie. Creo que no es necesario hacer un gran esfuerzo, salvo para quien sea muy joven, para comprender que el sistema económico impone unas pautas de vida, de consumo cada vez más dañinas para el medio natural.
Pero a lo que estamos asistiendo en este momento es mucho peor, parecen desbocarse los ancestrales demonios de la codicia económica, del culto al individualismo, del poder absoluto, de la explotación salvaje; el freno ético no existe para ellos, es sólo para los que ellos llaman perdedores, porque se desprecia al otro y se desprecia a lo público. En un sistema así no tienen sentido los pueblos, o las naciones, todos los mensajes patrióticos son falsos, pues detrás de nuestros gobernantes habrán sólo intereses económicos sin fronteras ni físicas ni ideológicas. Desaparece así la democracia en manos de gobernantes que usan al pueblo únicamente para legitimarse en el poder, pero que obedecen a los grandes intereses de mercado.
¡No podemos permitirlo!
No somos muy diferentes a aquellos que salieron de las cavernas y practicaban el canibalismo. La historia nos lo enseña. Stephen Hawking ha dicho recientemente que debemos plantearnos salir de nuestro planeta para colonizar Marte, dejando la Tierra en barbecho, pensando en volver cuando vuelva a restaurarse el medio ambiente. No es el primero que plantea la inevitabilidad de estar condenados a morir ahogados en nuestros propios desechos y que la única solución es escapar de nuestro hogar. El señor Hawking me merece todo mi respeto, pero no considero acertado su planteamiento. En primer lugar, no podemos dejarnos vencer por ese sentimiento de fracaso social, podemos y debemos cambiar y evitar el desastre. En segundo lugar, existen muchos inconvenientes para hacer factible ese éxodo, antes siquiera que tuviéramos listas las condiciones para que una élite humana pudiera emigrar, la sociedad humana se revelaría como siempre lo ha hecho. Estoy más cercano al pensamiento de Einstein que vino a decir que no sabía ni como ni cuando sería la Tercera Guerra Mundial, pero que la cuarta sería con palos y piedras.
Quizá estemos a las puertas de la mayor y peor de las revoluciones, de una guerra civil a escala planetaria. ¿La primera revolución mundial?
En otro orden de cosas, por doquier veo los abusos de esta codicia de manos de políticos de todo signo. En el siguiente enlace hay datos sobre uno que tiene ya un par de años.
http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/94436-segovia-21-la-privatizacion-de-una-propiedad-publica-o-como-funciona-expana.html
"El gobierno de David Cameron estudia vender sus reservas naturales en un desesperado intento por equilibrar el déficit que afecta al país. La medida, cuya aplicación se decide en noviembre, forma parte de un paquete que incluye un 40% de recorte del gasto para protección ambiental."
Lo peor es que la misma idea ya se difunde en este país de la mano de un exministro de Agricultura, Jaime Lamo de Espinosa, quien planteó en mayo en ABC una nueva desamortización para combatir el déficit. Allí afirmó que vender un tercio de las 7,50 millones de hectáreas de ayuntamientos y comunidades permitiría ingresar más de 7.500 millones de euros.
Y de su propuesta se ha hecho ya eco al menos una importante representante de un partido político en su blog de una conocida red social.
Me pregusto y ¿despues qué? ¿Quizá las playas en parcelas? ¿Los ríos?
Me parece increíble, es como retroceder dos siglos, a la época en la que la burguesía liberal quiso vender a las manos privadas de lo ricos latifundistas todos los montes públicos. Cosa que por otra parte no ocurrió por la defensa obstinada de un grupo de jóvenes ingenieros de montes que acabaron creando la primera figura de protección: los montes de utilidad pública.
Estamos ante una situación más crucial de lo que muchos piensan, no es que vayamos a retroceder décadas en la lucha por la defensa de la naturaleza, quizá el supuesto progreso en esta defensa sea ilusorio, no necesariamente los avances conseguidos a través del marco legal ambiental consiguen que una sociedad cambie. Creo que no es necesario hacer un gran esfuerzo, salvo para quien sea muy joven, para comprender que el sistema económico impone unas pautas de vida, de consumo cada vez más dañinas para el medio natural.
Pero a lo que estamos asistiendo en este momento es mucho peor, parecen desbocarse los ancestrales demonios de la codicia económica, del culto al individualismo, del poder absoluto, de la explotación salvaje; el freno ético no existe para ellos, es sólo para los que ellos llaman perdedores, porque se desprecia al otro y se desprecia a lo público. En un sistema así no tienen sentido los pueblos, o las naciones, todos los mensajes patrióticos son falsos, pues detrás de nuestros gobernantes habrán sólo intereses económicos sin fronteras ni físicas ni ideológicas. Desaparece así la democracia en manos de gobernantes que usan al pueblo únicamente para legitimarse en el poder, pero que obedecen a los grandes intereses de mercado.
¡No podemos permitirlo!
No somos muy diferentes a aquellos que salieron de las cavernas y practicaban el canibalismo. La historia nos lo enseña. Stephen Hawking ha dicho recientemente que debemos plantearnos salir de nuestro planeta para colonizar Marte, dejando la Tierra en barbecho, pensando en volver cuando vuelva a restaurarse el medio ambiente. No es el primero que plantea la inevitabilidad de estar condenados a morir ahogados en nuestros propios desechos y que la única solución es escapar de nuestro hogar. El señor Hawking me merece todo mi respeto, pero no considero acertado su planteamiento. En primer lugar, no podemos dejarnos vencer por ese sentimiento de fracaso social, podemos y debemos cambiar y evitar el desastre. En segundo lugar, existen muchos inconvenientes para hacer factible ese éxodo, antes siquiera que tuviéramos listas las condiciones para que una élite humana pudiera emigrar, la sociedad humana se revelaría como siempre lo ha hecho. Estoy más cercano al pensamiento de Einstein que vino a decir que no sabía ni como ni cuando sería la Tercera Guerra Mundial, pero que la cuarta sería con palos y piedras.
Quizá estemos a las puertas de la mayor y peor de las revoluciones, de una guerra civil a escala planetaria. ¿La primera revolución mundial?
En otro orden de cosas, por doquier veo los abusos de esta codicia de manos de políticos de todo signo. En el siguiente enlace hay datos sobre uno que tiene ya un par de años.
http://www.burbuja.info/inmobiliaria/burbuja-inmobiliaria/94436-segovia-21-la-privatizacion-de-una-propiedad-publica-o-como-funciona-expana.html
jueves, 22 de julio de 2010
ANDALUCÍA GRANDE Y LIBRE
Con el cambio de modelo de estado que traerá la Constitución Española aparecerán nuevas administraciones y cambios importantes dentro de ellas. Como se ha puesto de manifiesto con ocasión de la crisis actual, una de las consecuencias es el fuerte incremento de la maquinaria administrativa y un enorme gasto acelerado por las ayudas y subvenciones europeas.
En relación con esto último aparece un fenómeno imposible en la época franquista, la adaptación de esta maquinaria para aumentar no la eficacia de los recursos propios sino los ajenos, esos que llegan con fondos europeos. En la búsqueda de esta “eficacia” se crean medios propios más adaptados para hacer circular el dinero: las empresas públicas.
Ahora ¿en que se diferencian estas empresas públicas de las franquistas?
El periodo franquista, cerrado en la autarquía económica, bajo el control de un poder único trajo consigo una importante intervención del gobierno en la economía a través de la creación de numerosas empresas públicas. De esta manera el poder del gobierno de Franco se aseguraba además del control de la Administración (obviamente, era una dictadura) parte del control de la economía. En la década de los 80 y especialmente desde la entrada de nuestro país en la CEE se plantea tanto por la derecha como por la izquierda la necesidad de privatizar estas empresas para soltar lastre y dejar en el mercado lo que pertenece al mercado. Podríamos decir que en el caso andaluz, asentado el poder en un único partido desde entonces, aparece una voluntad del PSOE en tomar el control de la administración. Resulta pues paradójico viniendo de un partido democrático el dar esta marcha atrás. Para ello se crean numerosas empresas públicas, en un principio de corte parecido a las franquistas, meramente empresariales, pero ahora el señor Griñán da un radical vuelta de tuerca y al parecerle poca cosa ésta, decide como si pretendiera emular al gobierno del Generalísimo o mejor como si se tratara de una economía planificada hacerlas administración transformándolas en agencias públicas.
Realmente es innovador este señor Griñan, su idea de la política se parece bastante a la del Gobierno Chino. No es de extrañar, es el país de moda. Chávez dijo que seriamos la California de Europa, Griñan debería decir que seremos la Shandong o la Fujian de Europa.
En todo esto hay dos consecuencias, una económica:
Desde la creación de la Unión Europea la economía viene marcada por el liberalismo, esto ha traído consigo una potenciación de la privatización y también una exigencia de recorte de los gastos públicos. En el caso andaluz se ha encontrado la perversa fórmula para aumentar exageradamente el gasto público sin que Europa nos pusiera una falta, convirtiendo ese gasto en inversión pública a través de la creación de las empresas públicas. En la práctica se consigue mayor control del gobierno (menos del Parlamento) y mucha menos transparencia que con la administración.
