UGT Y LA VENTA DE ANDALUCÍA

No puedo sentirme más indignado con la actuación del sindicato UGT en relación con el Decreto de Reordenación de la administración andaluza. Espero que la gente obrera y de izquierdas se den cuenta del mal que hace este sindicato a todos y todas los andaluces.

Para empezar presume de conseguir que se hagan fijos y equiparables a los funcionarios a 35.000 empleados de empresas, que en un 80% están a afiliados a UGT. Podemos imaginar como los contrataron. Un dato, la cámara de cuentas de Andalucía descubrió que en EGMASA, una de estas empresas públicas de medio ambiente, el 80% de los contratados no se le había exigido la demostración de la titulación por las que se les contrataba. Estos nuevos funcionarios laborales gracias al Decreto serán los que hagan casi todo el trabajo de la administración, dejando a los verdaderos funcionarios de lado, de hecho ya se pide a los funcionarios la renuncia voluntaria para pasar a ser subalternos de estos enchufados. Desde el punto de vista del empleo público es aberrante a más no poder, es lógico que miles de jóvenes opositores se estén movilizando junto a los empleados públicos. No se puede tolerar que tengan que echar por la borda años de mucho esfuerzo para que ahora no valga para nada. Se ha de recordar que el funcionario de carrera tiene su empleo indefino por dos motivos: porque ha superado unas pruebas en igualdad de condiciones según merito y capacidad, porque ha de ser independiente del poder político, de lo contrario los funcionarios cambiarían con los gobiernos. Por eso es una aberración lo que pretende UGT.

Pero lo más me indigna de estos señores es que nos insulten llamándonos fascistas y que digan que buscan una mejor administración, más transparente y eficaz.

Justamente son ellos, UGT, CCOO y el Gobierno de Andalucía los que se comportan de manera muy poco democrática y contraria a los intereses del pueblo andaluz y la democracia. Y si me apuran, bajo principios rotundamente contrarios al socialismo.

Por otro lado la firma del acuerdo es un esperpento, dado que no vale para nada ya que demasiado es que el Gobierno cambie la Administración por Decreto para que además algunos sindicatos pretendan también dictar decretos. El acuerdo, en la practica no vale para nada, es papel mojado. Y esto lo ha reconocido la misma Junta.

Dejando de lado que estos sindicatos han colaborado en destruir la administración independiente y dejan con el Decreto las puertas abiertas a todo tipo de corruptelas, clientelismos y chanchulllos tercermundistas. El ciudadano debe saber qué se mueve en todo esto en estos tiempos de crisis. UGT con CCOO son cómplices del mayor robo al pueblo andaluz desde el inicio del actual período democrático. En lugar de reducir el coste de la administración pública, funcionariza a las empresas públicas incrementando en 35.000 el número de empleados fijos. Pero hay mucho más. Las empresas públicas consumen el 60% del gasto de todo el aparato administrativo y tienen un agujero económico considerable y desconocido para el pueblo andaluz y puede que incluso para la misma consejera de Hacienda, dado que no hace mucho reconoció desconocer cuantas eran. De hecho el dato de 35,000 empleados ha sido sorprendente y novedoso, pues se estimaban que eran 10.000 menos. Sin duda UGT conoce mejor que la Consejera el entramado de Empresas, fundaciones y demás entes público-privados. Un ejemplo que pone a las claras el mayor riesgo de esta nueva administración paralela: la falta de transparencia. Se comenta que este agujero contable puede ser tan grande que este poniendo en serios aprietos al Gobierno que presume de una deuda mucho menor y ello ha motivado que desesperadamente se realice la venta de numerosos edificios de la Junta de Andalucía para tener liquidez y salir al paso pero dejando a todos los andaluces sin parte de nuestro patrimonio.
En realidad lo que se pretende hacer es una chapuza más marcada por este desprecio a lo público de este Gobierno a la que no nos terminamos de acostumbrar. La venta de estos inmuebles se hace a dos de estas empresas públicas, luego el uso del inmueble (básicamente son sedes de consejerías) continuaría, pero pagándose un alquiler. Para que los entes instrumentales puedan adquirir estos edificios necesitan de obtener los créditos suficientes de entidades bancarias.
En resumidas cuentas, como ha aparecido en la prensa, lo que busca la Junta es burlar la ley y en particular la obligación de no endeudarse más, dejando en apariencia que obtiene liquidez mientras que las que se endeudan aún más son las empresas públicas de su administración paralela. Las mismas, que si nada lo remedia por el arte del Señor Griñán, pasarán a controlar toda la Administración de la Junta de Andalucía a partir del 1 de enero del 2011, cuando entre en vigor el Decretazo.