LA IRRESPONSABILIDAD POLÍTICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LA IRRESPONSABILIDAD POLÍTICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Una sociedad que tolera que el poder político denigre a sus funcionarios está condenada.

España es un país en el que su clase política ha caído en un grave desprestigio que pone en peligro la estabilidad democrática de las instituciones del Estado. La sociedad conoce y admite el partidismo, la colocación de amigos y familiares, el clientelismo político, del orillamiento sistemático de las leyes. Para muchos es intrínseco a nuestro carácter y estamos dispuestos a perdonar estos pecados pensando que en todo rebaño siempre hay ovejas negras, como un mal menor. No cabe duda que el conformismo de muchos ciudadanos esconde una incapacidad, un sentimiento de impotencia hacía la problemática. Sin embargo debemos abrir los ojos y darnos cuenta que, aunque no podemos cambiar al ser humano sí podemos crear los mecanismos que nos garanticen un nivel aceptable de parcialidad en nuestros cargos públicos, de hacerlos más responsables de sus actos porque se sientan más obligados a hacer las cosas con eficacia y honestidad.
La política comienza siendo un ejercicio dialéctico; pero, no nos engañemos, el bienestar en una sociedad democrática no depende exclusivamente de la disposición de un buen argumentarlo legal. Las leyes por si solas no valen nada si no existe una administración que se atenga a ellas. Así es, las administraciones públicas es el mecanismo del que se vale el Estado democrático para hacer eficaces las leyes. Por tanto, un estado que se aprecie “de derecho” cuidará mucho de tener una bien engrasada maquinaría administrativa.
¿Qué es lo que debemos esperar de una buena Administración?
Para que las administraciones públicas cumplan fielmente con su cometido de servicio público con arreglo a las leyes es necesario:

Las personas con responsabilidad de esta administración deben de tener sobrada competencia.

Debe de asegurarse que la toma de decisiones se realiza bajo criterio técnico cualificado y no bajo otros criterios subjetivos.

Debe de asegurarse que en la toma de decisiones se valoran por encima de otros intereses los intereses generales.

Todo esto es muy evidente, sin embargo, ¿la Administración funciona bajo estos principios?

En las próximas líneas se expondrán, abundantes argumentos, muchos de los cuales son datos objetivos que están al alcance de cualquiera para demostrar que en absoluto las administraciones públicas funcionan bajo los criterios señalados, más aún, en los últimos años, mientras se disparaba el gasto público el deterioro de la calidad de las administraciones ha caído escandalosamente.

No podemos señalar como únicos responsables de este desaguisado a nuestros políticos, los responsables somos todos y muy particularmente los propios funcionarios y sus representantes sindicales, más interesados en su confort personal que en el bien común.


No puede ser que un responsable político, un cargo público, de una determinada administración pueda tomar las decisiones de forma irresponsable, y este hecho no sólo no cause escándalo social sino que le sirva para eludir la responsabilidad de posibles prevaricaciones. La hemeroteca esta llena de casos en los que se ha culpado a un funcionario de prevaricación por informar contra la legalidad, y absuelto a sus superiores políticos que dieron el visto bueno a su informe. ¿Desde cuando el político puede escudarse en el desconocimiento de la legalidad? ¿Acaso no es cierto que nadie puede ampararse en ese desconocimiento? Acaso creemos que no saben los que firman. Los que conocemos la Administración sabemos que una de las prerrogativas del alto cargo es precisamente la de no firmar, cuando esto ocurre, por desgracia, es porque existe un interés político, por otra parte perfectamente razonable si no fuera porque a veces va contra la legalidad, entonces quizá solicite que se redacte un nuevo informe por funcionario competente, lo cual se suele salvar con aquellos puesto a dedo llamados puestos de libre designación. El clientelismos político llega así hasta los técnicos de la administración, hasta los funcionarios de carrera que redactan los informes en los que se escuda legalmente el cargo político para ser un irresponsable civil. Se comportan así alcaldes, consejeros, delegados, directores generales… como reyezuelos, pues como todos sabemos el rey que firma las leyes es un completo irresponsable legal de lo que firma, así parece que quedan nuestros altos cargos, como auténticos irresponsables de lo que firman.