Otra política:
Todos los cargos y el personal técnico es contratado a dedo. En la práctica es un control del partido, dado que los gobiernos cambian, pero no el partido que gobierna. Además de enchufar a los suyos, estas poderosas empresas extienden sus tentáculos a todo el espectro económico, creándose así un círculo muy vicioso, en el que el partido llega a todos los aspectos de la vida económica a través de las empresas públicas.
Ya, deben pensar que sólo les queda aniquilar el poquito poder decisorio que le quedan a esos funcionarios de carrera que no han sido enchufados y que según parece molestan porque ponen impedimentos legales para que puedan manejar con total soltura el dinero del contribuyente. Y esto que ya era difícil encontrar funcionarios realmente dispuestos a evitar este manejo de lo público deshonesto y que puede llevar fácilmente a la corrupción, pues las armas legales son poderosas para comprar a los funcionarios con puesto de libre designación (a dedo) con mejores sueldos y la palmadita en la espalda como premios, lo contrario es correr el riesgo de sufrir el acoso moral o mobbing.
Según el artículo 103 de la Constitución, la Administración Pública de España sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
¿Se parece realmente a estos preceptos el modelo de la administración andaluza?
Obviamente este no es el modelo. Incluso el modelo preconstitucional separaba la administración pública de las empresas públicas. El modelo Griñan las junta y pretende que se confundan. En un primer paso se crean numerosas empresas públicas, con lo cual está haciendo una política económica intervencionista; en un segundo paso las empresas totalmente controladas por el PSOE, toman el poder en la administración dejando de lado los principios de independencia de los funcionarios de carrera.
No es eficaz: Frecuentemente estos paticortos políticos confunden cantidad con calidad, y quieren vendernos las inversiones al peso. El sistema generado tiene tantas pérdidas como la administración de una república bananera de tercera, ya que se duplica o triplica, según los casos, el gasto público convertido eso sí en “brillante inversión”.
No es eficaz, porque esta mal dotado de medios y no se forma a sus técnicos, con la aquiescencia de los sindicatos mayoritarios que manejan millones de euros en formación cutre y a veces incluso ridícula, como cursos de cocina para funcionarios.
No es eficaz porque la provisión de puestos en la Relación de Puestos de Trabajo se realiza a través de artículos 30 ad-hoc para colocar al que les interesa o en los concursos porque se valora la antigüedad y los cursos chorras de los sindicatos únicamente. La valía técnica no se tiene en cuenta. Cuanto menos preparado, aburrido y desfasado este un funcionario mejor.
Se ha perdido la jerarquía: La administración se ha Deconstruido como una tortilla de patatas en manos de Ferra Adria. Una administración superpuesta de personal no funcionario de empresas públicas toma las decisiones por encima del organigrama de la administración.
Los puestos técnicos funcionarios con capacidad de decisión no son cubiertos por meritos en concurso, sino puestos a dedo.
El modelo es centralista, dado que pasa de tener capacidad de decisión autónoma de la provincia en ciertos temas a que sean controlados por la empresa pública que se rige por una única cúpula desde Sevilla con conexión directa a los barones del partido.
Hay una clara concentración de poder, de unos que ni siquiera han sido votados por el pueblo.
No puede existir verdadera coordinación sino imposición al crearse esta trama poderosa que se superpone a la verdadera administración.
En relación con esto último aparece un fenómeno imposible en la época franquista, la adaptación de esta maquinaria para aumentar no la eficacia de los recursos propios sino los ajenos, esos que llegan con fondos europeos. En la búsqueda de esta “eficacia” se crean medios propios más adaptados para hacer circular el dinero: las empresas públicas.
Ahora ¿en que se diferencian estas empresas públicas de las franquistas?
El periodo franquista, cerrado en la autarquía económica, bajo el control de un poder único trajo consigo una importante intervención del gobierno en la economía a través de la creación de numerosas empresas públicas. De esta manera el poder del gobierno de Franco se aseguraba además del control de la Administración (obviamente, era una dictadura) parte del control de la economía. En la década de los 80 y especialmente desde la entrada de nuestro país en la CEE se plantea tanto por la derecha como por la izquierda la necesidad de privatizar estas empresas para soltar lastre y dejar en el mercado lo que pertenece al mercado. Podríamos decir que en el caso andaluz, asentado el poder en un único partido desde entonces, aparece una voluntad del PSOE en tomar el control de la administración. Resulta pues paradójico viniendo de un partido democrático el dar esta marcha atrás. Para ello se crean numerosas empresas públicas, en un principio de corte parecido a las franquistas, meramente empresariales, pero ahora el señor Griñán da un radical vuelta de tuerca y al parecerle poca cosa ésta, decide como si pretendiera emular al gobierno del Generalísimo o mejor como si se tratara de una economía planificada hacerlas administración transformándolas en agencias públicas.
Realmente es innovador este señor Griñan, su idea de la política se parece bastante a la del Gobierno Chino. No es de extrañar, es el país de moda. Chávez dijo que seriamos la California de Europa, Griñan debería decir que seremos la Shandong o la Fujian de Europa.
En todo esto hay dos consecuencias, una económica:
Desde la creación de la Unión Europea la economía viene marcada por el liberalismo, esto ha traído consigo una potenciación de la privatización y también una exigencia de recorte de los gastos públicos. En el caso andaluz se ha encontrado la perversa fórmula para aumentar exageradamente el gasto público sin que Europa nos pusiera una falta, convirtiendo ese gasto en inversión pública a través de la creación de las empresas públicas. En la práctica se consigue mayor control del gobierno (menos del Parlamento) y mucha menos transparencia que con la administración.
Otra política:
Todos los cargos y el personal técnico es contratado a dedo. En la práctica es un control del partido, dado que los gobiernos cambian, pero no el partido que gobierna. Además de enchufar a los suyos, estas poderosas empresas extienden sus tentáculos a todo el espectro económico, creándose así un círculo muy vicioso, en el que el partido llega a todos los aspectos de la vida económica a través de las empresas públicas.
Ya, deben pensar que sólo les queda aniquilar el poquito poder decisorio que le quedan a esos funcionarios de carrera que no han sido enchufados y que según parece molestan porque ponen impedimentos legales para que puedan manejar con total soltura el dinero del contribuyente. Y esto que ya era difícil encontrar funcionarios realmente dispuestos a evitar este manejo de lo público deshonesto y que puede llevar fácilmente a la corrupción, pues las armas legales son poderosas para comprar a los funcionarios con puesto de libre designación (a dedo) con mejores sueldos y la palmadita en la espalda como premios, lo contrario es correr el riesgo de sufrir el acoso moral o mobbing.
Según el artículo 103 de la Constitución, la Administración Pública de España sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
¿Se parece realmente a estos preceptos el modelo de la administración andaluza?
Obviamente este no es el modelo. Incluso el modelo preconstitucional separaba la administración pública de las empresas públicas. El modelo Griñan las junta y pretende que se confundan. En un primer paso se crean numerosas empresas públicas, con lo cual está haciendo una política económica intervencionista; en un segundo paso las empresas totalmente controladas por el PSOE, toman el poder en la administración dejando de lado los principios de independencia de los funcionarios de carrera.
No es eficaz: Frecuentemente estos paticortos políticos confunden cantidad con calidad, y quieren vendernos las inversiones al peso. El sistema generado tiene tantas pérdidas como la administración de una república bananera de tercera, ya que se duplica o triplica, según los casos, el gasto público convertido eso sí en “brillante inversión”.
No es eficaz, porque esta mal dotado de medios y no se forma a sus técnicos, con la aquiescencia de los sindicatos mayoritarios que manejan millones de euros en formación cutre y a veces incluso ridícula, como cursos de cocina para funcionarios.
No es eficaz porque la provisión de puestos en la Relación de Puestos de Trabajo se realiza a través de artículos 30 ad-hoc para colocar al que les interesa o en los concursos porque se valora la antigüedad y los cursos chorras de los sindicatos únicamente. La valía técnica no se tiene en cuenta. Cuanto menos preparado, aburrido y desfasado este un funcionario mejor.
Se ha perdido la jerarquía: La administración se ha Deconstruido como una tortilla de patatas en manos de Ferra Adria. Una administración superpuesta de personal no funcionario de empresas públicas toma las decisiones por encima del organigrama de la administración.
Los puestos técnicos funcionarios con capacidad de decisión no son cubiertos por meritos en concurso, sino puestos a dedo.
El modelo es centralista, dado que pasa de tener capacidad de decisión autónoma de la provincia en ciertos temas a que sean controlados por la empresa pública que se rige por una única cúpula desde Sevilla con conexión directa a los barones del partido.
Hay una clara concentración de poder, de unos que ni siquiera han sido votados por el pueblo.
No puede existir verdadera coordinación sino imposición al crearse esta trama poderosa que se superpone a la verdadera administración.
miércoles, 14 de julio de 2010
GRIÑÁN SACA PARTIDO A LA CRISIS
Después del decreto ley que bajó el sueldo a los funcionarios aparece Griñan con otro decreto ley para aprovechar las aguas de este río revuelto de crisis económica y euforia nacional futbolera. Se han desatado las ansias del poder, se ha roto definitivamente el estado social en Andalucía.
