STATUS CUCO

STATUS CUCO



El título de esta entrada se entenderá más si les digo que el cuco es un ave parásita que pone sus huevos en los nidos de otras aves, con el fin de ahorrarse el esfuerzo de construir un nido y criar sus propios pollos. La pillería de este pájaro va más allá, y su pollo se encarga de eliminar a los legítimos ocupantes del nido (ya sea en forma de huevo o pollo). La imagen en el estadio final del pirata cuco es grotesca: un enorme pájaro que no cabe en el nido, insaciable, alimentado por dos diminutos padres adoptivos.

Si les hablo de la administración paralela en Andalucía, entenderán la analogía.
Lo siguiente lo ha escrito un funcionario que se dice "de izquierdas":


El cuco ya ha crecido y el Gobierno cuida mucho de ocultarlo. Se da a entender que la reforma viene condicionada por la crisis y se omite decir que lo que se pretende es legalizar el estado actual de las cosas tras algunos reverses en los tribunales: el actual status quo de la Administación paralela.

Dejando claro que los culpables del lamentable estado de la administración pública andaluza son, aunque desigualmente, tanto los partidos políticos como los sindicatos y empleados públicos, resulta especialmente llamativo (por el momento me ahorro calificativos) el papel que han tenido los dos sindicatos autocalificados de clase UGT y CCOO.

Como se recuerda en estos días en diferentes artículos de prensa y foros de la red la historia de esta infamia es tan larga como el gobierno socialista en Andalucía, el Decreto que ha llevado a la rebelión de los empleados públicos no es más que la gota que colmó el vaso. El abuso ahora se convierte en algo pleno, y se le que quiere dotar de legalidad. En esto, el papel de los sindicatos aludidos ha sido a veces de acompañamiento de la estrategia política y me parece que algunas veces los principales impulsores del estado actual. Desentrañemos que es lo que ha pasado.

En su concepto de clase han degenerado el concepto de empleado público hasta el límite del absurdo. Resulta contradictorio que ahora pongan pegas a la iniciativa del Sr. Chavez de aplicar medidas para hacer que los funcionarios cobren según su productividad. Me explicaré. Para empezar, el concepto de empleado público de estos sindicatos no tiene nada que ver con el de la función pública, a lo largo de los años han ido generando un sistema en el que al funcionario se le reconocían los derechos laborales de un obrero, los sindicatos sólo estuvieron preocupados por que tuviéramos menos horas para trabajar, más tiempo para desayunar, más flexibilidad horaria, mas ayudas para estudiar, para pagar al dentista, el piso, o los estudios de los hijos, etc. Del resto nada. ¿Acaso se nos permite a los funcionarios de la Administración General de la Junta optar a trabajar más horas para tener un sueldo más decente? ¿Acaso se nos tiene en cuenta a la hora de planificar el trabajo? ¿Acaso no somos los funcionarios los primeros que sufrimos y nos quejamos de que se permita que un compañero pueda no hacer su trabajo? Yo quisiera que se castigara a los que no hacen su trabajo, pues carga de trabajo a los compañeros y perjudica nuestra imagen. Yo preferiría trabajar todas las tardes y tener un sueldo equiparable al de la empresa privada o al de compañeros de Diputación o Ayuntamientos que duplican o triplican mis ingresos.

Mientras controlaban la contratación del personal en las empresas públicas que acaparaban todas las labores que implicaran gasto público, permitieron que en los mismos despachos de las distintas Consejerías fueran proliferando externos contratados como asesorías técnicas que usurpaban mesa, equipos y el trabajo regulado en la RPT de funcionarios. Ante esto UGT y CCCO mostraron permanentemente una postura de perfil, dado que cualquier queja de un técnico de la Administración era vista como la de alguien que reclama privilegios que “no son de clase”.

De esta forma la Administración se ha ido laboralizando al perder de contenido la Relación de Puestos de Trabajo de los Funcionarios.
Adentrándonos más en ello vemos que mientras que la Administración crecía en competencias, surgían nuevas consejerías, servicios y departamentos, el número de funcionarios se mantenía bajo mínimos. Hasta llegar al absurdo de que ahora existan departamentos sin jefe de departamento o jefes de departamentos sin personal a su cargo. Las figuras del puesto desdotado y del puesto ocupado provisionalmente se ha ido extendiendo. El último caso (llamado artículo 30) se llegó utilizar como premio, dado que permitía traslados o sueldos superiores. A veces la situación era circense, dado que el funcionario que había ganado por concurso de méritos el puesto X sin embargo hacía por artículo 30 el puesto Y, mientras que el Z hacía el X y así sucesivamente. Todo esto con el agravante de que las titulaciones en los últimos años han perdido validez, por lo que es igual ser ingeniero agrónomo o industrial, abogado o licenciado en biología. ¿Se imaginan esto en la sanidad? ¿Podría operarles de cataratas un ginecólogo o un radiólogo?