No llego a entender desde la más mínima racionalidad y espíritu democrático cual es el papel de una monarquía en esta España nuestra, pero tampoco llego a entender cual es el papel de estos altos cargos ineptos salvo para la política, y con pretensión de ser irresponsables legales.

Si observamos un momento, repasando la hemeroteca, los actos de irresponsabilidad de nuestros políticos gobernantes nos quedamos con la consabida cara de gilipollas ante la mierda de élite social que dirige nuestros destinos. Veamos unos ejemplos:
En el primer trimestre de 2008 los países de la eurozona entran en recesión Francia (-0,3%) y Alemania (-0,5%). Durante este año, en España, un gran número de empresas presentaron expedientes de regulación de empleo y numerosas empresas constructoras presentaron suspensión de pagos. la Caja Castilla-La Mancha, tuvo que ser intervenida por el Banco de España en marzo de 2009 para evitar su desaparición.

Mientras tanto, si repasamos la hemeroteca de la web del PSOE , vemos como Zapatero afirma el 4 /02/2008 que: "No hay riesgo de crisis económica"
Y expone el siguiente planeamiento en relación con los 400 €: “La medida es una propuesta de reducción del IRPF por razones de conveniencia para la economía del país, que además produce un incremento de la capacidad adquisitiva de los asalariados y de los pensionistas. La economía necesita un estímulo, las familias necesitan más capacidad adquisitiva para afrontar la subida de las hipotecas y del IPC. Es, además, una medida bastante sencilla e inteligible porque es una deducción de la cuota de una cantidad, que es 400 euros. “
Ese mismo año, en enero, Zapatero inauguró el año del Foro Nueva Economía y sentenció que oficialmente, el programa del PSOE va a reconocer un aumento de 1,6 millones de puestos de trabajo en cuatro años, pero él estimó que serian dos millones porque aseguró que los organismos internacionales dan un crecimiento de España a la baja.
Un año antes en una entrevista concedida al diario El País, se reafirmaba en negar la crisis al señalar que "estamos seguros de que vamos a superar a Alemania y a Italia en renta per cápita de aquí a dos, tres años. “Les vamos a coger" en 2010, sentenció. El 15 de enero de 2010 en las páginas del mismo diario no dudó en decir que España iba a seguir construyendo viviendas porque "es uno de los síntomas de la bonanza económica". Además señaló, que "el sector de la construcción seguirá creciendo".

Es este señor el líder de la Administración española, la cabeza del Gobierno. Por tanto ¿no debería ser el más preparado? ¿El mejor?

No cabe duda, el puesto no le tocó en una tómbola. En un sistema como el nuestro, llegar a presidente requiere del apoyo de miles de personas, no durante unas semanas o meses, sino años. Efectivamente, este señor es el mejor, el más preparado para dirigir este país, por eso está ahí ¿crudo, verdad?
No es que le tenga una especial inquina al señor Zapatero, no es el político que mejor me cae, tampoco el que peor, pero repito, sobre el papel es nuestro líder. Obviamente pongo en evidencia a este señor porque es el máximo responsable del Gobierno de España y con ello puedo poner en evidencia a todos los que lo auparon al poder, y por extensión a la clase política. Porque hay personajes políticos mucho peores viviendo del erario público en administraciones autonómicas, en ayuntamientos y diputaciones; igual son de un partido que de otro, progresistas y conservadores.