Este decreto ley, quiere colarse por la puerta trasera por su carácter de urgencia, pretende “solucionar los problemas económicos” (y otros) de la Junta de Andalucía por los mismos y únicos responsables de su lamentable estado.
Esta administración ha engordado el gasto creando una administración paralela de empresas públicas que trabajan con personal contratado a dedo que realiza un trabajo superpuesto al de los funcionarios públicos.
Esta administración ha retrocedido a épocas pasadas al volver a centralizar a la administración y reducir la toma de decisiones a la cabeza del partido.
El señor Grinán, ha dado un paso más en menoscabo de la separación de poderes al confundir su Partido con el Gobierno y a la Administración de la Junta con el Gobierno. En definitiva, la aberración de dejar que sean los intereses personales que medran desde hace lustros en el PSOE los que dirijan a la Administración de la Junta.
Vuelve a hacerse realidad la desdichada política del enchufe para miles de funcionarios y opositores que con su esfuerzo buscan un puesto de trabajo y observan que hay muchos miles de colocados a dedo según ha denunciado la Cámara de Cuentas, que podrían pasar a ser personal laboral de la Junta, eludiendo pruebas y exámenes y favoreciendo de ese modo los intereses políticos de quienes los colocaron y a los que no se le aplica la reducción del 5% de la masa salarial.
El Decreto-Ley se fundamenta en tres ideas. La primera la redefinición de las tipologías de Agencias Públicas en atención a los modos de gestión de las mismas. En segundo lugar se incrementa la "gobernanza" de la Junta sobre determinadas decisiones estratégicas de las entidades instrumentales, esencialmente la adquisición de participaciones minoritarias en otras entidades públicas o privadas, la participación en asociaciones empresariales de diversa índole, sean o no personificadas y la política inmobiliaria. En tercer lugar se crean, modifican o extinguen las correspondientes Agencias Públicas a partir de las preexistentes entidades instrumentales, públicas o privadas.
El Decreto-Ley crea 8 Agencias Empresariales que son:
1.- Agencia de Servicios Sociales y dependencia en Andalucía. Esta agencia integrará la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y la Fundación Andaluza para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social.
2.- La Agencia Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, que subroga a la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria y a la que se le adscriben la sociedad Talentia y el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía.
3.- Agencia Pública de Obra Pública de la Junta de Andalucía, que integrará Gestión de infraestructuras de Andalucía S.A. (GEIASA) y Ferrocarriles Andaluces.
4.- Agencia de Régimen Especial del Servicio Andaluz de Empleo. Subroga a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo y al propio Servicio Andaluz de Empleo.
5.- Agencia Pública Empresarial Sanitaria Pública de Andalucía. Se adscriben a ella las Empresas Públicas Hospital Costa del Sol, Hospital de Poniente de Almería, Hospital Alto Guadalquivir, Empresa Pública Sanitaria del Bajo Guadalquivir. Esta Agencia gestionará los CHARE (Centros Hospitalarios de Alta Resolución).
6- Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía que subroga a la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero S.A. (DAPSA) y se extingue el IARA (Instituto Andaluz de Reforma Agraria) y las Cámaras Agrarias.
7.- Agencia Andaluza de las Instituciones Culturales que subroga el Instituto Andaluz de las Artes y las Letras, el Patronato de la Alhambra y Generalife y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Finalmente la Junta parece que ha optado por no integrar finalmente en esta Agencia al Patronato de la Alhambra y el Generalife.
8.- Agencia de Medio Ambiente y del Agua que subroga a la Empresa Pública de Gestión Medioambiental S.A. (EGMASA) y parte de la actual Agencia del Agua.
En cuanto al régimen de integración del personal, el borrador del Decreto Ley indica que se aplicarán las siguientes reglas:
a) El personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía permanecerá en la situación de servicio activo en su Cuerpo o Especialidad.
b) El personal laboral procedente de las entidades suprimidas se integrará en la nueva entidad resultante de acuerdo con las normas reguladoras de sucesión de empresas. Aquí es donde los sindicatos de funcionarios temen la "regularización masiva" de personal que no ha pasado pruebas de acceso a la Administración Púbica.
c) Los convenios colectivos aplicables a las entidades extinguidas o transformadas seguirán rigiendo los derechos y obligaciones del personal laboral procedente de dichas entidades, en tanto se apruebe un nuevo convenio aplicable al mismo.
En base a todo esto queda en el aire la posible integración de este personal como personal laboral de la Junta de Andalucía. Conviene recordar que estos trabajadores han sido contratados directamente a través de estos entes públicos sin superar ningún tipo de oposición ni concurso. El personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía consideraría un verdadero “casus belli” la entrada por la puerta de atrás, aprovechando un Decreto-Ley, la integración de este personal en su convenio colectivo.
Por otro lado, conviene recordar que el endeudamiento de las empresas públicas en manos de la Junta de Andalucía aumentó un 103,7% en el primer trimestre de 2010 en relación con el mismo período de 2009, hasta los 379 millones de euros, según datos del Banco de España difundidos el pasado mes de junio.
Si con esta actuación la gallina, temiendo un inminente vuelco electoral en las próximas elecciones, pretende dejar bien colocados a sus polluelos (a la vez que deja una envenenada herencia para el siguiente) está haciendo un flaco favor a Andalucía, pues el próximo que llegue, si no puede dar marcha atrás aplicará la misma política. Y para ningunear a estas agencias se crearan otras nuevas aumentando aun más la administración para colocar a su gente y poder controlar políticamente la toma de decisiones de la administración.
¿Qué somos? ¿Un país de locos o de estúpidos?
El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente.
No se me quita de la cabeza esa cita…
Este decreto ley, quiere colarse por la puerta trasera por su carácter de urgencia, pretende “solucionar los problemas económicos” (y otros) de la Junta de Andalucía por los mismos y únicos responsables de su lamentable estado.
Esta administración ha engordado el gasto creando una administración paralela de empresas públicas que trabajan con personal contratado a dedo que realiza un trabajo superpuesto al de los funcionarios públicos.
Esta administración ha retrocedido a épocas pasadas al volver a centralizar a la administración y reducir la toma de decisiones a la cabeza del partido.
El señor Grinán, ha dado un paso más en menoscabo de la separación de poderes al confundir su Partido con el Gobierno y a la Administración de la Junta con el Gobierno. En definitiva, la aberración de dejar que sean los intereses personales que medran desde hace lustros en el PSOE los que dirijan a la Administración de la Junta.
Vuelve a hacerse realidad la desdichada política del enchufe para miles de funcionarios y opositores que con su esfuerzo buscan un puesto de trabajo y observan que hay muchos miles de colocados a dedo según ha denunciado la Cámara de Cuentas, que podrían pasar a ser personal laboral de la Junta, eludiendo pruebas y exámenes y favoreciendo de ese modo los intereses políticos de quienes los colocaron y a los que no se le aplica la reducción del 5% de la masa salarial.
El Decreto-Ley se fundamenta en tres ideas. La primera la redefinición de las tipologías de Agencias Públicas en atención a los modos de gestión de las mismas. En segundo lugar se incrementa la "gobernanza" de la Junta sobre determinadas decisiones estratégicas de las entidades instrumentales, esencialmente la adquisición de participaciones minoritarias en otras entidades públicas o privadas, la participación en asociaciones empresariales de diversa índole, sean o no personificadas y la política inmobiliaria. En tercer lugar se crean, modifican o extinguen las correspondientes Agencias Públicas a partir de las preexistentes entidades instrumentales, públicas o privadas.
El Decreto-Ley crea 8 Agencias Empresariales que son:
1.- Agencia de Servicios Sociales y dependencia en Andalucía. Esta agencia integrará la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y la Fundación Andaluza para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social.
2.- La Agencia Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, que subroga a la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria y a la que se le adscriben la sociedad Talentia y el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía.
3.- Agencia Pública de Obra Pública de la Junta de Andalucía, que integrará Gestión de infraestructuras de Andalucía S.A. (GEIASA) y Ferrocarriles Andaluces.
4.- Agencia de Régimen Especial del Servicio Andaluz de Empleo. Subroga a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo y al propio Servicio Andaluz de Empleo.
5.- Agencia Pública Empresarial Sanitaria Pública de Andalucía. Se adscriben a ella las Empresas Públicas Hospital Costa del Sol, Hospital de Poniente de Almería, Hospital Alto Guadalquivir, Empresa Pública Sanitaria del Bajo Guadalquivir. Esta Agencia gestionará los CHARE (Centros Hospitalarios de Alta Resolución).
6- Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía que subroga a la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero S.A. (DAPSA) y se extingue el IARA (Instituto Andaluz de Reforma Agraria) y las Cámaras Agrarias.
7.- Agencia Andaluza de las Instituciones Culturales que subroga el Instituto Andaluz de las Artes y las Letras, el Patronato de la Alhambra y Generalife y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Finalmente la Junta parece que ha optado por no integrar finalmente en esta Agencia al Patronato de la Alhambra y el Generalife.
8.- Agencia de Medio Ambiente y del Agua que subroga a la Empresa Pública de Gestión Medioambiental S.A. (EGMASA) y parte de la actual Agencia del Agua.
