Después del decreto ley que bajó el sueldo a los funcionarios aparece Griñan con otro decreto ley para aprovechar las aguas de este río revuelto de crisis económica y euforia nacional futbolera. Se han desatado las ansias del poder, se ha roto definitivamente el estado social en Andalucía.
Este decreto ley, quiere colarse por la puerta trasera por su carácter de urgencia, pretende “solucionar los problemas económicos” (y otros) de la Junta de Andalucía por los mismos y únicos responsables de su lamentable estado.
Esta administración ha engordado el gasto creando una administración paralela de empresas públicas que trabajan con personal contratado a dedo que realiza un trabajo superpuesto al de los funcionarios públicos.
Esta administración ha retrocedido a épocas pasadas al volver a centralizar a la administración y reducir la toma de decisiones a la cabeza del partido.
El señor Grinán, ha dado un paso más en menoscabo de la separación de poderes al confundir su Partido con el Gobierno y a la Administración de la Junta con el Gobierno. En definitiva, la aberración de dejar que sean los intereses personales que medran desde hace lustros en el PSOE los que dirijan a la Administración de la Junta.
Vuelve a hacerse realidad la desdichada política del enchufe para miles de funcionarios y opositores que con su esfuerzo buscan un puesto de trabajo y observan que hay muchos miles de colocados a dedo según ha denunciado la Cámara de Cuentas, que podrían pasar a ser personal laboral de la Junta, eludiendo pruebas y exámenes y favoreciendo de ese modo los intereses políticos de quienes los colocaron y a los que no se le aplica la reducción del 5% de la masa salarial.
El Decreto-Ley se fundamenta en tres ideas. La primera la redefinición de las tipologías de Agencias Públicas en atención a los modos de gestión de las mismas. En segundo lugar se incrementa la "gobernanza" de la Junta sobre determinadas decisiones estratégicas de las entidades instrumentales, esencialmente la adquisición de participaciones minoritarias en otras entidades públicas o privadas, la participación en asociaciones empresariales de diversa índole, sean o no personificadas y la política inmobiliaria. En tercer lugar se crean, modifican o extinguen las correspondientes Agencias Públicas a partir de las preexistentes entidades instrumentales, públicas o privadas.
El Decreto-Ley crea 8 Agencias Empresariales que son:
1.- Agencia de Servicios Sociales y dependencia en Andalucía. Esta agencia integrará la Fundación Andaluza de Servicios Sociales y la Fundación Andaluza para la Atención a las Drogodependencias e Incorporación Social.
2.- La Agencia Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, que subroga a la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria y a la que se le adscriben la sociedad Talentia y el Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología de Andalucía.
3.- Agencia Pública de Obra Pública de la Junta de Andalucía, que integrará Gestión de infraestructuras de Andalucía S.A. (GEIASA) y Ferrocarriles Andaluces.
4.- Agencia de Régimen Especial del Servicio Andaluz de Empleo. Subroga a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo y al propio Servicio Andaluz de Empleo.
5.- Agencia Pública Empresarial Sanitaria Pública de Andalucía. Se adscriben a ella las Empresas Públicas Hospital Costa del Sol, Hospital de Poniente de Almería, Hospital Alto Guadalquivir, Empresa Pública Sanitaria del Bajo Guadalquivir. Esta Agencia gestionará los CHARE (Centros Hospitalarios de Alta Resolución).
6- Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía que subroga a la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero S.A. (DAPSA) y se extingue el IARA (Instituto Andaluz de Reforma Agraria) y las Cámaras Agrarias.
7.- Agencia Andaluza de las Instituciones Culturales que subroga el Instituto Andaluz de las Artes y las Letras, el Patronato de la Alhambra y Generalife y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Finalmente la Junta parece que ha optado por no integrar finalmente en esta Agencia al Patronato de la Alhambra y el Generalife.
8.- Agencia de Medio Ambiente y del Agua que subroga a la Empresa Pública de Gestión Medioambiental S.A. (EGMASA) y parte de la actual Agencia del Agua.
En cuanto al régimen de integración del personal, el borrador del Decreto Ley indica que se aplicarán las siguientes reglas:
a) El personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía permanecerá en la situación de servicio activo en su Cuerpo o Especialidad.
b) El personal laboral procedente de las entidades suprimidas se integrará en la nueva entidad resultante de acuerdo con las normas reguladoras de sucesión de empresas. Aquí es donde los sindicatos de funcionarios temen la "regularización masiva" de personal que no ha pasado pruebas de acceso a la Administración Púbica.
c) Los convenios colectivos aplicables a las entidades extinguidas o transformadas seguirán rigiendo los derechos y obligaciones del personal laboral procedente de dichas entidades, en tanto se apruebe un nuevo convenio aplicable al mismo.
En base a todo esto queda en el aire la posible integración de este personal como personal laboral de la Junta de Andalucía. Conviene recordar que estos trabajadores han sido contratados directamente a través de estos entes públicos sin superar ningún tipo de oposición ni concurso. El personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía consideraría un verdadero “casus belli” la entrada por la puerta de atrás, aprovechando un Decreto-Ley, la integración de este personal en su convenio colectivo.
Por otro lado, conviene recordar que el endeudamiento de las empresas públicas en manos de la Junta de Andalucía aumentó un 103,7% en el primer trimestre de 2010 en relación con el mismo período de 2009, hasta los 379 millones de euros, según datos del Banco de España difundidos el pasado mes de junio.
Si con esta actuación la gallina, temiendo un inminente vuelco electoral en las próximas elecciones, pretende dejar bien colocados a sus polluelos (a la vez que deja una envenenada herencia para el siguiente) está haciendo un flaco favor a Andalucía, pues el próximo que llegue, si no puede dar marcha atrás aplicará la misma política. Y para ningunear a estas agencias se crearan otras nuevas aumentando aun más la administración para colocar a su gente y poder controlar políticamente la toma de decisiones de la administración.
¿Qué somos? ¿Un país de locos o de estúpidos?
El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente.
No se me quita de la cabeza esa cita…
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