De hecho, en los concursos de méritos se ha perdido la valoración del mérito técnico o científico completamente. Lo que choca con la definición técnica de los puestos de la RPT y la existencia de cuerpos de funcionarios con titulaciones académicas técnicas o científicas bien definidas, que aprobaron unas oposiciones en las que se le exigió un altísimo nivel de conocimientos en su ramo, que posteriormente no es aprovechada en absoluto, más bien al contrario, pues la posibilidad de formación es nula.
Queda así también desdotada la carrera de los funcionarios del grupo A (titulados universitarios). Para aspirar a los puestos superiores no pueden depender de su conocimiento, ni siquiera experiencia, sino del enchufe. Los puestos superiores son todos PLDs (puestos de libre designación), se ha dado el caso que se han nombrado jefes de servicio recién aprobadas unas oposiciones ¡esto es dar el pelotazo!
Para lo demás están los concursos de méritos. Meritocracia laboral “de clase” como se verá:
No se valoran los conocimientos científicos ni técnicos, trabajos de investigación, artículos publicados en revistas especializadas, cursos de universidades…
Se valora la antigüedad (se premia el haber quedado desfasado y completamente desmotivado)
Se valoran los cursos de los sindicatos que son los mismos para un administrativo que para un Arquitecto: de informática básica, lenguaje no sexista o inteligencia emocional, por ejemplo.

Por último, el concurso en si mismo es completamente arbitrario. Para empezar es todo… menos transparente, pues en unas provincias se valora una cosa y en otras no se hace esa valoración; aún peor, depende del jurado del concurso controlado por puestos de libre designación políticos y sindicatos. Frecuentemente, a un funcionario se le ha valorado un mérito y a otro no. Incluso se ha llegado a impedir el concurso interpretando erróneamente la norma a los nuevos funcionarios. Rellenar las solicitudes para el nuevo funcionario es el mayor de los galimatías, algo increíblemente enrevesado y absurdo. El error del novato es ser justo al valorarse pues al final te castigan quitando pero nunca dándote, aunque sea de justicia. Por otro lado, como suele ocurrir en la Administración, si te consideras tratado injustamente, las posibilidades de que admitan tus alegaciones resultan utópicas. Irte al Contencioso administrativo puede darte la razón, pero no te salvará de ver que otro se quedo con el puesto al que aspirabas quizá de por vida, por lo que suele abundar es la resignación.

Resignación, rabia contenida que ha explotado ahora. El que haya leído hasta ahora entenderá el porqué en las movilizaciones los funcionarios han evitado a los sindicatos. Son muchas heridas abiertas.

Se comprenderá ahora el orgullo del sindicalismo de clase, al imponerse condiciones laborales a los funcionarios que tienen potestades administrativas. En este verdadero asalto a la función pública, los sindicatos de clase pretenden finalmente que se igualen a laborales todos los empleados públicos con capacidades técnicas. El Decreto prevé que los funcionarios pasen a las Agencias Empresariales no como funcionarios, sino como laborales, compartiendo el espacio con los laboralizados de las empresas públicas, algunos (altos cargos) colocados por el partido y que serian los nuevos jefes y otros que entraron de la mano principalmente de UGT.

La rebelión de los funcionarios contra este cúmulo de despropósitos ha puesto a cada uno en su sitio, lo cual es muy clarificador:

El Gobierno, temeroso sin duda por la situación, se muestra en apariencia dialogante y comprensivo. Pero el mensaje clave es el de que los empleados públicos “no han entendido el Decreto”. Este obstinado mensaje es una clara muestra de lo cortos que son nuestros gobernantes, pues en los oídos de funcionarios que manejan a diario leyes es muy ofensivo. Tienen suerte de que muchos piensen que estamos gobernados por ineptos, así el cabreo es menor que si consideras que te insultan. De hecho nunca como hasta ahora se está poniendo de manifiesto el paralelismo entre el concepto político-digital de la Administración y en contra de méritos objetivos y académicos como lo es viendo el Gobierno y su cargos públicos con personajes escasamente cualificados, a veces sin titulación alguna, que ejercen su autoridad y desprecio sobre funcionarios con carrera universitaria y con demostrada capacidad y méritos conseguidos en condiciones de igualdad, libre concurrencia, publicidad y transparencia. Además esto lleva a una verdadera desordenación de la administración pública, en la que todo, desde la disposición de los servicios, oficinas, material, sistemas informáticos etc., es un auténtico desastre que se corrige dentro de lo posible por los propios empleados públicos. En el estado actual de crisis, esto puede llevar a situaciones cercanas al colapso, al no haber dinero para sustituir a equipos defectuosos o para el combustible de los vehículos. En contraste con las empresas públicas que tienen el gasto ilimitado, tanto que el agujero puede arrastrar a toda la Junta, debe e por ello por lo que la Junta plantea vender patrimonio público en busca de liquidez.

La Señora Aguayo parece haber caído de un guindo cuando dice que “estamos dando una mala imagen de la Administración”. Es un defecto común de los políticos “que no se enteran” el creer que son las palabras las que cambian la realidad. Los empleados públicos decimos lo que hay ya en la Junta, durante más de dos décadas. Señora, ¡estamos dentro, qué lo vemos! Por ejemplo, lo del enchufismo viene de lejos. Fueron los gobiernos socialistas los que colocaron a muchos laborales e interinos, no se puede olvidar. Los mismos que les garantizaron estabilidad y los mismos que cambiaron la absoluta transparencia de unas oposiciones por el concurso oposición ad hoc para hacer funcionario a estos interinos antiguos y a los empleados de las empresas públicas con el beneplácito otra vez de UGT y CCOO. Cuando se habla de hacer fijo a los empleados de las empresas públicas como un logro de justicia en estos momentos tan duros para tantas familias por el paro se olvida lo siguiente. Son muchos los que aprobaron los exámenes de las oposiciones sin plaza y han trabajado de interino, para luego ser despedidos. ¿Es justo que estos que sí han ejercido de funcionarios públicos, que sí han superado unas pruebas de oposiciones, se queden en el paro por no disponer del enchufe para entrar en la empresa pública? ¿Es justo que todos aquellos que han trabajado en alguna de las empresas públicas y ahora no tienen esa suerte se queden en paro? Se olvida que la mayoría de los empleados que entraron en las empresas públicas no tuvieron enchufe, tampoco se le exigió nada (ni siquiera la titulación requerida para su puesto según denuncia la cámara de cuentas). Durante años, han pasado generaciones de nuevos titulados por estas empresas, donde se les trataba no mejor que en cualquier empresa privada, con contratos temporales para evitar hacerlos fijos. Conozco muchos extrabajadores muy quemados por esta situación de explotación que abandonaron la empresa que deberían tener también su oportunidad según me parece a mí. Otros fueron despedidos por resistirse a hacer genuflexiones a sus jefes, un motivo no admisible en un empleado público. En definitiva, más que un gesto de justicia como lo plantea UGT parece una retorcida decisión muy injusta.

Mientras que el Gobierno se muestra cauto, la reacción del PSOE y de UGT ha sido muy violenta. Demostrando el verdadero estado de nuestra democracia. Pretenden politizar completamente las protestas, y se esta haciendo intentando dar la vuelta al asunto.

Especialmente insultante es el que se nos califique de fascistas. Resulta de todo punto de vista absurdo que el colectivo que se manifestó el día 13 N de manera festiva y pacifica, sin emblemas políticos, contra una forma de gobierno autoritaria “por Decreto” sea calificado fascista. Si nosotros somos fascistas, entonces ¿qué son ellos?

Finalmente recordar algo que no mencionan los medios de comunicación, en Sevilla no sólo había como se ha dicho empleados públicos. Entre los simpatizantes había un nutrido grupo de opositores. Algunos de ellos trabajan o han trabajado en la Junta “sin enchufe” de interino, por aprobar las oposiciones sin plaza. Imagínense el estado de ánimo de estos esforzados estudiantes después de años de lucha, al ver que no tienen futuro en la Junta, cuando compañeros suyos sin esfuerzo, con peor curriculum, están colocados en una empresa pública y a partir del 1 de enero pasarán a tener las mismas condiciones laborales que los empleados públicos, ya de por vida.


Un funcionario de izquierdas