En cuanto al régimen de integración del personal, el borrador del Decreto Ley indica que se aplicarán las siguientes reglas:
a) El personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía permanecerá en la situación de servicio activo en su Cuerpo o Especialidad.
b) El personal laboral procedente de las entidades suprimidas se integrará en la nueva entidad resultante de acuerdo con las normas reguladoras de sucesión de empresas. Aquí es donde los sindicatos de funcionarios temen la "regularización masiva" de personal que no ha pasado pruebas de acceso a la Administración Púbica.
c) Los convenios colectivos aplicables a las entidades extinguidas o transformadas seguirán rigiendo los derechos y obligaciones del personal laboral procedente de dichas entidades, en tanto se apruebe un nuevo convenio aplicable al mismo.
En base a todo esto queda en el aire la posible integración de este personal como personal laboral de la Junta de Andalucía. Conviene recordar que estos trabajadores han sido contratados directamente a través de estos entes públicos sin superar ningún tipo de oposición ni concurso. El personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía consideraría un verdadero “casus belli” la entrada por la puerta de atrás, aprovechando un Decreto-Ley, la integración de este personal en su convenio colectivo.
Por otro lado, conviene recordar que el endeudamiento de las empresas públicas en manos de la Junta de Andalucía aumentó un 103,7% en el primer trimestre de 2010 en relación con el mismo período de 2009, hasta los 379 millones de euros, según datos del Banco de España difundidos el pasado mes de junio.
Si con esta actuación la gallina, temiendo un inminente vuelco electoral en las próximas elecciones, pretende dejar bien colocados a sus polluelos (a la vez que deja una envenenada herencia para el siguiente) está haciendo un flaco favor a Andalucía, pues el próximo que llegue, si no puede dar marcha atrás aplicará la misma política. Y para ningunear a estas agencias se crearan otras nuevas aumentando aun más la administración para colocar a su gente y poder controlar políticamente la toma de decisiones de la administración.
¿Qué somos? ¿Un país de locos o de estúpidos?
El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente.
No se me quita de la cabeza esa cita…
martes, 22 de junio de 2010
EL SUELDO DEL SEÑOR ALCALDE
Leo en la prensa que el alcalde mejor pagado de Andalucía ha aceptado a regañadientes bajarse su sueldo. Pedro Rodríguez, alcalde de Huelva, ha cobrado unos 97.000 € de sueldo más unos 12.000 € en dietas y ahora sólo cobrará 79.000 €. Supongo que no se incluyen otros sueldos, pues este señor es además diputado.
Pues bien, Pedro Rodríguez ha declarado al respecto que “Los políticos en España son pendulares y para las próximas elecciones hay que buscar buenos profesionales en política. Ya veremos quién quiere entrar en política".
Por desgracia este señor dice lo que muchos piensan y no dicen. ¡ Cómo si no fuera suficiente privilegio gestionar un municipio!
Ojala los ciudadanos castigáramos una y otra vez a todos lo que quieran vivir de la política, esos buenos profesionales de la política de los que habla el señor alcalde de Huelva. Cuyo interés de lucro es manifiestamente superior al de prestar un servicio público.
Quizá con sueldos más modestos nos quitáramos de encima a estos vividores de vocación empresarial que no pública.
A propósito, juzguen ustedes si la gestión municipal de este señor es buena. Huelva tiene una deuda de unos 300 millones de euros, con una población de unos 150.000 habitantes. Si dividimos esta cifra entre la población cabe a 2.000 € por cabeza. Para comparar, Sevilla con 524 millones y 568.305 habitantes tiene una deuda per capita de 923; Madrid, ejemplo de gran deuda tiene 7.314 millones de euros, que dividido entre la población 3.213.271 nos da 2.276 € por cabeza y Barcelona, con 703 millones y 1.621.530 habitantes 433 € per capita.
Y les aseguro (no creo que tenga que jurarlo) que Huelva no ofrece al ciudadano lo mismo que una ciudad como Madrid.
Pues bien, Pedro Rodríguez ha declarado al respecto que “Los políticos en España son pendulares y para las próximas elecciones hay que buscar buenos profesionales en política. Ya veremos quién quiere entrar en política".
Por desgracia este señor dice lo que muchos piensan y no dicen. ¡ Cómo si no fuera suficiente privilegio gestionar un municipio!
Ojala los ciudadanos castigáramos una y otra vez a todos lo que quieran vivir de la política, esos buenos profesionales de la política de los que habla el señor alcalde de Huelva. Cuyo interés de lucro es manifiestamente superior al de prestar un servicio público.
Quizá con sueldos más modestos nos quitáramos de encima a estos vividores de vocación empresarial que no pública.
A propósito, juzguen ustedes si la gestión municipal de este señor es buena. Huelva tiene una deuda de unos 300 millones de euros, con una población de unos 150.000 habitantes. Si dividimos esta cifra entre la población cabe a 2.000 € por cabeza. Para comparar, Sevilla con 524 millones y 568.305 habitantes tiene una deuda per capita de 923; Madrid, ejemplo de gran deuda tiene 7.314 millones de euros, que dividido entre la población 3.213.271 nos da 2.276 € por cabeza y Barcelona, con 703 millones y 1.621.530 habitantes 433 € per capita.
Y les aseguro (no creo que tenga que jurarlo) que Huelva no ofrece al ciudadano lo mismo que una ciudad como Madrid.
HACER NEGOCIO CON LOS PARADOS
Escucho en las noticias que el Gobierno dentro de su reforma laboral levanta el veto a las empresas de trabajo temporal para que puedan operar en el sector público. Se justifica en el hecho de que en todas las comunidades autónomas salvo una, el Servicio Público de Empleo (el viejo Inem), coloca a menos trabajadores que las ETT.
Me parece el paradigma de la incompetencia de nuestros políticos. Señores ¿quién es el responsable de que el Servicio Público de Empleo funcione tan mal?
Lo estamos viendo, nuestros gobernantes, tanto los políticos que aún con la crisis motivada por la auto-desregulación de los mercados financieros tienen fe religiosa en el libre mercado como aquellos a los que se les llena la boca en defensa el sector público, escurre sus responsabilidades de Gobierno al degradar progresivamente a la Administración.
Sean por la incompetencia o el interés en llevar a la privatización de todo caemos en una espiral en la que los distintos gobiernos ponen su granito de arena para deteriorar la labor de las administraciones públicas, por medio de la desmotivación de los funcionarios y la falta de medios, sin olvidar la escasa cualificación e integridad de los altos cargos sólo preocupados por lo suyo y lo de los que lo colocaron.
Parece que los políticos buscaran llevarse el sueldo sin hacer nada de responsabilidad, dejándolo todo en manos de empresa externas.
Son estos mismos los que denigran la labor de los funcionarios y sin embargo, no reconocen que son ellos los que llevándose un buen sueldo más que inútiles o vagos son un lastre para el buen funcionamiento de las administraciones.
Me parece el paradigma de la incompetencia de nuestros políticos. Señores ¿quién es el responsable de que el Servicio Público de Empleo funcione tan mal?
Lo estamos viendo, nuestros gobernantes, tanto los políticos que aún con la crisis motivada por la auto-desregulación de los mercados financieros tienen fe religiosa en el libre mercado como aquellos a los que se les llena la boca en defensa el sector público, escurre sus responsabilidades de Gobierno al degradar progresivamente a la Administración.
Sean por la incompetencia o el interés en llevar a la privatización de todo caemos en una espiral en la que los distintos gobiernos ponen su granito de arena para deteriorar la labor de las administraciones públicas, por medio de la desmotivación de los funcionarios y la falta de medios, sin olvidar la escasa cualificación e integridad de los altos cargos sólo preocupados por lo suyo y lo de los que lo colocaron.
Parece que los políticos buscaran llevarse el sueldo sin hacer nada de responsabilidad, dejándolo todo en manos de empresa externas.
Son estos mismos los que denigran la labor de los funcionarios y sin embargo, no reconocen que son ellos los que llevándose un buen sueldo más que inútiles o vagos son un lastre para el buen funcionamiento de las administraciones.
EL PUENTE DEL CARAJO DEL J. S. ELCANO
Una de las grandes obras que quedan en la ciudad de Sevilla construidas para la conmemoración del Quinto Centenario es un enorme puente de más de dos kilómetros de largo y una altura de 45 metros sobre el río.
Este puente es un ejemplo de lo desastroso que puede ser que nuestros políticos tomen decisiones políticas en contra de las técnicas. (Bueno, esto me recuerda como recientemente un presidente europeo obligó a aterrizar un avión con todo su “séquito” en contra de la opinión del piloto y la torre de control, ocasionando su prepotencia la muerte propia y la del resto).
El puente se encuentra en la SE-30, carretera de circunvalación de Sevilla, por él pasa todo el tráfico pesado que desde Huelva se dirige al resto de Andalucía y viceversa. Las condiciones para el tráfico diario de esta vía son desastrosas, dado que actúa como arteria urbana limitada su velocidad a 80 km/hora, con incorporaciones y salidas a izquierda y derecha; dado que las autovías que llegan a Sevilla de Córdoba, Granada, Cádiz, Badajoz y Huelva no tienen continuidad en la capital de Andalucía, algo difícil de entender.
Si esta falta de una verdadera circunvalación por autovía, genera a diario un tráfico muy complicado, la situación se ve muy agravada en las inmediaciones del llaneado “paquito” o puente del V Centenerario. Dado que es “cuello de botella perfecto” para el tráfico sevillano.
