El Estado español se ha ido dotando de una exuberante legislación (estatal y autonómica) que considero aceptable. Sin embargo, yo diría que en este país hay una desafectación crónica de las administraciones hacía la aplicación con rigor de la leyes. Esto es nefasto y nos pone a la altura de una república bananera ante los ojos del visitante extranjero.
No se entiende que las mismas leyes redactadas y aprobadas por determinado partido sea luego considerada por el Alcalde o Delegado de turno demasiado rigurosa o dura. Es algo intolerable que un servidor público, no aplique correctamente la ley e incluso la llegue a criticar en público. Especialmente sangrante si este servidor público cumple funciones de alto funcionario como un Director General o Delegado que no ha sido elegido como representante del pueblo sino que ha sido colocado para gestionar un determinado sector de la Administración. Como se le exige a los funcionarios de carrera debe de exigírseles a ellos responsabilidad absoluta de actuar con arreglo a la legislación vigente, les guste o no, perjudique a determinados intereses o no; de forma justa e imparcial.
Por ello es intolerable la consideración de estos cargos como de responsabilidad política, una gran coartada para salvarse de la prevaricación.
Una de las primeras medidas a tomar sería la total corresponsabilidad de los cargos públicos en las cuestiones legales. Resulta esperpéntico que un juez absuelva de prevaricación a un cargo público basándose en un informe conforme de un funcionario. ¿Acaso el cargo, como superior jerárquico, no debe ser responsable legal de lo que firma? ¿Acaso el desconocimiento de la ley exime de su cumplimiento?
Se dan en estas circunstancias las siguientes paradojas:
La primera es que, frecuentemente, el cargo no tiene la preparación ni experiencia que se le exige a cualquiera de sus funcionarios, ni siquiera al último auxiliar administrativo, sin embargo como superior jerárquico puede firmar resoluciones en contra del criterio del funcionario.
La otra paradoja es que, esos mismos funcionarios que firman esos informes puede que se hayan puesto a dedo como puesto de libre designación. Y de igual modo como se pusieron pueden en cualquier momento ser destituidos por su jefe político.
Sí, la función pública se creo para garantizar la independencia de los funcionarios a la hora de aplicar la ley; pero, no parece que manejándolos a dedo sea el procedimiento que salvaguarde esta independencia.
En la política puedes encontrar a gente inteligente y menos inteligentes; cultos e incultos; honestos y deshonestos; pero lo que nunca encontrarás a personajes modestos ni humildes. Todos se creen los más preparados, aunque no hayan sido capaces de aprobar ni el bachillerato; lo conocen todo, aunque en su curriculum no haya nada conseguido por merito propio y todo le haya sido otorgado a dedo por los amigotes del partido.
La situación es perversa, ya que difícilmente en los partidos se permitirá que tomen el poder personas que antepongan a los intereses del partido los públicos, y por otra parte, es muy difícil que el sistema permita que un nuevo partido ajeno al poder se establezca.
Por desgracia lo que llamamos clase política es una oligarquía que se aprovecha de la democracia para medrar en el poder y lo puede hacer impunemente porque tienen el poder absoluto o así lo creemos, pues la realidad es otra peor. En apariencia tienen el poder dado que el sistema electoral está pensado no para que el pueblo sea soberano sino para que los dos partidos con capacidad de gobernar acaparen todo el poder de las administraciones, asimismo estos dos partidos pueden libremente colocar en los puestos de poder a quien quiera, lo cual, unido a la nula democracia interna imperante en los partidos, significa que las decisiones, todas las decisiones, son tomada por un reducido grupo. Si el partido controla al gobierno y el gobierno controla a la administración; luego, el partido controla a la administración. Más aún, a través del poder de la administración tanto la derecha como la izquierda interaccionan con todos los poderes económicos. En apariencia, el poder político te lleva a disponer de poder en el mercado. ¿Es esto así?
Me temo que las democracias occidentales están cayendo en algo aberrante, y nos estemos dejando gobernar por los más poderosos intereses de la tierra: los de las grandes corporaciones financieras y grupos económicos varios. No es ningún secreto que hace mucho tiempo que las decisiones globales no se toman en los parlamentos, sino en los despachos de los grandes magnates económicos mundiales.
Decisiones que han llevado a invadir países como Irak o a generar un enorme gasto sanitario por una pandemia que nunca llegó, estos son algunos ejemplos claros de lo que estoy hablando.
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