Pero volvamos a la administración. ¡Ciudadanos, abran los ojos! Esos políticos llenos de ideología que hemos elegido como representantes, toman las decisiones últimas del ejecutivo… en realidad toman todas las decisiones. Así es, la administración se monta a su antojo, rodeados por asesores contratados que son amigos y del partido, contratando a personal externo que realizan las mismas funciones que los funcionarios de carrera, colocando a dedo en los puestos de responsabilidad reservados para funcionarios (técnicos) no a los más preparados sino a los dispuestos a la obediencia y quitando al resto de los técnicos competencias. Lo que está pasando es que se está destruyendo la propia eficacia de la administración desde dentro, quitando las competencias a los técnicos para dejarlas en manos de empresas públicas, la capacidad de decisión libre e independiente del funcionario se pierde y queda supeditada y dirigida por el partido en el poder. Para tener éxito se hunde en la miseria administrativa a todos los técnicos, que se convierten en administrativos con firma y se relega la supuesta toma de decisiones a los puestos de libres designación que son sólo correas de transmisión del criterio político, ya que o obedecen o son sustituidos. Para el caso de las empresas públicas es peor, o obedeces o te despiden. En algún informe vi que se terminaba con un: “ Vd. en su mejor criterio decidirá”. El “criterio político” es superior intelectualmente hablando, porque integra todos los anhelos sociales en la búsqueda del bien común de la Comunidad. ¿Es éste con el que se toman las decisiones? Los cargos públicos han dado ya demasiadas muestras de tomar decisiones en las antípodas del altruismo, y contrarias al bien común. Sólo hace falta ver como las arcas públicas han quedado. El ciudadano no puede ser engañado tan fácilmente, me digo a mi mismo, pero, lo reconozco, lo dudo. No hace tanto, en Europa triunfaron las idelogías totalitarias, de seguir así las cosas volverán, porque no habrá quien distinga el poder absoluto a que tienden ahora los partidos políticos democráticos con el de los que nos dejarían otra vez sin las libertades básicas.

El poder de los partidos debería quedar reducido al cometido que le da La Constitución, proponer sus representantes para los parlamentos, ayuntamientos y Diputaciones, legislar y finalmente proponer los gobiernos. No que actualmente el partido es una maquinaría que pone a las administraciones a su servicio ya sea para administrar favores, colocar amigos, financiarse etc. La necesidad de expandir la administración ocultando el gasto público ha llevado a la proliferación de las administraciones paralelas en forma de empresas públicas, mucho más opacas en cuanto a su gestión económica. Estas empresas públicas viven del erario público administrando el montante gordo del negocio económico que no es el “gasto público” sino la inversión pública. Los millones pasan por ellas, muchas veces como organismo intermedio para adjudicar finalmente las obras a empresas privadas. Así es, una administración paralela con ánimo de lucro, que con su labor de intermediario, como todo intermediario, encarece el valor final; pero al final, en las cuentas todo queda muy bonito, pues ese dinero no se contabiliza como gasto, suena muy bien decir que es “inversión”.
Sorpréndase, quizá cuando usted va a las oficinas de la administración no le atienda un funcionario de carrera que dedico quizá varios años para aprobar la oposición y así trabajar al servicio público. Sí, quizá el que le atiende no supone ni siquiera un gasto público sobre el papel, pues en ningún sitio constará el gasto de ocupar despacho con mesa, ordenador y demás material, pero de hecho consume el mismo gasto que un funcionario, por lo que en las cuentas “su gasto” nos la adjudicaran a los funcionarios. Y esa persona que le ha atendido, es lo que se dice un “externo” un contratado para una obra o servicio, puede ser como autónomo o empleado de una empresa pública. Piense que esto ocurre, entro otros motivos, para adecuarse al sacrosanto sistema económico que nos marcan, pues las ideologías e interés público parecen esfumarse ante la macroeconomía. ¿Qué tiene esto que ver? Fíjese, que la UE nos aprieta para reducir el gasto público y ese externo, le diré de forma simple, que es una “inversión” mientras un funcionario es un “gasto” ¿ve la diferencia?
Quizá deba saber que esta “persona- no gasto” probablemente cobra más que todos los otros funcionarios de carrera que tiene a su alrededor. Este sorprende ser, elegido por los cargos políticos puede disponer de medios de los que carecen los funcionarios y ¿Quién sabe? Pregúntese usted la próxima vez si la decisión de que le impusieran una multa, o le denegaran una subvención o un permiso administrativo si no estuvo en manos de uno de estos seres que tienen la habilidad de no constar que trabajan en las oficinas de las administraciones públicas pues son empresas propias que cobran por servicio o proyecto todo el gasto generado por el trabajo personal tanto como por ese despacho, mesa, ordenador , impresora, plotter, teléfono, limpiadora, administrativo, y según los casos vehículo. Sí lo cobran, pero curiosamente lo pone la administración ¿qué es esto? Se lo digiero: el gasto que supone al erario público que un señor haga el trabajo de un funcionario es al menos el de un funcionario más dos veces el gasto de oficina, materiales y equipos; dado que, al que realmente gasta ha de añadir el que se le paga como si el lo suministrara en su empresa. Y en muchos casos, añádale el gasto de mantener a un funcionario casi inactivo pues se le ha apartado del trabajo que le correspondía.