A mi se me ocurre pensar que es una atentado a la inteligencia, o al menos al sentido común. Porqué tampoco creo que se tenga que ser un gran conocedor de hidrodinámica para darse cuenta qué es lo que pasa con un flujo cuando se le estrecha la sección de paso y a la vez se le reduce la velocidad.
El puente conecta una carretera con 3 carriles en cada sentido, pero fue diseñado para 2 carriles. La necesidad ha hecho que se le abriera un tercer carril reversible y se eliminaran los arcenes, reduciendo al mínimo el ancho de los carriles. Con ello se ha reducido también la seguridad. Recuerdo que mi profesor de autoescuela hace unos 25 años me dijo que en Francia habían prohibido estos carriles, llamados “carriles de la muerte”, por su siniestralidad (choques frontales) y que en España no los había, ni los habría en el futuro. Pues, se equivocó.
El resultado es que con un tráfico moderado se colapsa la circulación cerca del puente en el que la velocidad está limitada a 60 km/h, incluso con escaso tráfico, por razones obvias, el carril de la derecha es mucho más lento dada la elevada pendiente. Aparte, los conductores pasan miedo al tener que circular entre vehículos pesados (incluyendo todas las mercancías peligrosas del Polo Químico de Huelva) por carriles tan estrechos como una plaza de parking.
Pero ¿Por qué no se realizó una obra mejor?
En primer lugar se pensó en realizar un túnel. La decisión política fue la del puente, a pesar de que el coste hubiera sido similar, dado que la imagen del puente “vendía más”.
En realidad, hubiera costado mucho más el puente si se hubiera realizado bien, con sus tres carriles y arcenes. Pero la problemática fundamental es su altura. Se le dio esa altura para que pasara por debajo el “carajo” del Juan Sebastián Elcano (utilizo el término como se denomina al palo mayor en el argot marinero). Buque que únicamente visitó Sevilla una vez, durante la Exposición Universal de 1992.
Este puente es un ejemplo de lo desastroso que puede ser que nuestros políticos tomen decisiones políticas en contra de las técnicas. (Bueno, esto me recuerda como recientemente un presidente europeo obligó a aterrizar un avión con todo su “séquito” en contra de la opinión del piloto y la torre de control, ocasionando su prepotencia la muerte propia y la del resto).
El puente se encuentra en la SE-30, carretera de circunvalación de Sevilla, por él pasa todo el tráfico pesado que desde Huelva se dirige al resto de Andalucía y viceversa. Las condiciones para el tráfico diario de esta vía son desastrosas, dado que actúa como arteria urbana limitada su velocidad a 80 km/hora, con incorporaciones y salidas a izquierda y derecha; dado que las autovías que llegan a Sevilla de Córdoba, Granada, Cádiz, Badajoz y Huelva no tienen continuidad en la capital de Andalucía, algo difícil de entender.
Si esta falta de una verdadera circunvalación por autovía, genera a diario un tráfico muy complicado, la situación se ve muy agravada en las inmediaciones del llaneado “paquito” o puente del V Centenerario. Dado que es “cuello de botella perfecto” para el tráfico sevillano.
A mi se me ocurre pensar que es una atentado a la inteligencia, o al menos al sentido común. Porqué tampoco creo que se tenga que ser un gran conocedor de hidrodinámica para darse cuenta qué es lo que pasa con un flujo cuando se le estrecha la sección de paso y a la vez se le reduce la velocidad.
El puente conecta una carretera con 3 carriles en cada sentido, pero fue diseñado para 2 carriles. La necesidad ha hecho que se le abriera un tercer carril reversible y se eliminaran los arcenes, reduciendo al mínimo el ancho de los carriles. Con ello se ha reducido también la seguridad. Recuerdo que mi profesor de autoescuela hace unos 25 años me dijo que en Francia habían prohibido estos carriles, llamados “carriles de la muerte”, por su siniestralidad (choques frontales) y que en España no los había, ni los habría en el futuro. Pues, se equivocó.
El resultado es que con un tráfico moderado se colapsa la circulación cerca del puente en el que la velocidad está limitada a 60 km/h, incluso con escaso tráfico, por razones obvias, el carril de la derecha es mucho más lento dada la elevada pendiente. Aparte, los conductores pasan miedo al tener que circular entre vehículos pesados (incluyendo todas las mercancías peligrosas del Polo Químico de Huelva) por carriles tan estrechos como una plaza de parking.
Pero ¿Por qué no se realizó una obra mejor?
En primer lugar se pensó en realizar un túnel. La decisión política fue la del puente, a pesar de que el coste hubiera sido similar, dado que la imagen del puente “vendía más”.
En realidad, hubiera costado mucho más el puente si se hubiera realizado bien, con sus tres carriles y arcenes. Pero la problemática fundamental es su altura. Se le dio esa altura para que pasara por debajo el “carajo” del Juan Sebastián Elcano (utilizo el término como se denomina al palo mayor en el argot marinero). Buque que únicamente visitó Sevilla una vez, durante la Exposición Universal de 1992.
jueves, 17 de junio de 2010
LA IRRESPONSABILIDAD POLÍTICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
LA IRRESPONSABILIDAD POLÍTICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Una sociedad que tolera que el poder político denigre a sus funcionarios está condenada.
España es un país en el que su clase política ha caído en un grave desprestigio que pone en peligro la estabilidad democrática de las instituciones del Estado. La sociedad conoce y admite el partidismo, la colocación de amigos y familiares, el clientelismo político, del orillamiento sistemático de las leyes. Para muchos es intrínseco a nuestro carácter y estamos dispuestos a perdonar estos pecados pensando que en todo rebaño siempre hay ovejas negras, como un mal menor. No cabe duda que el conformismo de muchos ciudadanos esconde una incapacidad, un sentimiento de impotencia hacía la problemática. Sin embargo debemos abrir los ojos y darnos cuenta que, aunque no podemos cambiar al ser humano sí podemos crear los mecanismos que nos garanticen un nivel aceptable de parcialidad en nuestros cargos públicos, de hacerlos más responsables de sus actos porque se sientan más obligados a hacer las cosas con eficacia y honestidad.
La política comienza siendo un ejercicio dialéctico; pero, no nos engañemos, el bienestar en una sociedad democrática no depende exclusivamente de la disposición de un buen argumentarlo legal. Las leyes por si solas no valen nada si no existe una administración que se atenga a ellas. Así es, las administraciones públicas es el mecanismo del que se vale el Estado democrático para hacer eficaces las leyes. Por tanto, un estado que se aprecie “de derecho” cuidará mucho de tener una bien engrasada maquinaría administrativa.
¿Qué es lo que debemos esperar de una buena Administración?
Para que las administraciones públicas cumplan fielmente con su cometido de servicio público con arreglo a las leyes es necesario:
Las personas con responsabilidad de esta administración deben de tener sobrada competencia.
Debe de asegurarse que la toma de decisiones se realiza bajo criterio técnico cualificado y no bajo otros criterios subjetivos.
Debe de asegurarse que en la toma de decisiones se valoran por encima de otros intereses los intereses generales.
Todo esto es muy evidente, sin embargo, ¿la Administración funciona bajo estos principios?
En las próximas líneas se expondrán, abundantes argumentos, muchos de los cuales son datos objetivos que están al alcance de cualquiera para demostrar que en absoluto las administraciones públicas funcionan bajo los criterios señalados, más aún, en los últimos años, mientras se disparaba el gasto público el deterioro de la calidad de las administraciones ha caído escandalosamente.
No podemos señalar como únicos responsables de este desaguisado a nuestros políticos, los responsables somos todos y muy particularmente los propios funcionarios y sus representantes sindicales, más interesados en su confort personal que en el bien común.
No puede ser que un responsable político, un cargo público, de una determinada administración pueda tomar las decisiones de forma irresponsable, y este hecho no sólo no cause escándalo social sino que le sirva para eludir la responsabilidad de posibles prevaricaciones. La hemeroteca esta llena de casos en los que se ha culpado a un funcionario de prevaricación por informar contra la legalidad, y absuelto a sus superiores políticos que dieron el visto bueno a su informe. ¿Desde cuando el político puede escudarse en el desconocimiento de la legalidad? ¿Acaso no es cierto que nadie puede ampararse en ese desconocimiento? Acaso creemos que no saben los que firman. Los que conocemos la Administración sabemos que una de las prerrogativas del alto cargo es precisamente la de no firmar, cuando esto ocurre, por desgracia, es porque existe un interés político, por otra parte perfectamente razonable si no fuera porque a veces va contra la legalidad, entonces quizá solicite que se redacte un nuevo informe por funcionario competente, lo cual se suele salvar con aquellos puesto a dedo llamados puestos de libre designación. El clientelismos político llega así hasta los técnicos de la administración, hasta los funcionarios de carrera que redactan los informes en los que se escuda legalmente el cargo político para ser un irresponsable civil. Se comportan así alcaldes, consejeros, delegados, directores generales… como reyezuelos, pues como todos sabemos el rey que firma las leyes es un completo irresponsable legal de lo que firma, así parece que quedan nuestros altos cargos, como auténticos irresponsables de lo que firman.
No llego a entender desde la más mínima racionalidad y espíritu democrático cual es el papel de una monarquía en esta España nuestra, pero tampoco llego a entender cual es el papel de estos altos cargos ineptos salvo para la política, y con pretensión de ser irresponsables legales.
Si observamos un momento, repasando la hemeroteca, los actos de irresponsabilidad de nuestros políticos gobernantes nos quedamos con la consabida cara de gilipollas ante la mierda de élite social que dirige nuestros destinos. Veamos unos ejemplos:
En el primer trimestre de 2008 los países de la eurozona entran en recesión Francia (-0,3%) y Alemania (-0,5%). Durante este año, en España, un gran número de empresas presentaron expedientes de regulación de empleo y numerosas empresas constructoras presentaron suspensión de pagos. la Caja Castilla-La Mancha, tuvo que ser intervenida por el Banco de España en marzo de 2009 para evitar su desaparición.
Mientras tanto, si repasamos la hemeroteca de la web del PSOE , vemos como Zapatero afirma el 4 /02/2008 que: "No hay riesgo de crisis económica"
Y expone el siguiente planeamiento en relación con los 400 €: “La medida es una propuesta de reducción del IRPF por razones de conveniencia para la economía del país, que además produce un incremento de la capacidad adquisitiva de los asalariados y de los pensionistas. La economía necesita un estímulo, las familias necesitan más capacidad adquisitiva para afrontar la subida de las hipotecas y del IPC. Es, además, una medida bastante sencilla e inteligible porque es una deducción de la cuota de una cantidad, que es 400 euros. “
Ese mismo año, en enero, Zapatero inauguró el año del Foro Nueva Economía y sentenció que oficialmente, el programa del PSOE va a reconocer un aumento de 1,6 millones de puestos de trabajo en cuatro años, pero él estimó que serian dos millones porque aseguró que los organismos internacionales dan un crecimiento de España a la baja.
Un año antes en una entrevista concedida al diario El País, se reafirmaba en negar la crisis al señalar que "estamos seguros de que vamos a superar a Alemania y a Italia en renta per cápita de aquí a dos, tres años. “Les vamos a coger" en 2010, sentenció. El 15 de enero de 2010 en las páginas del mismo diario no dudó en decir que España iba a seguir construyendo viviendas porque "es uno de los síntomas de la bonanza económica". Además señaló, que "el sector de la construcción seguirá creciendo".
Es este señor el líder de la Administración española, la cabeza del Gobierno. Por tanto ¿no debería ser el más preparado? ¿El mejor?
No cabe duda, el puesto no le tocó en una tómbola. En un sistema como el nuestro, llegar a presidente requiere del apoyo de miles de personas, no durante unas semanas o meses, sino años. Efectivamente, este señor es el mejor, el más preparado para dirigir este país, por eso está ahí ¿crudo, verdad?
No es que le tenga una especial inquina al señor Zapatero, no es el político que mejor me cae, tampoco el que peor, pero repito, sobre el papel es nuestro líder. Obviamente pongo en evidencia a este señor porque es el máximo responsable del Gobierno de España y con ello puedo poner en evidencia a todos los que lo auparon al poder, y por extensión a la clase política. Porque hay personajes políticos mucho peores viviendo del erario público en administraciones autonómicas, en ayuntamientos y diputaciones; igual son de un partido que de otro, progresistas y conservadores.
Pero volvamos a la administración. ¡Ciudadanos, abran los ojos! Esos políticos llenos de ideología que hemos elegido como representantes, toman las decisiones últimas del ejecutivo… en realidad toman todas las decisiones. Así es, la administración se monta a su antojo, rodeados por asesores contratados que son amigos y del partido, contratando a personal externo que realizan las mismas funciones que los funcionarios de carrera, colocando a dedo en los puestos de responsabilidad reservados para funcionarios (técnicos) no a los más preparados sino a los dispuestos a la obediencia y quitando al resto de los técnicos competencias. Lo que está pasando es que se está destruyendo la propia eficacia de la administración desde dentro, quitando las competencias a los técnicos para dejarlas en manos de empresas públicas, la capacidad de decisión libre e independiente del funcionario se pierde y queda supeditada y dirigida por el partido en el poder. Para tener éxito se hunde en la miseria administrativa a todos los técnicos, que se convierten en administrativos con firma y se relega la supuesta toma de decisiones a los puestos de libres designación que son sólo correas de transmisión del criterio político, ya que o obedecen o son sustituidos. Para el caso de las empresas públicas es peor, o obedeces o te despiden. En algún informe vi que se terminaba con un: “ Vd. en su mejor criterio decidirá”. El “criterio político” es superior intelectualmente hablando, porque integra todos los anhelos sociales en la búsqueda del bien común de la Comunidad. ¿Es éste con el que se toman las decisiones? Los cargos públicos han dado ya demasiadas muestras de tomar decisiones en las antípodas del altruismo, y contrarias al bien común. Sólo hace falta ver como las arcas públicas han quedado. El ciudadano no puede ser engañado tan fácilmente, me digo a mi mismo, pero, lo reconozco, lo dudo. No hace tanto, en Europa triunfaron las idelogías totalitarias, de seguir así las cosas volverán, porque no habrá quien distinga el poder absoluto a que tienden ahora los partidos políticos democráticos con el de los que nos dejarían otra vez sin las libertades básicas.
El poder de los partidos debería quedar reducido al cometido que le da La Constitución, proponer sus representantes para los parlamentos, ayuntamientos y Diputaciones, legislar y finalmente proponer los gobiernos. No que actualmente el partido es una maquinaría que pone a las administraciones a su servicio ya sea para administrar favores, colocar amigos, financiarse etc. La necesidad de expandir la administración ocultando el gasto público ha llevado a la proliferación de las administraciones paralelas en forma de empresas públicas, mucho más opacas en cuanto a su gestión económica. Estas empresas públicas viven del erario público administrando el montante gordo del negocio económico que no es el “gasto público” sino la inversión pública. Los millones pasan por ellas, muchas veces como organismo intermedio para adjudicar finalmente las obras a empresas privadas. Así es, una administración paralela con ánimo de lucro, que con su labor de intermediario, como todo intermediario, encarece el valor final; pero al final, en las cuentas todo queda muy bonito, pues ese dinero no se contabiliza como gasto, suena muy bien decir que es “inversión”.
Sorpréndase, quizá cuando usted va a las oficinas de la administración no le atienda un funcionario de carrera que dedico quizá varios años para aprobar la oposición y así trabajar al servicio público. Sí, quizá el que le atiende no supone ni siquiera un gasto público sobre el papel, pues en ningún sitio constará el gasto de ocupar despacho con mesa, ordenador y demás material, pero de hecho consume el mismo gasto que un funcionario, por lo que en las cuentas “su gasto” nos la adjudicaran a los funcionarios. Y esa persona que le ha atendido, es lo que se dice un “externo” un contratado para una obra o servicio, puede ser como autónomo o empleado de una empresa pública. Piense que esto ocurre, entro otros motivos, para adecuarse al sacrosanto sistema económico que nos marcan, pues las ideologías e interés público parecen esfumarse ante la macroeconomía. ¿Qué tiene esto que ver? Fíjese, que la UE nos aprieta para reducir el gasto público y ese externo, le diré de forma simple, que es una “inversión” mientras un funcionario es un “gasto” ¿ve la diferencia?
Quizá deba saber que esta “persona- no gasto” probablemente cobra más que todos los otros funcionarios de carrera que tiene a su alrededor. Este sorprende ser, elegido por los cargos políticos puede disponer de medios de los que carecen los funcionarios y ¿Quién sabe? Pregúntese usted la próxima vez si la decisión de que le impusieran una multa, o le denegaran una subvención o un permiso administrativo si no estuvo en manos de uno de estos seres que tienen la habilidad de no constar que trabajan en las oficinas de las administraciones públicas pues son empresas propias que cobran por servicio o proyecto todo el gasto generado por el trabajo personal tanto como por ese despacho, mesa, ordenador , impresora, plotter, teléfono, limpiadora, administrativo, y según los casos vehículo. Sí lo cobran, pero curiosamente lo pone la administración ¿qué es esto? Se lo digiero: el gasto que supone al erario público que un señor haga el trabajo de un funcionario es al menos el de un funcionario más dos veces el gasto de oficina, materiales y equipos; dado que, al que realmente gasta ha de añadir el que se le paga como si el lo suministrara en su empresa. Y en muchos casos, añádale el gasto de mantener a un funcionario casi inactivo pues se le ha apartado del trabajo que le correspondía.
¿Se imagina una administración en la que todos los servicios prestados sean por empresas? Esta es la finalidad del sistema económico, la privatización de los servicios públicos.