¿Se imagina una administración en la que todos los servicios prestados sean por empresas? Esta es la finalidad del sistema económico, la privatización de los servicios públicos.

Quizá usted que lee estas líneas sea un convencido liberal y crea que todo iría mejor si fueran unas empresas privadas las que nos proporcionaran todos los servicios públicos. Yo no estoy de acuerdo, pero ambos estaremos de acuerdo en que el sistema actual es ineficaz y derrochador porque se ha politizado al quitar toda responsabilidad de la mano de los independientes funcionarios. Los gobiernos juegan con trampa, pues con las empresas públicas tienen lo mejor de la empresa privada de acuerdo a sus intereses: mayor libertad y opacidad para manejar dinero sin el control detallista de la intervención pública, completa libertad para contratar y elegir la estructura de la empresa y en definitiva libertad para hacer. Pero juegan con ventaja porque tienen asegurado el negocio, la inversión pública, sin competencia, y se gestionan no bajos criterios empresariales sino políticos. Así una empresa pública puede ser completamente ineficaz y no pasa nada. Nunca una empresa pública puede ser tan eficiente como una privada, pues la estructura y los puestos de responsabilidad no han sido elegidos bajo criterios objetivos de eficacia técnica sino meramente políticos o personales.
Así se llega al extremo que se realizan obras o trabajos por necesidades no públicas sino meramente de oportunidad para recibir una subvención y realizar inversiones para adjudicarla a la empresa pública de turno que con coste muy superiores a los de mercado, hacen algo inútil e ineficaz.

Frente a este sistema reclamo el de una administración gestionada por una preparada función pública que aúne capacidad con criterio objetivo e independiente. Los funcionarios somos los únicos garantes de ello, siempre que los criterios de entrada en la administración sean imparciales y en la provisión de puestos se rijan por criterios igualmente de aptitud y capacidad.
Por desgracia lo primero no ocurre con algunas administraciones en las que existe un vicio de hacer pruebas ad hoc para el ingreso de funcionarios. Volvemos a ver la mano del político también en el caso de los concursos para cubrir plazas. Año a año, como un plan a largo plazo, vemos como se pierde la objetividad y se impregnan los concursos de clientelismo político. Se va así denigrando al funcionario experto que no puede realizar el trabajo que le gusta y para el que está sobradamente preparado, pero si puede realizar cualquier otro para el que no tiene una formación. El criterio para que un ingeniero llegue a ser jefe de departamento puede ser el tener cursos chorras de nivel de auxiliar administrativo y muchos años de antigüedad, eso es todo. Más aún, no recibirá formación técnica de calidad y si es una autoridad en su sector, y ha escrito números artículos en revistas especializadas, ha realizado cursos o masteres en universidades, en el extranjero, etc. Esto no le valdrá para nada, no le proporcionará ni un punto. Los cursos de la universidad relacionados con el puesto de trabajo no puntúan, pero si uno de esos cursos de los sindicatos de uso de lenguaje no sexista, “cocina para funcionarios”, adaptarse a la jubilación o de inteligencia emocional. En esta necedad entran los sindicatos, cumpliendo su papel de representarnos para provecho propio y aniquilación de lo poco eficiente de esta administración. Por ello, señores, den gracias a los funcionarios que día a día y de manera callada hacemos lo posible para que todavía esto no se halla ido al carajo.