Quizá usted que lee estas líneas sea un convencido liberal y crea que todo iría mejor si fueran unas empresas privadas las que nos proporcionaran todos los servicios públicos. Yo no estoy de acuerdo, pero ambos estaremos de acuerdo en que el sistema actual es ineficaz y derrochador porque se ha politizado al quitar toda responsabilidad de la mano de los independientes funcionarios. Los gobiernos juegan con trampa, pues con las empresas públicas tienen lo mejor de la empresa privada de acuerdo a sus intereses: mayor libertad y opacidad para manejar dinero sin el control detallista de la intervención pública, completa libertad para contratar y elegir la estructura de la empresa y en definitiva libertad para hacer. Pero juegan con ventaja porque tienen asegurado el negocio, la inversión pública, sin competencia, y se gestionan no bajos criterios empresariales sino políticos. Así una empresa pública puede ser completamente ineficaz y no pasa nada. Nunca una empresa pública puede ser tan eficiente como una privada, pues la estructura y los puestos de responsabilidad no han sido elegidos bajo criterios objetivos de eficacia técnica sino meramente políticos o personales.
Así se llega al extremo que se realizan obras o trabajos por necesidades no públicas sino meramente de oportunidad para recibir una subvención y realizar inversiones para adjudicarla a la empresa pública de turno que con coste muy superiores a los de mercado, hacen algo inútil e ineficaz.
Frente a este sistema reclamo el de una administración gestionada por una preparada función pública que aúne capacidad con criterio objetivo e independiente. Los funcionarios somos los únicos garantes de ello, siempre que los criterios de entrada en la administración sean imparciales y en la provisión de puestos se rijan por criterios igualmente de aptitud y capacidad.
Por desgracia lo primero no ocurre con algunas administraciones en las que existe un vicio de hacer pruebas ad hoc para el ingreso de funcionarios. Volvemos a ver la mano del político también en el caso de los concursos para cubrir plazas. Año a año, como un plan a largo plazo, vemos como se pierde la objetividad y se impregnan los concursos de clientelismo político. Se va así denigrando al funcionario experto que no puede realizar el trabajo que le gusta y para el que está sobradamente preparado, pero si puede realizar cualquier otro para el que no tiene una formación. El criterio para que un ingeniero llegue a ser jefe de departamento puede ser el tener cursos chorras de nivel de auxiliar administrativo y muchos años de antigüedad, eso es todo. Más aún, no recibirá formación técnica de calidad y si es una autoridad en su sector, y ha escrito números artículos en revistas especializadas, ha realizado cursos o masteres en universidades, en el extranjero, etc. Esto no le valdrá para nada, no le proporcionará ni un punto. Los cursos de la universidad relacionados con el puesto de trabajo no puntúan, pero si uno de esos cursos de los sindicatos de uso de lenguaje no sexista, “cocina para funcionarios”, adaptarse a la jubilación o de inteligencia emocional. En esta necedad entran los sindicatos, cumpliendo su papel de representarnos para provecho propio y aniquilación de lo poco eficiente de esta administración. Por ello, señores, den gracias a los funcionarios que día a día y de manera callada hacemos lo posible para que todavía esto no se halla ido al carajo.
Una sociedad que tolera que el poder político denigre a sus funcionarios está condenada.
España es un país en el que su clase política ha caído en un grave desprestigio que pone en peligro la estabilidad democrática de las instituciones del Estado. La sociedad conoce y admite el partidismo, la colocación de amigos y familiares, el clientelismo político, del orillamiento sistemático de las leyes. Para muchos es intrínseco a nuestro carácter y estamos dispuestos a perdonar estos pecados pensando que en todo rebaño siempre hay ovejas negras, como un mal menor. No cabe duda que el conformismo de muchos ciudadanos esconde una incapacidad, un sentimiento de impotencia hacía la problemática. Sin embargo debemos abrir los ojos y darnos cuenta que, aunque no podemos cambiar al ser humano sí podemos crear los mecanismos que nos garanticen un nivel aceptable de parcialidad en nuestros cargos públicos, de hacerlos más responsables de sus actos porque se sientan más obligados a hacer las cosas con eficacia y honestidad.
La política comienza siendo un ejercicio dialéctico; pero, no nos engañemos, el bienestar en una sociedad democrática no depende exclusivamente de la disposición de un buen argumentarlo legal. Las leyes por si solas no valen nada si no existe una administración que se atenga a ellas. Así es, las administraciones públicas es el mecanismo del que se vale el Estado democrático para hacer eficaces las leyes. Por tanto, un estado que se aprecie “de derecho” cuidará mucho de tener una bien engrasada maquinaría administrativa.
¿Qué es lo que debemos esperar de una buena Administración?
Para que las administraciones públicas cumplan fielmente con su cometido de servicio público con arreglo a las leyes es necesario:
Las personas con responsabilidad de esta administración deben de tener sobrada competencia.
Debe de asegurarse que la toma de decisiones se realiza bajo criterio técnico cualificado y no bajo otros criterios subjetivos.
Debe de asegurarse que en la toma de decisiones se valoran por encima de otros intereses los intereses generales.
Todo esto es muy evidente, sin embargo, ¿la Administración funciona bajo estos principios?
En las próximas líneas se expondrán, abundantes argumentos, muchos de los cuales son datos objetivos que están al alcance de cualquiera para demostrar que en absoluto las administraciones públicas funcionan bajo los criterios señalados, más aún, en los últimos años, mientras se disparaba el gasto público el deterioro de la calidad de las administraciones ha caído escandalosamente.
No podemos señalar como únicos responsables de este desaguisado a nuestros políticos, los responsables somos todos y muy particularmente los propios funcionarios y sus representantes sindicales, más interesados en su confort personal que en el bien común.
No puede ser que un responsable político, un cargo público, de una determinada administración pueda tomar las decisiones de forma irresponsable, y este hecho no sólo no cause escándalo social sino que le sirva para eludir la responsabilidad de posibles prevaricaciones. La hemeroteca esta llena de casos en los que se ha culpado a un funcionario de prevaricación por informar contra la legalidad, y absuelto a sus superiores políticos que dieron el visto bueno a su informe. ¿Desde cuando el político puede escudarse en el desconocimiento de la legalidad? ¿Acaso no es cierto que nadie puede ampararse en ese desconocimiento? Acaso creemos que no saben los que firman. Los que conocemos la Administración sabemos que una de las prerrogativas del alto cargo es precisamente la de no firmar, cuando esto ocurre, por desgracia, es porque existe un interés político, por otra parte perfectamente razonable si no fuera porque a veces va contra la legalidad, entonces quizá solicite que se redacte un nuevo informe por funcionario competente, lo cual se suele salvar con aquellos puesto a dedo llamados puestos de libre designación. El clientelismos político llega así hasta los técnicos de la administración, hasta los funcionarios de carrera que redactan los informes en los que se escuda legalmente el cargo político para ser un irresponsable civil. Se comportan así alcaldes, consejeros, delegados, directores generales… como reyezuelos, pues como todos sabemos el rey que firma las leyes es un completo irresponsable legal de lo que firma, así parece que quedan nuestros altos cargos, como auténticos irresponsables de lo que firman.
No llego a entender desde la más mínima racionalidad y espíritu democrático cual es el papel de una monarquía en esta España nuestra, pero tampoco llego a entender cual es el papel de estos altos cargos ineptos salvo para la política, y con pretensión de ser irresponsables legales.
Si observamos un momento, repasando la hemeroteca, los actos de irresponsabilidad de nuestros políticos gobernantes nos quedamos con la consabida cara de gilipollas ante la mierda de élite social que dirige nuestros destinos. Veamos unos ejemplos:
En el primer trimestre de 2008 los países de la eurozona entran en recesión Francia (-0,3%) y Alemania (-0,5%). Durante este año, en España, un gran número de empresas presentaron expedientes de regulación de empleo y numerosas empresas constructoras presentaron suspensión de pagos. la Caja Castilla-La Mancha, tuvo que ser intervenida por el Banco de España en marzo de 2009 para evitar su desaparición.
Mientras tanto, si repasamos la hemeroteca de la web del PSOE , vemos como Zapatero afirma el 4 /02/2008 que: "No hay riesgo de crisis económica"
Y expone el siguiente planeamiento en relación con los 400 €: “La medida es una propuesta de reducción del IRPF por razones de conveniencia para la economía del país, que además produce un incremento de la capacidad adquisitiva de los asalariados y de los pensionistas. La economía necesita un estímulo, las familias necesitan más capacidad adquisitiva para afrontar la subida de las hipotecas y del IPC. Es, además, una medida bastante sencilla e inteligible porque es una deducción de la cuota de una cantidad, que es 400 euros. “
Ese mismo año, en enero, Zapatero inauguró el año del Foro Nueva Economía y sentenció que oficialmente, el programa del PSOE va a reconocer un aumento de 1,6 millones de puestos de trabajo en cuatro años, pero él estimó que serian dos millones porque aseguró que los organismos internacionales dan un crecimiento de España a la baja.
Un año antes en una entrevista concedida al diario El País, se reafirmaba en negar la crisis al señalar que "estamos seguros de que vamos a superar a Alemania y a Italia en renta per cápita de aquí a dos, tres años. “Les vamos a coger" en 2010, sentenció. El 15 de enero de 2010 en las páginas del mismo diario no dudó en decir que España iba a seguir construyendo viviendas porque "es uno de los síntomas de la bonanza económica". Además señaló, que "el sector de la construcción seguirá creciendo".
Es este señor el líder de la Administración española, la cabeza del Gobierno. Por tanto ¿no debería ser el más preparado? ¿El mejor?
No cabe duda, el puesto no le tocó en una tómbola. En un sistema como el nuestro, llegar a presidente requiere del apoyo de miles de personas, no durante unas semanas o meses, sino años. Efectivamente, este señor es el mejor, el más preparado para dirigir este país, por eso está ahí ¿crudo, verdad?
No es que le tenga una especial inquina al señor Zapatero, no es el político que mejor me cae, tampoco el que peor, pero repito, sobre el papel es nuestro líder. Obviamente pongo en evidencia a este señor porque es el máximo responsable del Gobierno de España y con ello puedo poner en evidencia a todos los que lo auparon al poder, y por extensión a la clase política. Porque hay personajes políticos mucho peores viviendo del erario público en administraciones autonómicas, en ayuntamientos y diputaciones; igual son de un partido que de otro, progresistas y conservadores.
Pero volvamos a la administración. ¡Ciudadanos, abran los ojos! Esos políticos llenos de ideología que hemos elegido como representantes, toman las decisiones últimas del ejecutivo… en realidad toman todas las decisiones. Así es, la administración se monta a su antojo, rodeados por asesores contratados que son amigos y del partido, contratando a personal externo que realizan las mismas funciones que los funcionarios de carrera, colocando a dedo en los puestos de responsabilidad reservados para funcionarios (técnicos) no a los más preparados sino a los dispuestos a la obediencia y quitando al resto de los técnicos competencias. Lo que está pasando es que se está destruyendo la propia eficacia de la administración desde dentro, quitando las competencias a los técnicos para dejarlas en manos de empresas públicas, la capacidad de decisión libre e independiente del funcionario se pierde y queda supeditada y dirigida por el partido en el poder. Para tener éxito se hunde en la miseria administrativa a todos los técnicos, que se convierten en administrativos con firma y se relega la supuesta toma de decisiones a los puestos de libres designación que son sólo correas de transmisión del criterio político, ya que o obedecen o son sustituidos. Para el caso de las empresas públicas es peor, o obedeces o te despiden. En algún informe vi que se terminaba con un: “ Vd. en su mejor criterio decidirá”. El “criterio político” es superior intelectualmente hablando, porque integra todos los anhelos sociales en la búsqueda del bien común de la Comunidad. ¿Es éste con el que se toman las decisiones? Los cargos públicos han dado ya demasiadas muestras de tomar decisiones en las antípodas del altruismo, y contrarias al bien común. Sólo hace falta ver como las arcas públicas han quedado. El ciudadano no puede ser engañado tan fácilmente, me digo a mi mismo, pero, lo reconozco, lo dudo. No hace tanto, en Europa triunfaron las idelogías totalitarias, de seguir así las cosas volverán, porque no habrá quien distinga el poder absoluto a que tienden ahora los partidos políticos democráticos con el de los que nos dejarían otra vez sin las libertades básicas.
El poder de los partidos debería quedar reducido al cometido que le da La Constitución, proponer sus representantes para los parlamentos, ayuntamientos y Diputaciones, legislar y finalmente proponer los gobiernos. No que actualmente el partido es una maquinaría que pone a las administraciones a su servicio ya sea para administrar favores, colocar amigos, financiarse etc. La necesidad de expandir la administración ocultando el gasto público ha llevado a la proliferación de las administraciones paralelas en forma de empresas públicas, mucho más opacas en cuanto a su gestión económica. Estas empresas públicas viven del erario público administrando el montante gordo del negocio económico que no es el “gasto público” sino la inversión pública. Los millones pasan por ellas, muchas veces como organismo intermedio para adjudicar finalmente las obras a empresas privadas. Así es, una administración paralela con ánimo de lucro, que con su labor de intermediario, como todo intermediario, encarece el valor final; pero al final, en las cuentas todo queda muy bonito, pues ese dinero no se contabiliza como gasto, suena muy bien decir que es “inversión”.
Sorpréndase, quizá cuando usted va a las oficinas de la administración no le atienda un funcionario de carrera que dedico quizá varios años para aprobar la oposición y así trabajar al servicio público. Sí, quizá el que le atiende no supone ni siquiera un gasto público sobre el papel, pues en ningún sitio constará el gasto de ocupar despacho con mesa, ordenador y demás material, pero de hecho consume el mismo gasto que un funcionario, por lo que en las cuentas “su gasto” nos la adjudicaran a los funcionarios. Y esa persona que le ha atendido, es lo que se dice un “externo” un contratado para una obra o servicio, puede ser como autónomo o empleado de una empresa pública. Piense que esto ocurre, entro otros motivos, para adecuarse al sacrosanto sistema económico que nos marcan, pues las ideologías e interés público parecen esfumarse ante la macroeconomía. ¿Qué tiene esto que ver? Fíjese, que la UE nos aprieta para reducir el gasto público y ese externo, le diré de forma simple, que es una “inversión” mientras un funcionario es un “gasto” ¿ve la diferencia?
Quizá deba saber que esta “persona- no gasto” probablemente cobra más que todos los otros funcionarios de carrera que tiene a su alrededor. Este sorprende ser, elegido por los cargos políticos puede disponer de medios de los que carecen los funcionarios y ¿Quién sabe? Pregúntese usted la próxima vez si la decisión de que le impusieran una multa, o le denegaran una subvención o un permiso administrativo si no estuvo en manos de uno de estos seres que tienen la habilidad de no constar que trabajan en las oficinas de las administraciones públicas pues son empresas propias que cobran por servicio o proyecto todo el gasto generado por el trabajo personal tanto como por ese despacho, mesa, ordenador , impresora, plotter, teléfono, limpiadora, administrativo, y según los casos vehículo. Sí lo cobran, pero curiosamente lo pone la administración ¿qué es esto? Se lo digiero: el gasto que supone al erario público que un señor haga el trabajo de un funcionario es al menos el de un funcionario más dos veces el gasto de oficina, materiales y equipos; dado que, al que realmente gasta ha de añadir el que se le paga como si el lo suministrara en su empresa. Y en muchos casos, añádale el gasto de mantener a un funcionario casi inactivo pues se le ha apartado del trabajo que le correspondía.
¿Se imagina una administración en la que todos los servicios prestados sean por empresas? Esta es la finalidad del sistema económico, la privatización de los servicios públicos.
Quizá usted que lee estas líneas sea un convencido liberal y crea que todo iría mejor si fueran unas empresas privadas las que nos proporcionaran todos los servicios públicos. Yo no estoy de acuerdo, pero ambos estaremos de acuerdo en que el sistema actual es ineficaz y derrochador porque se ha politizado al quitar toda responsabilidad de la mano de los independientes funcionarios. Los gobiernos juegan con trampa, pues con las empresas públicas tienen lo mejor de la empresa privada de acuerdo a sus intereses: mayor libertad y opacidad para manejar dinero sin el control detallista de la intervención pública, completa libertad para contratar y elegir la estructura de la empresa y en definitiva libertad para hacer. Pero juegan con ventaja porque tienen asegurado el negocio, la inversión pública, sin competencia, y se gestionan no bajos criterios empresariales sino políticos. Así una empresa pública puede ser completamente ineficaz y no pasa nada. Nunca una empresa pública puede ser tan eficiente como una privada, pues la estructura y los puestos de responsabilidad no han sido elegidos bajo criterios objetivos de eficacia técnica sino meramente políticos o personales.
Así se llega al extremo que se realizan obras o trabajos por necesidades no públicas sino meramente de oportunidad para recibir una subvención y realizar inversiones para adjudicarla a la empresa pública de turno que con coste muy superiores a los de mercado, hacen algo inútil e ineficaz.
Frente a este sistema reclamo el de una administración gestionada por una preparada función pública que aúne capacidad con criterio objetivo e independiente. Los funcionarios somos los únicos garantes de ello, siempre que los criterios de entrada en la administración sean imparciales y en la provisión de puestos se rijan por criterios igualmente de aptitud y capacidad.
Por desgracia lo primero no ocurre con algunas administraciones en las que existe un vicio de hacer pruebas ad hoc para el ingreso de funcionarios. Volvemos a ver la mano del político también en el caso de los concursos para cubrir plazas. Año a año, como un plan a largo plazo, vemos como se pierde la objetividad y se impregnan los concursos de clientelismo político. Se va así denigrando al funcionario experto que no puede realizar el trabajo que le gusta y para el que está sobradamente preparado, pero si puede realizar cualquier otro para el que no tiene una formación. El criterio para que un ingeniero llegue a ser jefe de departamento puede ser el tener cursos chorras de nivel de auxiliar administrativo y muchos años de antigüedad, eso es todo. Más aún, no recibirá formación técnica de calidad y si es una autoridad en su sector, y ha escrito números artículos en revistas especializadas, ha realizado cursos o masteres en universidades, en el extranjero, etc. Esto no le valdrá para nada, no le proporcionará ni un punto. Los cursos de la universidad relacionados con el puesto de trabajo no puntúan, pero si uno de esos cursos de los sindicatos de uso de lenguaje no sexista, “cocina para funcionarios”, adaptarse a la jubilación o de inteligencia emocional. En esta necedad entran los sindicatos, cumpliendo su papel de representarnos para provecho propio y aniquilación de lo poco eficiente de esta administración. Por ello, señores, den gracias a los funcionarios que día a día y de manera callada hacemos lo posible para que todavía esto no se halla ido al carajo.
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